El motivo es un inventario de 2022 que registra falta de objetos del Museo del Ferrocarril. Entonces Aldo Herrera era representante legal y director de la asociación que lo administraba.
Por Mirna Alvarado
Se abre un nuevo frente para el comité cívico Sacándole Brillo a Xela (SBX), esta vez contra su excandidato a alcalde, Aldo Herrera Schell, actual Gobernador de Quetzaltenango. La municipalidad nombró un abogado para demandarlo. La historia se remonta a sus días como administrador del Museo del Ferrocarril de Los Altos.
A requerimiento del gerente municipal, Amílcar Rivas, el concejo conoció en la sesión de las 18:00 horas del 29 de mayo un informe sobre el inventario realizado el 12 de agosto de 2022. Se enfatizó en el extravío de objetos como cuadros, planos y artículos históricos.
Mario Menchú, director financiero a cargo contabilidad e inventario, los enumeró: “520 planos del Ferrocarril de Los Altos elaborados en Alemania, dos ruedas con eje, varios cuadros, cuatro rieles, piezas mecánicas, sillas, equipo de sonido, un proyector y bocinas”.
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En busca de un mandatario
Después de la exposición, el concejo aprobó que el expediente se remita a la gerencia general para nombrar un mandatario (un abogado) que determine si procede o no una demanda judicial. También acordó enviar el expediente a la Contraloría General de Cuentas, y por tratarse de objetos históricos, a la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natura del Ministerio de Cultura y Deportes.
Dichos acuerdos fueron propuestos por el concejal II, Jorge Luis Argueta, persona de confianza del alcalde,Juan Fernando López quien no estuvo presente en la sesión, pero hizo llegar el punto a través de la concejal I, Kathia Minera.
¿Porqué se señala al gobernador?
En 2012, el exalcalde, Jorge “Mito” Barrientos, concedió un permiso a la Asociación Ciudades Sostenibles Sacándole Brillo a Xela, para administrar parte del Centro Intercultural conocido como La Antigua Estación del Ferrocarril y zona militar 17-15. El representante legal y director de la asociación era Aldo Herrera Schell.
Su función consistió en darle mantenimiento a algunos espacios y abrir una biblioteca digital, en 2015. La encargada de entonces presentó una ficha de responsabilidad en la cual se detallan los enseres y objetos del museo. “La ficha estaba firmada por Herrera, en la presentación se muestra subrayado en amarillo cuales son los faltantes”, aseguró Menchú.
El documento que cita es de 2019, el inventario municipal fue realizado dos meses después de la expulsión de SBX del Centro Intercultural. “A nosotros nos desalojan con una orden de juez el 25 de mayo de 2022, no se nos permitió hacer un inventario de lo que administramos y menos del equipo que habíamos obtenido por donación y otras contribuciones”, dijo el ahora gobernador Herrera Schell.
Informe viejo, interés nuevo
Durante el desalojo se responsabilizó a Armando Castillo del cuidado del museo y su contenido, era el presidente del consejo administrativo del Centro Intercultural. “Lo que llama la atención es que este informe salga a luz justo ahora, cuando hay tres concejales del comité (SBX) en la alcaldía y justo cumplo un mes de haber sido nombrado Gobernador”, refirió.
El politólogo Pedro Sifontes advierte que esta es una estrategia del alcalde para desgastar a los posibles rivales políticos de cara a las elecciones de 2027. “Herrera se encuentra en un puesto de confianza que puede generarle popularidad y simpatía entre la población, por eso se buscan formas y métodos para desgastar”.
Sifontes se basa en los tiempos en que se realizaron los inventarios y auditorias. “Los resultados ya estaban desde hace más de un año y llama la atención que se pongan sobre la mesa justo en este momento”, refiere.
Hace 100 días
El 24 de mayo se cumplieron 100 días del bloqueo hacia los concejales de SBX, por las medidas de restricción judiciales luego que la síndico II, Karin Saj Morataya, y la concejal III, Margarita Campollo, los denunciaran de violencia contra la mujer.
El caso se encuentra suspendido debido a una recusación que presentaron ambas denunciantes contra la juez de femicidio, Virginia Gómez Monje. Quieren evitar que se conozcan las pruebas de descargo de los concejales demandados y así levantar las restricciones para que sus derechos políticos fueran reivindicados.
La recusación se encuentra desde mediados de abril en manos de los magistrados de la Sala Quinta de Apelaciones de Quetzaltenango.
