Tiene que ver con ciclistas, usuarios de transporte público y conductores. Todos están contemplados para lograr una mejor movilidad en áreas urbanas y rurales.
Por Jimena Porres
En Guatemala no existe una política pública que priorice la movilidad. “Hoy es un sistema fragmentado que se enfoca solo en el tránsito privado”, explica el diputado Ronalth Ochaeta, del partido Movimiento Semilla, uno de los ponentes de la iniciativa de Ley de Movilidad. Surgió de la preocupación por el caos vehicular.
César Ramiro García García, integrante de la iniciativa de la sociedad civil Biciudad, explicó que debe entenderse más allá del tráfico de carros. “Desde que decidimos trasladarnos de un punto a otro (a pie, en bus, en bicicleta, en carro) nos estamos moviendo”. La ciudadanía tiene pocos incentivos para emplear otros medios de transporte por la inseguridad, la escasez y el abandono del espacio público.
Con el objetivo de contar con una norma integral que promueva una movilidad urbana y rural eficiente, las organizaciones Biciudad y la Asociación de Prevención y Atención de la Seguridad Integral de Tránsito (Apasit), participaron en mesas técnicas para crear la ley. También instituciones gubernamentales como la Policía Municipal de Tránsito de la ciudad de Guatemala, el ministerio de Comunicaciones, la Secretaría General de Planificación (Segeplan) y Programación de la Presidencia y municipalidades.
Tenemos este video:
Cinco diputados del partido Movimiento Semilla buscan presentar la iniciativa de ley ante el Congreso.
Como parte del proceso visitaron Sacatepéquez, Alta Verapaz, Zacapa, Jutiapa y Jalapa para abordar también la movilidad rural. Sostuvieron diálogos con alcaldes y organizaciones departamentales para entender su perspectiva. Entre otros, “rescatar los medios de transporte ferroviarios para agilizar la economía local”, dijo Ochaeta, uno de los cinco diputados.
Los cuatro ejes que contempla
De las mesas de trabajo se llegó a una conclusión: la Ley de Tránsito es insuficiente ya que solo abarca el tránsito vehicular. Para garantizar un modelo de gestión de movilidad integral propusieron trabajar la ley con cuatro ejes.
1. La movilidad y la seguridad vial como un derecho
Para que exista seguridad vial, el Estado deberá implementar medidas para reducir incidentes de tránsito y proteger la vida de los usuarios de las vías. A través de actualizar las normativas y los estándares de seguridad para vehículos y sistemas de transporte.
“Los accidentes de tránsito son un tema de urgencia de salud pública”, aseguró García.
2. Institucionalidad articulada
Contempla crear una entidad que coordine, supervise y regule el sistema de transporte a nivel nacional con la finalidad de tener un sistema coherente e integrado. Podrá articular planes, programas y proyectos en atención al crecimiento de las ciudades y su conectividad, tanto urbana como rural.
3. Planificación y participación
Se establecerán mecanismos de consulta pública para adaptar los planes según las demandas y expectativas de la sociedad. “Hay que escuchar al ciudadano para entender las diferentes formas en cómo nos movemos”, sugirió Ochaeta. En municipios donde desplazarse en lancha es imprescindible, necesitan regulaciones y supervisión para que sean seguros y accesibles.
4. Financiamiento y transparencia
Las fuentes de financiamiento incluirán fondos públicos, privados y de cooperación internacional. El diputado explicó que los buses y taxis deben tramitar en el departamento de Tránsito, licencias para circular lo cual recauda alrededor de Q300 millones al año. Esto se va al fondo del ministerio de Gobernación para seguridad vial o para construir infraestructura, pero muy pocas veces se ejecuta.
“Como es un departamento técnico normativo y no una unidad ejecutora, no logra planificar estos aspectos”. La ley contempla crear fondos de movilidad y seguridad vial para invertir en estos proyectos ejecutados por una entidad especializada.
Ochaeta considera que a finales de octubre estará listo el segundo borrador. Lo compartirán con dependencias gubernamentales, organizaciones de sociedad civil y sector privado para su análisis y retroalimentación. En abril de 2025, planean presentar formalmente al Congreso la iniciativa.
