La institución que representa a las 340 municipalidades del país y que subsiste con fondos públicos, sostiene que no está obligada a registrar sus adquisiciones en Guatecompras porque es una entidad privada.
Por Ojoconmipisto
La Asociación Nacional de Municipalidades (Anam) fue fundada en 1957. En su página web, se define a sí misma como “una entidad privada próspera e incluyente moderna, autónoma, no lucrativa, no religiosa y eminentemente democrática”.
Durante la Asamblea Ordinaria de Alcaldes realizada el pasado 28 de enero, se aprobó un presupuesto anual de Q13 millones para que la asociación lo maneje en este 2017, pero este dinero lo pueden gastar los directivos (alcaldes electos), sin que nadie se entere de la forma en que lo invierten.
Según el presidente de la Anam, y además alcalde de Villa Nueva, Edwin Escobar, la asociación no está obligada a apegarse a una ley que no está hecha para ellos, por eso no utiliza Guatecompras. “Eso tiene que ver con el año en que se fundó”.
Durante la reunión del 28 de enero, uno de los alcaldes cuestionó a la Anam su reticencia a utilizar la plataforma de compras del Estado, a lo que su presidente respondió lo mismo.
“La Anam está fuera del sistema del Estado. Ese decreto (el que obliga a utilizar Guatecompras) aplica solo para instituciones públicas, no para empresas privadas”, indicó.
No obstante, el alcalde de Villa Nueva admite que los fondos de los que se nutre la Anam son públicos pues provienen de aportes del erario municipal de los 340 socios. Solo en 2017, las alcaldías recibirán Q3 millardos correspondientes al situado constitucional.
Escobar Hill fue cuestionado sobre las razones por las que no utilizan el portal a pesar financiarse con fondos públicos, a lo que respondió: “nuestra obligación como funcionarios es apegarnos a lo que dice la ley. De ninguna forma buscamos restringir el acceso a la información”, concluyó.
La Anam registra solo cuatro transacciones en Guatecompras entre 2006 y 2007. El primer año, la asociación adquirió computadoras, cámaras y motocicletas por más Q1 millón en tres concursos diferentes. Al siguiente año compró guías para alumnos y maestros por Q1 millón. Pero, desde 2008 no utilizan este portal.
“Se manda un mensaje negativo”
A criterio de José Carlos Sanabria, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), este caso dentro de la dimensión política “manda un mensaje negativo en términos de la apertura que tienen las instituciones para ser más transparentes en la presentación de la información y el derecho de la ciudadanía a desarrollar procesos de fiscalización”.
Sanabria opina que, aunque se presenten argumentos legalistas que buscan cumplir la ley, esa norma entra en un contexto en el que la legitimidad está fundada en “crear una cultura institucional que sea más abierta y que su información sea pública”, agrega.
“Lo que esperaríamos es que hubiera un esfuerzo por ajustarse a esa norma y no se encuentre una justificación legalista y que esta, más bien, sirva para reformar esa norma e identificar espacios y cumplir con objetivos de transparencia”, finalizó el experto.
