A mediados de 2022 dos de cada tres municipalidades no tenían estos sistemas. El presidente les ofreció más tiempo, pero sigue sin oficializarse.
Por Carmen Valle
El 2 de septiembre de 2022 el presidente, Alejandro Giammattei, anunció a los alcaldes que se postergará (por sexta vez) el cumplimiento de la norma donde se obliga a las municipalidades a tratar sus aguas residuales. Esta decisión, sin embargo, aún no es avalada por ningún acuerdo publicado en el diario oficial y por lo tanto, los concejos aún tienen ese compromiso y solo les quedan siete meses para ejecutar un plan.
El reglamento de descargas y reuso de aguas residuales se creó en 2006 y su quinta prórroga fijó mayo de 2023 como límite de las comunas para tratar sus principales fuentes generadoras. En mayo de este año, a 12 meses de vencer ese plazo, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) solo registraba el dictamen favorable para plantas de tratamiento en 88 de los 340 municipios.
Con ese panorama y al menos nueve de cada diez cuerpos de agua contaminados, según la Comisión Económica para América y El Caribe, Giammattei dijo a los jefes ediles: “No es justo haberles puesto plazos tan pequeños sin pensar en sus presupuestos tan cortos. Debemos dejarnos de plantas, apostar por dar más dinero a los alcaldes para aumentar su capacidad financiera y así logren hacerlas”.
Por eso anunció una nueva prórroga y aunque en la actividad el anuncio fue aplaudido, tras mes y medio, no se publican estos designios en el diario oficial y el MARN no se ha pronunciado al respecto. Así, dice el abogado ambientalista, Rafael Maldonado, las reglas de siempre siguen vigentes y los ciudadanos se arriesgan a advertencias, multas y obligación de reparar daños si de cualquier modo impiden la aplicación de la norma.
También hay consecuencias para los alcaldes porque “aunque se toman a broma el asesinato de nuestros acuíferos al no tratar el agua residual, si llega la fecha y siguen así, por ser autoridades se enfrentan a un delito penal: incumplimiento de deberes”. Este, señala el artículo 419 del Código Penal, ocurre cuando un funcionario omite o retrasa un acto propio de su cargo y amerita de uno a tres años de prisión.
Los afectados
Para Ana Victoria Rodríguez, especialista en cambio climático, no tratar las aguas residuales desemboca en acabar con especies incapaces de sobrevivir en lugares contaminados y dañar los ecosistemas. Además, ve con preocupación la disminución de fuentes de agua limpia, pues en el país, sobre todo en los departamentos, las personas se abastecen de ríos y nacimientos para beber, lavar sus alimentos, bañarse, entre otros usos, y el nivel de suciedad puede provocarles enfermedades gastrointestinales y de la piel.
Rodríguez insiste también en las pérdidas a nivel productivo a causa de acabar con las fuentes limpias. Como ejemplo pone al río Motagua donde, si se redujera su contaminación, aumentarían las posibilidades de usar su agua para riego de cultivos, navegación o pesca.
“Muchas actividades humanas influyen en el deterioro de la calidad acuífera, pero sin duda, la más perjudicial es no tratar nuestras aguas residuales y los desechos sólidos. Los vecinos lo ven como algo lejano, pero de a poco eso se lleva oportunidades”, añade.
Ojoconmipisto consultó a Henry Pocasangre, portavoz del MARN, para saber si la cartera tiene planes de ratificar el anuncio de Giammattei durante los próximos meses. Al cierre de esta nota no hubo respuesta.
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