La comuna habilitó un formulario de denuncias donde los vecinos reportan cuando notan tuberías no autorizadas. Aunque realizan operativos para destruirlas, aún no se establecen sanciones para quienes las instalan.
Por Carmen Maldonado Valle
En agosto, la municipalidad de La Libertad, Petén, publicó un formulario donde los vecinos pueden reportar conexiones clandestinas de agua. Las personas describen dónde están los tubos y, de ser posible, el nombre del supuesto responsable para que el personal lo busque.
En los operativos, el personal de la comuna acude a los lugares expuestos en las denuncias y si comprueba la falta, elimina la tubería instalada por el infractor, explica el director de planificación, Eduardo Orellana. Aun así, no hay sanciones para estas personas.
“No podemos decir que hemos multado porque no hay una ley o algo donde podamos apoyarnos para hacerlo. Solo volvemos a sellar el entubado para quitar la conexión”, sostiene Orellana. Tampoco precisó a cuántos han descubierto por esta falta.
En efecto, en el país no existe una ley de aguas donde esta problemática se penalice. Lo más cercano es la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente donde, establece, quienes contaminen o provoquen la pérdida de recursos naturales serán sancionados. Sin embargo, no especifica cómo se reprenderá la acción y tampoco contempla instalaciones clandestinas.
En el último censo de población, en La Libertad ocho de cada diez hogares tienen acceso al agua a través de cañerías dentro o fuera de la casa. “Ese número podría incluir a quienes rompen el tubo y así obtienen recursos, pero solo se puede determinar a través de excavaciones. Las municipalidades solo lo detectan cuando hacen reparaciones, porque no hay otro modo de saberlo”, dice María José Iturbide, directora de la Fundación para la Conservación del Agua en la Región Metropolitana (Funcagua).
Por esa razón, explica la bióloga, tampoco hay estadísticas sobre el tema. El ministerio de Ambiente no tiene datos, tampoco la Empresa Municipal de Agua (Empagua) en la capital. La Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan) no tiene registros, pero en una medición hecha en 2002 determinó que al menos en Baja Verapaz uno de cada tres litros de aguas residuales provenía de conexiones no autorizadas.
“Hay países, sobre todo en Asia, con tecnologías avanzadas para encontrar esto sin excavar, pero en Guatemala sería difícil tenerlas porque es muy costoso instalarlas y luego darles mantenimiento”, agrega Iturbide.
Sin sanciones
Entre las consecuencias de estas instalaciones, la directora de Funcagua menciona el desabastecimiento para los hogares, porque si todos se surten del mismo tubo, puede llegar un punto donde este se vacíe. Además, asegura, quienes paguen y solo tengan aire al abrir el grifo dejarán de saldar la cuenta y eso significará una disminución de los ingresos municipales.
En La Libertad, la tarifa fija por el servicio es de Q40 mensuales. “Por ahora nadie se ha quedado sin agua, pero hacemos los operativos porque es injusto que quienes sí son responsables subsidien el robo de quienes no pagan. Con ese dinero limpiamos los tanques y todos los beneficiarios deberían contribuir”, añade Orellana.
En países como México el entubado clandestino se sanciona con cinco a cuarenta salarios mínimos. En Colombia, por otro lado, se imponen multas equivalentes a Q1 mil 500 por ello, y en Chile, el infractor debe pagar tres salarios mínimos mensuales, además de pasar de 61 días a dos años en prisión.
En Guatemala, mientras tanto, no hay penalizaciones por el robo de recursos hídricos y, según el diputado, Román Castellanos, la Comisión de Ambiente en el Congreso tampoco planea proponerlas en un futuro cercano.
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