Se contabilizan doce cantinas y dos bares en el lugar. Muchos de ellos están ubicados cerca de centros educativos.
Por Elizabeth Ordoñez
En San Mateo, municipio de Quetzaltenango de 20 kilómetros cuadrados y con un aproximado de 10 mil habitantes, funcionan diez cantinas y dos bares. Y esta realidad preocupa a varios vecinos que solicitan mejorar los controles existentes.
Elvira Juárez, de la zona 4, expresa que todos los alcaldes autorizan este tipo de establecimientos “así que la situación, en lugar de mejorar,empeora. No parecen darse cuenta del problema que causa a la población”, asegura.
Las temporadas festivas son las peores, amplía Juárez. “En septiembre, diciembre e incluso a principios de enero es cuando más se consumen bebidas alcohólicas. Y el problema se agrava porque, por estar la mayoría de cantinas y bares cerca de establecimientos educativos y espacios de recreación, la población más vulnerable, los niños y adolescentes, están expuestos.
“Las autoridades no las regulan de forma adecuada” dice por su parte Yohana Pérez, otra vecina. “Muchas cantinas se registran como tiendas y luego las transforman. Y las cantinas que se registran como tales en realidad son centros nocturnos y prostíbulos. Todos estos negocios dejan muy buenas ganancias”.
El alcalde Elvin Yobani Cifuentes Escobar asegura estar consciente de que el alcoholismo se ha vuelto un problema cotidiano para San Mateo y que la solución dependerá del trabajo que pueda hacerse con los jóvenes. “Es un problema que en este municipio en vez de haber espacios públicos o escuelas lo que haya sea más cantinas. Y además de las registradas, están las clandestinas”, apunta.
“La juventud se desvía, ya no hace cosas productivas”, amplía el alcalde. “Por eso lo que necesitamos es organizar a grupos de jóvenes que nos ayuden a que otros tomen conciencia sobre lo importante que es que se se sepa aprovechar el tiempo libre”.
El agente Adán Mejía de León, encargado de la subestación 41-36 de la Policía Nacional, señala que todas las denuncias relacionadas con estos estos establecimientos se envían tanto a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) como al Ministerio Público.
“Nosotros no estamos autorizados para solicitar la documentación de los negocios”, asegura. “Pero los que nos la han proporcionado de forma voluntaria dejan claro que están legalmente inscritos. Quienes llevan el control de cuáles están registrados es la SAT” finaliza Mejía.
Juan Ramírez vecino de la zona 1 menciona que los jóvenes son los vulnerables a caer en esos lugares, ya que algunos de estos establecimientos están cerca de los centros educativos.ç
Esta nota es producto del Diplomado “Periodismo y Desigualdades” impartido por Laboratorio de Medios, S.A., a comunicadores de varios departamentos de Guatemala con financiamiento de Oxfam y la Inter-American Foundation (IAF). El contenido es exclusiva responsabilidad de su autor.
