Aún con la reversión de los cambios al botón de proveedores, Guatecompras muestra menos información que antes de las reformas del 21 de julio.
Por Pilar Rodríguez
Guatecompras, aún con la reversión de cambios, muestra menos resultados que antes. Ojoconmipisto buscó a una persona en el apartado Proveedores previo a las reformas del 21 de julio de 2026, y la plataforma arrojó más de 602 mil resultados (homónimos o coincidencias con los nombres y apellidos).
Hoy, aunque el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) dio marcha atrás a uno de los cambios aplicados a Guatecompras y restableció, desde este 8 de septiembre, la funcionalidad “Buscar un proveedor”, el alcance no es el mismo. Tras realizar la misma búsqueda, ahora aparecen 617 resultados, pero el nombre exacto se encuentra a partir de la página 17.
La decisión ocurre después de los cuestionamientos de periodistas, organizaciones y usuarios que utilizan esa herramienta para investigaciones periodísticas o de fiscalización, al consultar datos (no sensibles) como NIT, CUI y nombre completo de una persona.
Hace siete semanas
En julio, el Minfin limitó el acceso a información relacionada con personas y empresas a través de la plataforma, bajo el argumento de proteger datos personales.
En un comunicado publicado el 8 de septiembre, el ministerio explicó que la reversión de los cambios en Guatecompras busca permitir un proceso de socialización y diálogo. Aseguraron que las “mejoras” hechas al portal a inicios de septiembre permanecen.
Según lo anunciado por el Ministerio el 1 de septiembre, ampliaron las herramientas de Guatecompras para buscar información por NIT o nombre del proveedor, dar seguimiento a la participación de todos los oferentes de un concurso e identificar relaciones entre personas, representantes legales y empresas vinculadas a las compras del Estado.
En esta nota puedes consultar qué hizo el Minfin: Minfin y SAT cambian las reglas del juego
Una reversión, pero no definitiva
Para Erick Coyoy, economista, la decisión representa una reversión de los cambios aplicados en julio, aunque el comunicado deja abierta la posibilidad de nuevas modificaciones.
Considera que el proceso de consulta debió ocurrir antes de limitar el acceso. A su parecer, la decisión de quitar información que durante años estuvo disponible en Guatecompras provocó un desgaste innecesario para el gobierno.
El economista también cuestionó los argumentos que el Minfin utilizó para justificar el cierre del acceso. Considera que la referencia a una actualización normativa no explica por qué la información permaneció disponible durante años. Tampoco considera válido el argumento de una sobrecarga del sistema, pues sostiene que eran pocos los usuarios que realizaban esas consultas.
Para Coyoy, el reto ahora es que el diálogo produzca una alternativa que permita continuar con las investigaciones y la auditoría social. “El principal usuario, de hecho, eran los medios de comunicación”, afirmó.
La anterior modificación de Guatecompras se produjo mientras otras instituciones también aplicaban restricciones al acceso a información. En abril, la SAT cambió la consulta del Registro Tributario Unificado y pasó a requerir información adicional para obtener datos que antes podían consultarse solo con el NIT.
Marcha atrás por presión
Eddie Cux, de Acción Ciudadana, considera que las manifestaciones de rechazo de periodistas y organizaciones influyeron en la decisión del Minfin. Se trata de una marcha atrás que todavía no deja claro cuál será la disposición definitiva respecto al acceso a la información.
Cux considera poco probable que el Ministerio vuelva a limitar las búsquedas por CUI y NIT por el costo político que tendría una nueva restricción. Sin embargo, señala que la apertura anunciada debe traducirse en medidas concretas.
“Creo que es una forma comunicacional de dar marcha atrás”, dijo. Para el abogado de Acción Ciudadana, mantener herramientas de consulta resulta clave para el periodismo de investigación y la auditoría social, sobre todo porque permiten cruzar información de distintas instituciones.
El acceso a esos datos permite, por ejemplo, establecer relaciones entre empresas, contratistas, financistas y proyectos públicos. Cux advierte que esas conexiones adquieren especial relevancia en un año preelectoral, cuando también puede existir interés en identificar vínculos entre financiamiento político y contrataciones públicas.
Otros registros tienen sus propias barreras
La discusión sobre Guatecompras también evidencia otras fuentes de información que presentan restricciones.
Coyoy señala que el Registro Mercantil no constituye una alternativa equivalente pues parte de la información tiene un costo y se obtiene por medio de certificaciones. Tampoco ofrece todos los datos que pueda requerir una investigación.
La directora de la Dirección General de Adquisiciones del Estado, Xiomara Lorena Morales Gordillo, remitió a los reporteros que preguntaban por la información de representantes legales que ya no estaba disponible a ese registro.
Cux, que se desempeñó como comisionado presidencial de Gobierno Abierto Electrónico durante 2024-2025, también mencionó restricciones en otras instituciones. Entre ellas están los cambios al acceso a información relacionada con cuotas patronales del IGSS y los costos para obtener determinadas certificaciones del Registro Nacional de las Personas.
Según el representante de Acción Ciudadana, “hay plataformas de gobierno abierto que deben mejorar, como el acceso a información sobre proveedores y beneficiarios finales”. Considera este un tema clave para combatir la corrupción.
Para Coyoy, existe otra herramienta que el propio Ministerio de Finanzas podría abrir: el Registro General de Adquisiciones del Estado (RGAE). El economista considera que debería ser público porque contiene información de personas y empresas interesadas en contratar con el Estado.
Su apertura permitiría conocer quiénes participan en procesos de licitación y cotización, incluso antes de que una entidad adjudique un contrato.
Beneficiarios finales requieren una ley
El acceso a la información sobre los beneficiarios finales de las empresas es otro de los temas incluidos en la discusión.
Coyoy explica que este caso es distinto al del RGAE. Para hacer pública esa información en Guatemala sería necesario contar con una ley que faculte al Ejecutivo.
El economista recuerda que ya existió un intento de regular ese acceso por medio de un reglamento, pero la Corte de Constitucionalidad lo dejó sin efecto. Por ello, considera que una nueva regulación debe pasar por el Congreso.
Mientras tanto, sostiene que el RGAE sí puede hacerse público sin una reforma de ese tipo.
