La promesa de tener estos sistemas para 2023 desapareció, pero no sucede lo mismo con la contaminación. Estas son alternativas mientras llega una solución definitiva.
Por Carmen Valle
El presidente Alejandro Giammattei participó en la feria de energía junto a la Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM). Allí, el pasado 2 de septiembre, anunció a los alcaldes que se postergará el cumplimiento del reglamento de descargas y reuso de aguas residuales. Se publicó en 2006 y esta sería su sexta prórroga.
La última decisión respecto a esta normativa se tomó en 2019, cuando se extendió el plazo hasta el 2 de mayo de 2023 para instalar plantas de tratamiento de aguas residuales al menos en sus dos principales descargas. Luego se darían cuatro años más para procesar el 60 por ciento y después otros cuatro años para llegar al 100 por ciento.
De acuerdo con la Comisión Económica para América y El Caribe (Cepal), en Guatemala nueve de cada diez fuentes acuíferas están contaminadas y solo el 5 por ciento de las aguas servidas se trata, mientras el resto regresa con impurezas a ríos y lagos. Aun así, esto se postergará de nuevo, pues el presidente calificó como “imposible” tener las estructuras el próximo año.
“No es justo haberles puesto plazos tan pequeños sin pensar en sus presupuestos tan cortos. Debemos dejarnos de plantas y apostar por dar más dinero a los alcaldes para aumentar su capacidad financiera y así logren hacerlas”, argumentó Giammattei. Por esa razón, ocurrirá una nueva prórroga y mientras tanto, el Gobierno central pagará por los estudios previos a los sistemas de procesamiento en las 340 ciudades: 200 en el último cuatrimestre de 2022 y 140 en 2023.
Mientras entra en vigencia el reglamento, la bióloga Magaly Arrecis recomienda algunas alternativas para tratar las aguas grises y negras. Una de ellas es la instalación de biodigestores en comunidades, los cuales tienen una estructura similar a las plantas de tratamiento, pero a pequeña escala, y por su tamaño requieren menos dinero y mantenimiento. Estos dan un procesamiento primario a través de separar los lodos del agua, hacer digestión anaeróbica y conducir el producto hacia pozos de absorción.
Otra alternativa propuesta es fomentar la implementación de plantas dentro de los condominios, pues al tener menos habitantes en comparación con una comunidad completa, las construcciones serán más pequeñas y más baratas, se necesitará menos terreno, y el costo lo contemplarán los desarrolladores, no las alcaldías. Así, se reducirá también la cantidad de personas sin estos sistemas y por lo tanto, cuando la municipalidad haga una, la podrá enfocar en quienes no viven en colonias cerradas.
“El problema de no tratar las aguas residuales es que desembocan como están en las fuentes naturales. Quienes no tienen acceso a agua entubada, después se abastecen de allí y se enferman. Además, es una enorme contaminación ambiental y nos deja sin recursos limpios”, advierte la bióloga. Esto, a su vez, infecta los alimentos, pues el agua utilizada en cultivos no siempre está purificada.
Como solución para mejorar también el agua para consumo en comunidades sin entubado, propone invertir en filtros caseros para las comunidades. Durante la administración actual, la única comuna con fondos destinados a esto es la de Aguacatán, Huehuetenango.
Su primera compra ocurrió en septiembre de 2021 por Q89 mil 640 por 360 purificadores. La segunda, por otros 350, ocurrió en mayo de este año por Q85 mil 750. Estos se entregaron a 18 comunidades y sus proveedores fueron Allan Rodulfo Anzueto Herrera y Matea Engracia Ceto Ceto.
“El problema va más allá del presupuesto. No tratamos el agua porque faltan incentivos y lo mismo sucederá con el reglamento de desechos sólidos si no se muestra a los alcaldes la conveniencia de procesar cuanto producimos”, concluye Arrecis. Como ejemplo menciona el caso de Costa Rica, donde para reducir los desechos orgánicos en los vertederos y los costos para procesarlos, el Gobierno invirtió en aboneras para los vecinos, donde pueden depositar estos residuos, hacer compostaje y luego utilizarlo o venderlo.
Tras 16 años, los plazos del reglamento de descargas y reuso de aguas residuales continúan sin entrar en vigor y, tras el anuncio de Giammattei, continuarán en espera. Cuando logren cumplirse, tardarán al menos una década en lograr que las municipalidades manejen adecuadamente sus aguas negras y grises.
Te recordamos esta nota: El tiempo corre y dos tercios del país no tienen plantas de tratamiento
