Aunque el Ministerio de Comunicaciones y las municipalidades son responsables de distintos tramos, pueden intervenir en otras vías mediante convenios o proyectos conjuntos.
Por Jimena Porres
Cada bache en carretera te recuerda la pregunta de siempre, ¿quién le da mantenimiento a esta vía: la municipalidad o el Ministerio de Comunicaciones? El crecimiento de la ciudades borró los límites entre municipios y también entre calles y carreteras
Con el hundimiento de la carretera en el kilómetro 17.5 en Villa Nueva, hasta el colapso de la autopista Palín-Escuintla. Más reciente en las inundaciones en el kilómetro 24.5 de Carretera a El Salvador, donde el alcalde de Santa Catarina Pinula, Sebastián Siero, dijo que sucedían porque el Ministerio de Comunicaciones no les daba mantenimiento.
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Vivian Chacón, directora ejecutiva regional de la Fundación para el Desarrollo Local y el fortalecimiento Municipal e Institucional de Centroamérica y El Caribe (Fundación DEMUCA), explicó los elementos para la intervención en carreteras. “Requiere una articulación técnica, administrativa y legal entre el CIV y las municipalidades”.
La coordinación puede parecer fácil y lógica, pero es compleja porque demanda voluntad política, técnica, conocimiento y recursos. El exministro de comunicaciones, Félix Alvarado, comentó que la relación entre las entidades nace de las peticiones de las alcaldías. “Son las municipalidades, por las ofertas electorales que hacen, quienes muchas veces inician esas demandas”.
Señaló que los gobiernos locales no solo son las principales beneficiarias y usuarias de las carreteras, también son promotoras de su realización.
¿A quién le corresponde?
Chacón diferenció las responsabilidades de cada entidad. Al CIV le compete la planificación, diseño, financiamiento y ejecución de la infraestructura vial. Ya sea de la red nacional o que fue priorizada a través de los Consejos de Desarrollo. Su intervención termina en el momento en que la obra (construcción, rehabilitación o ampliación) ha sido ejecutada.
A partir de ese momento, comienza el papel del gobierno municipal. “Debe asumir el mantenimiento rutinario, la vigilancia comunitaria, la gestión de reparaciones menores y la articulación con actores locales para garantizar la funcionalidad”, enumeró Chacón. La responsabilidad está respaldada por su rol en la administración del territorio reconocido en la autonomía municipal.
“En síntesis, el CIV construye y transfiere; la municipalidad conserva y gestiona”, puntualizó Chacón. La frontera no es solo técnica, también operativa y comunitaria. “El Estado central garantiza la infraestructura, pero es el gobierno municipal la convierte en un servicio público cotidiano”.
En la práctica el exministro lo vivió distinto. “Lo que hay es una demanda histórica y una promesa política de que una obra se va a realizar bajo ciertas condiciones”. No existía una planificación, respondían a las demandas de distintos actores políticos. “No tanto de los alcaldes, sino de los diputados distritales a quienes esos alcaldes lograban convencer y persuadir de que hicieran presión al Ministerio”.
Competencias compartidas
El intercambio debería sustentarse en los principios de descentralización, eficiencia de la inversión pública y respeto a los procedimientos establecidos en diversas leyes. Chacón recalcó que deben considerar las competencias compartidas en el marco legal y el respeto a la autonomía municipal.
La Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, establece mecanismos de planificación territorial que permiten al CIV y a las alcaldías coordinar proyectos de infraestructura vial. Su objetivo es priorizar las necesidades a nivel local en los Planes de Desarrollo Municipal y Ordenamiento Territorial Departamental (PDM-OT).
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“Sobre estos cimientos legales determinan procesos que deben considerar y respetar procedimientos técnicos”, explicó Chacón. Así mismo están sujetos a cumplir con su conservación, mantenimiento, preservación.
Alvarado contó que, desde su experiencia, el impacto que sufren las carreteras está vinculado a las decisiones municipales sobre sus territorios. “La autopista Palín-Escuintla, que aunque es responsabilidad del CIV, está sujeta a elementos que están en control y son responsabilidad de las municipalidades”.
Como los usos que le dan a la tierra, el mantenimiento de los recursos naturales y el manejo de los drenajes pluviales.
Conflictos dificultan la gestión
Alvarado contó que durante su gestión tuvo experiencias poco positivas. Los gobiernos locales estaban acostumbrados a pedir lo que querían y el gobierno central lo cumplía. “En el momento en que no se les concedía de primas a primeras, comenzaban a resongar al respecto y eso generaba mucha fricción”.
Adicional a esta fricción, Chacón detectó otro factor importante: la alta confusión o conflicto de competencias en la forma y el momento de gestionarlas. Esto desemboca en varias consecuencias.
Primero, genera duplicidades, omisiones o disputas sobre quién debe ejecutar o mantener las obras en determinadas carreteras. “Podría mejorar si la identificación de carretera o caminos vecinales contará con una clara delimitación y atribución de responsabilidades”.
La ausencia de planificación territorial es otro factor, comentó Chacón. Las entidades priorizan obras sin impacto estratégico o respaldo comunitario. No hay espacios técnicos de coordinación lo que impide el diálogo fluido, la resolución de problemas y la articulación de esfuerzos.
Chacón señaló la débil capacidad técnica municipal. “Para nadie es un secreto que hay un alto índice de personal poco capacitado en formulación de proyectos, supervisión de obras o gestión financiera”. El financiamiento fragmentado o incierto influye en todo el proceso, desde el accionar, las responsabilidades en su mantenimiento y su forma de administración.
Chacón dijo que esta falta de socialización y transparencia genera rechazo ciudadano. “Las sospechas de corrupción o desinformación sobre los alcances de las responsabilidades de cada actor son determinantes para la apatía y descontento”.
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