El crecimiento de proyectos inmobiliarios avanza y los bosques urbanos disminuyen. Diputados del partido en formación Raíces proponen una iniciativa para protegerlos.
Por Pilar Rodríguez
Ante la preocupación de vecinos, la bancada oficialista presentó el 5 de mayo en el pleno del Congreso la iniciativa (6763), Ley de Bosques Urbanos. La propuesta pretende cubrir los vacíos legales, regular y promover y condiciones para la creación, consolidación y gestión de los bosques y áreas verdes en las ciudades.
En la justificación del proyecto de ley, los ponentes, congresistas del grupo legislativo Raíces, aseguran que Guatemala perdió cerca de 1.36 millones de hectáreas de cobertura forestal entre 2003 y 2020.
“Las áreas verdes, como parte de la infraestructura verde del país, no solo son refugios de flora y fauna nativa, sino que también cumplen funciones clave como la regulación térmica e hídrica”, explican.
Su contenido
Las propiedades municipales se destinen como bosque urbano o área verde urbana a través de resolución del concejo, proponen.
El diputado oficialista Samuel Pérez, uno de los ponentes, amplía: las municipalidades tendrían la obligación de incluir criterios para proteger bosques urbanos y áreas verdes en sus Planes de Ordenamiento Territorial (POT).
“En ausencia de dicho instrumento, la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan) podrá establecer criterios técnicos para su delimitación”, se lee en la iniciativa. A la fecha, únicamente siete municipios de 340 contaban con un POT.
“No irrumpe con la autonomía municipal”
Pérez prevé una reacción positiva de los alcaldes hacia la iniciativa, ya que abre la puerta para que el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) asuma la gestión de estos bosques cuando las municipalidades carezcan de fondos suficientes.
De aprobarse la ley, las comunas y mancomunidades —con el apoyo técnico del MARN— deberán elaborar sus Mapas Verdes Municipales. Estos instrumentos integrarán información estratégica sobre la cobertura arbórea y servirán como insumo técnico para la formulación o actualización de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT).
Según el proyecto de ley serían competencias de las comunas:
- Formular y actualizar sus POT o instrumentos equivalentes, con los insumos técnicos del Mapa Verde Urbano Nacional y de los Mapas Verdes Municipales.
- Establecer políticas municipales, mancomunadas o metropolitanas de conservación, recuperación, promoción y manejo del arbolado, los bosques urbanos y las áreas verdes urbanas.
- Implementar proyectos de infraestructura verde y programas de restauración ecológica urbana.
- Crear y administrar su propio marco legal, instrumentos financieros verdes municipales para promover la conservación y recuperación de bosques y áreas verdes urbanas de forma voluntaria.
- Declarar oficialmente como bosques urbanos o áreas verdes urbanas los terrenos de propiedad municipal mediante resolución del Concejo Municipal. Trasladar dicha información al MARN para su registro oficial.
La opinión de los vecinos
Marisol Hernández ha defendido los bosques urbanos. Se involucró en la lucha por el pulmón verde de Kanajuyú, zona 16 de Guatemala y desde entonces participa activamente como vecina organizada.
Opina que la ley “no tiene una naturaleza punitiva” sino que abre incentivos para desarrolladores mediante bonificaciones urbanísticas y mecanismos como la Transferencia de Derechos de Desarrollo (TDR). Permitirían conservar áreas verdes sin perder derechos de propiedad.
No busca detener el desarrollo urbano sino “redirigirlo y regularlo” para que más personas tengan acceso cotidiano a árboles y áreas verdes cercanas. Sostiene que la Ley de Bosques Urbanos busca resolver un problema de calidad de vida en las ciudades, va más allá de una discusión ambiental.
La escasez de agua, el aumento del calor y la pérdida de árboles urbanos muestran un momento crítico marcado por la expansión urbanística y las podas innecesarias.
Hernández cuestionó a las municipalidades por priorizar las licencias y la recaudación inmobiliaria sobre la protección del arbolado urbano, una “infraestructura verde” vital para regular la temperatura, mitigar deslaves y gestionar escorrentías. Rechaza que la defensa ecológica se tilde de “eco histeria”.
