Las autoridades analizan este acuerdo laboral así como las normas internas para ejecutar despidos a empleados que cometan faltas.
Por Mirna Alvarado
Un agente de la Policía Municipal (PM) de Quetzaltenango se presentó a sus labores en estado de ebriedad y así participó en un operativo de verificación en los mercados en enero pasado.
El jefe de la unidad, Juan Rojas, pidió ante el concejo municipal apoyo para aprobar un reglamento interno que sancione administrativamente a quienes cometan este tipo de faltas. “El año pasado cuando recién tome posesión del cargo encontré a otro agente ebrio en la garita de la terminal Minerva, se le llamó la atención y se hizo el parte policial. Perdí todo el día en la Torre de Tribunales dándole seguimiento y mi sorpresa fue que al siguiente día estaba fuera exigiendo su lugar de trabajo”, dijo Rojas.
Mario Solís, director de Recursos Humanos (RRHH), señaló que el pacto colectivo ampara a los empleados sindicalizados y pone freno a cualquier acción de cese laboral. “La falta es muy grave y merece el despido, pero como él se encuentra sindicalizado y la municipalidad emplazada, no se pueden realizar”, añadió.
De acuerdo con el director de la Policía Municipal estos no son los únicos casos, por esa razón se planteó la creación de un reglamento interno. “Lamentablemente nos hemos quedado cortos con la supervisión porque a las 6:00 de la tarde los pilotos se van a descansar. Tampoco tenemos transporte ni personal de confianza para ir de puesto en puesto para establecer que cada agente cumpla con su labor”, señaló Rojas.
El caso con que empieza esta nota es reincidente, por ello la corporación municipal pidió a RRHH y a la PM implementar acciones para mayor control de los agentes.
Otros casos
Rojas, el director de la PM, informó que investigan a cuatro agentes más de esa institución, quienes viajaron a Retalhuleu en una unidad municipal recién comprada. La justificación fue que kilometraban el vehículo.
Rudy Ventura, secretario del Sindicato Mayor, aseguró que la comuna se encuentra emplazada por dos conflictos colectivos laborales. Para retirar al personal de la municipalidad y sus empresas debe existir causa probable para dar por terminado el contrato. En tal caso no habría problema al ejecutar el cese de labores.
“El problema es cuando la terminación de los contratos de trabajo son injustificados, los empleados podrían solicitar su reinstalación ante juez de trabajo y de darse con lugar vendría la orden de reinstalación con multa, lo que puede significar daño económico a la alcaldía. Pero si hay justificación el pacto colectivo no ampara a nadie”, resaltó.
La municipalidad de Quetzaltenango tiene 1 mil 500 empleados, además de 500 en la Empresa Eléctrica Municipal y 300 la Empresa Municipal de Agua. Alrededor de 2 mil 300 en total, según su dirección de RRHH.
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