Elfego Castañón asumió la Contraloría General de Cuentas tras 13 años en la institución. Ante el proceso electoral, los finiquitos no dependen de criterios personales, asegura.
Por Natalie Samayoa
De auditor de carrera a contralor general: Elfego Odair Castañón González suma 13 años dentro de la Contraloría General de Cuentas (CGC). En esta entrevista, el jefe del órgano fiscalizador analiza los retos de la entidad y su papel en la entrega de la Constancia Transitoria de Inexistencia de Reclamación de Cargos de cara al próximo proceso electoral.
Respecto a la emisión de este documento, conocido como finiquito, señala que el trámite opera mediante un sistema automatizado para “reducir la discrecionalidad y la incertidumbre”. La CGC mantendrá sus labores dentro del marco legal vigente y añade: “la institución responderá a funciones constitucionales, administrativas, financieras y de control interno. No electorales”.
En entrevista con Ojoconmipisto, Castañón González, (41 años) habló además sobre su trayectoria profesional. Del camino que lo llevó a dirigir la CGC y las garantías que ofrece para que la emisión de finiquitos no dependa de intereses personales o políticos.
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El finiquito de cara a las elecciones
–¿De quién depende tener o no tener finiquito?
–No es de nosotros sino es de los usuarios o de los solicitantes si tienen alguna cuenta pendiente.
La emisión de finiquitos cobra relevancia ante las elecciones generales de 2027. Este trámite es una constancia confiable y es un proceso automatizado. “Lo que mide es que los funcionarios o exfuncionarios no tengan cuentas pendientes con la población”.
Según el funcionario, el sistema revisa sanciones económicas, formulaciones de cargos y denuncias” que puedan afectar la emisión del documento. Explica que no se evalúa la idoneidad de las personas ni se toman en cuenta criterios subjetivos, sino únicamente aspectos objetivos.
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Antes, los usuarios debían presentarse a las oficinas de la Contraloría para solicitar su finiquito, incluso quienes vivían fuera de la capital. Ahora puede realizarse desde cualquier lugar.
El usuario ingresa al sistema, efectúa un pago de Q70 mediante una aplicación bancaria y recibe la constancia en su correo electrónico, siempre que no existan impedimentos. “Con eso se reduce cualquier tipo de discrecionalidad y cualquier tipo de incertidumbre sobre si nosotros vamos a otorgar o no otorgar finiquito”, asegura.
Quienes tengan sanciones económicas pendientes deben ponerse al día. “Si existen formulaciones de cargos o denuncias, deben resolver su situación ante los juzgados de cuentas, el Ministerio Público (MP) o los órganos jurisdiccionales correspondientes”.
De las aulas de San Marcos a la Contraloría
Tras permanecer más de una década dentro de la CGC, Castañón González pasó de ejecutar auditorías a dirigir la institución responsable de fiscalizar los recursos del Estado.
Estudió educación básica en un instituto por cooperativa de San Marcos, a 252 kilómetros de la capital. Se graduó de perito contador en la Escuela Nacional de Ciencias Comerciales de ese departamento, obtuvo la licenciatura en auditoría e inició como auditor independiente en 2013, año en el que ingresó a la Contraloría para comenzar su trayectoria institucional.
Comenzó como auditor gubernamental uno y dos. Más adelante coordinó y supervisó auditorías, labores que le permitieron conocer los procedimientos de fiscalización. Pasó por el departamento de Análisis de Expedientes en Apertura a Prueba y por Inspectoría General.
Fue subdirector y director de auditoría; subcontralor administrativo con responsabilidades sobre finanzas, tecnología, planificación y recursos humanos. “Conozco el camino, conozco la instancia, conozco este barco, conozco a su gente”, asegura.
La CGC cuenta con alrededor de 4 mil 500 trabajadores: 1 mil 500 auditores y 1 mil 500 monitores, personal administrativo y de limpieza. “Una institución tan importante debe verificar que los recursos públicos lleguen y ayuden a la población, para garantizar que mejore la calidad de vida de los habitantes”. De esta manera recuperar y fortalecer la confianza ciudadana, sostiene.
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