Icefi y CIEN aseguran que los fondos se asignaron sin planificación de proyectos. Además, mencionan que fue una decisión política y no técnica.
Por Pilar Rodríguez
En 2025, los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codede) trabajarán con Q9 mil 334.1 millones. Así se acordó la madrugada del 27 de noviembre, para el presupuesto del año entrante.
De ese total, Q5 mil 012 millones vienen de un aporte extraordinario, según el artículo 127 del decreto 36-2024 de aprobación. Alrededor del tema hay varias cejas levantadas de analistas y tanques de pensamiento.
De estos, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) y la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES) expresaron preocupación por la cantidad asignada.
Aportes disponible para 2025
- Fonpetrol: Q22 millones 894 mil.
- IVA Paz: Q4 mil 299 millones.
- Aporte extraordinario según artículo 127 del decreto 36-2024: Q5 mil 012 millones
- Estimaciones de fondos no ejecutados del 2024 que quedarán disponibles para el siguiente año fiscal: Q3 mil 200 millones.
Total para codedes: Q12 mil 500 millones
Sin respaldo de planificación
Los codede son las entidades con capacidad de ejecución de inversión pública que están más cerca de las comunidades, define Ricardo Barrientos, director ejecutivo del Icefi. La preocupación, dijo, surgió por la forma cómo funcionaron en el pasado: alcaldes, diputados distritales y gobernadores departamentales abusaron de los recursos de los consejos.
Ahí está una de las preocupaciones. Agregó que los Q5 mil 012 millones extraordinarios del presupuesto aprobado no están respaldados por un proceso de planificación. “Pueden beneficiar proyectos que no tienen el debido respaldo técnico ni la pertinencia económica o social”.
Sigfrido Lee, investigador asociado del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), comparte dicha opinión. “Se está asignando una cantidad importante de recursos sin que sepamos realmente para qué, porque no son proyectos que estén claramente identificados ni evaluados”, comentó.
Los proyectos que se planifiquen, sostiene, deben estar liderados por una estrategia nacional la cual se desconoce. “¿Dónde está la planificación? ¿Dónde está el anteproyecto de inversión? ¿Dónde está la evaluación socioeconómica de ese proyecto? ¿Y por qué no estamos viendo esta planificación?”, cuestiona. Toda esta base no existe, mencionó Lee. Se asignaron fondos sin haber proyectos.
Se consultó a Segeplan sobre los mecanismos que implementarán en 2025 para asistir a gobernadores en la ejecución de los fondos. Al cierre de esta nota, no respondieron las preguntas de Ojoconmipisto.
Preocupa corrupción en los consejos
Barrientos mencionó que, históricamente, las anomalías encontradas en las obras ejecutadas por los codede han sido “perpetradas” por funcionarios de las gobernaciones departamentales o alcaldes. Menciona de ejemplo a Manolito Castillo, exdiputado y padre del exalcalde de Jutiapa, Manuel Alfredo Castillo.
El cambio de gobierno con Bernardo Arévalo pudo generar esperanza. Pero la mayoría de los alcaldes y de los diputados distritales son los mismos, alegó. “El Congreso aprobó una serie de leyes que debilitan los controles en materia de ejecución presupuestaria y adquisición pública”.
Por ejemplo, la iniciativa 6388 obliga al Ministerio de Finanzas a transferir al final del ejercicio fiscal todo el presupuesto correspondiente a la recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para el codede.
Las decisiones no se sustentaron con informes técnicos. “Son netamente políticas”, afirmó Barrientos. Lo que se busca con esta asignación es que no haya protestas, que los alcaldes estén alineados con el ejecutivo. Es contraria a lo establecido en los artículos 15 y 38 de la Ley Orgánica del Presupuesto.
Ejecutivo reconoció baja ejecución de fondos
Durante una conferencia de prensa el 28 de noviembre (2024), el ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, reconoció que “la ejecución de los codede no está al nivel que desearían”. En el presupuesto hay asignados más recursos a la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (SCEP), para el ministerio de Finanzas y para la Secretaría Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan).
En una conversación de Ojoconmipisto con Carlos Gossmann, coordinador del área de Presupuestos Públicos y Derechos Humanos del Icefi, resaltó que en lo que va de 2024, los consejos no han logrado ejecutar más del 20 % de sus transferencias.
“El ministro Menkos se limita a decir que ahora ejecutarán bien, que hay que confiar”, dice Barrientos. “Claro, pero, ¿cómo vamos a confiar si la ejecución es del 20% y además los ejecutores son los mismos?”, cuestiona.
2025 será para corregir errores
Elsa Hernández, gobernadora de Huehuetenango, aseguró que la baja ejecución se debe a que “este año fue un año atípico para la administración pública”. Los gobernadores llegaron en mayo, dice.
“Para el año fiscal 2024 hay lecciones aprendidas”, dijo. Al consultarle sobre qué entidad enseña y acompaña a los gobernadores, mencionó a Segeplan y a la SCEP. Aseguró que han contado con capacitación por parte del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP).
“La mayoría hemos trabajado en administraciones públicas a nivel local, municipal o nacional. Entonces sabemos, muchos de los gobernadores conocen cuál es el procedimiento”, reafirmó.
El diputado oficialista, Román Castellanos, mencionó que los fondos de los codede también los ejecutan los alcaldes. Comparte la opinión de la gobernadora sobre la baja ejecución. “Debido al proceso de transición de este año, especialmente los cambios y la manera en cómo se dio la renovación en gobernadores, directores del Consejo de Desarrollo”.
Todo eso de alguna manera afectó la agilidad de algunos procesos. “Espero que no sea así el año próximo”.
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