El Juzgado de Paz Penal de Quetzaltenango declaró con lugar el cambio de delito en contra de Edgar Aroldo López Morales, director de Casa No’j. Rechaza el intento de desestimar la denuncia.
Por Mirna Alvarado
Después de más de 40 semanas de planteamientos jurídicos, un juez de Paz resolvió a favor de la solicitud planteada por la abogada Sara Trócoli el pasado viernes 17 de abril. Trócoli representa a la empleada víctima de discriminación y malos tratos de parte de Edgar Aroldo López Morales, director del Centro Cultural Casa No’j de la cabecera de Quetzaltenango.
“Lo que pedimos fue el cambio de delito, porque al inicio el Ministerio Público planteó que el señor López Morales fuera juzgado por el delito de discriminación. Tras los análisis forenses pudimos demostrar que mi representada también fue victima de violencia contra la mujer en su manifestación psicológica, por lo que un juzgado de femicidio debe conocer el caso”, dijo Trócoli.
Ahora el expediente será remitido de inmediato al Juzgado de Femicidio de Quetzaltenango para continuar con el proceso. La historia de la trabajadora, cuya identidad se resguarda por seguridad, comenzó en 2024, cuando trabajaba como promotora cultural en Casa Noj, un espacio dedicado a la cultura adscrito a la municipalidad.
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Los antedecedentes
Según testimonio de la trabajadora agredida, comenzó a ser objeto de un trato denigrante por parte del director de la institución, López Morales. El señalado empleó palabras “fuera de toda moral” según la denuncia presentada ante el MP. “Reiteradamente le dijo “que ella sufría de alguna incapacidad, que era una inepta, que por qué no conectaba su lengua con su cerebro”, refiere el análisis forense.
El hostigamiento avanzó al punto de establecer prohibiciones que vulneraron sus derechos básicos como no permitirle ir al baño, tomar sus alimentos en el horario establecido ni disfrutar de su periodo de refacción.
Ante el trato injusto y denigrante la promotora acudió a Recursos Humanos y a la gerencia, incluso pidió por escrito al director el respeto de sus derechos. En lugar de protegerla, fue destituida de su puesto en 2025. La abogada Trócoli dijo que las agresiones contra de su representada iniciaron cuando se negó a cometer actos de corrupción dentro de la entidad municipal.
Documentos judiciales confirman que en julio de 2025 el juzgado de laboral emitió una resolución “de estricto cumplimiento” para su reinstalación, pero la municipalidad se negó a acatar, hasta el momento.
Un largo camino
La abogada refirió que luego de presentar la denuncia, la fiscalía del MP la desestimó porque según ellos no se cometió el delito de violencia contra la mujer. Este planteamiento fue apelado y el Juzgado B de Primera Instancia de Femicidio de Quetzaltenango dio lugar a la oposición de la desestimación el 18 de junio de 2025.
El juez Edgar De León Estrada ordenó que el expediente fuera trasladado a otro agente fiscal para continuar la investigación contra el sindicado López Morales. El expediente pasó por cinco agentes fiscales, el último presentó la persecución del sindicado por el delito de discriminación, con lo que pretendían desestimar en definitiva el caso y evitar la persecución penal.
“Para nosotros es un paso importante porque será un juzgado especializado el encargado de conocer los vejámenes por lo que mi patrocinada pasó cuando fue subordinada del señor López Morales”, resaltó Trócoli.
