Fuentes internas cercanas a la elaboración del Informe Nacional de Desarrollo Humano 2020 afirman que el presidente se opuso a que fuera publicado.
Hace seis meses la publicación del Informe Nacional de Desarrollo Humano 2020 quedó en suspenso. Estaba listo para presentarse, pero la conferencia fue suspendida solo cuatro días antes del evento. El Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD) responde que no fue censura y que continúa con la investigación.
No obstante, fuentes internas cercanas a la elaboración del documento afirman que el presidente Alejandro Giammattei se opuso a su publicación porque abordaba temas que generarían «división». Esta es la primera vez que el Índice de Desarrollo Humano proyecta a Guatemala como un país que obliga a sus habitantes a emigrar. Se tuvo acceso al documento y aquí se presentan los principales hallazgos.
Este reportaje, originado de una filtración, se realiza a partir de la alianza de medios GuatemalaLeaks.
Por Kimberly López
El Informe Nacional de Desarrollo Humano (INDH) 2020 titulado «La celeridad del cambio: hacia una mirada territorial del desarrollo humano» describe en 600 páginas que el aumento de la pobreza, la falta de seguridad alimentaria, los problemas ambientales, el despojo de tierras e incluso los fenómenos naturales, son condiciones que obligan a los guatemaltecos a emigrar a México y Estados Unidos.
El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) no lo reconoce como un documento oficial, a pesar de contar con un resumen ejecutivo firmado por Ana María Díaz, representante residente del organismo en Guatemala.
«Este es un informe distinto a los anteriores», dice la introducción. El estudio fue realizado desde cuatro territorios: el altiplano noroccidental, la altiplanicie de la sierra de los Cuchumatanes, el Corredor Seco y las tierras bajas ubicadas al norte del país.
Esa escala, explica el reporte, permite estudiar la desigualdad social en términos espaciales y deja, además, observar la desigual disposición y distribución del Estado en el territorio nacional.
Presiones de gobierno
En junio de 2021 el informe debía ser difundido como un diagnóstico actualizado de las condiciones de vida, salud, pobreza y educación de los guatemaltecos entre 2017 y 2020. Pero en septiembre pasado, el medio guatemalteco No Ficción informó que la publicación fue detenida por presiones del presidente Alejandro Giammattei a las que cedió el PNUD.
A estos cuestionamientos, la Presidencia respondió que «el gobierno está en la mejor disposición de apoyar a Naciones Unidas y sus agencias representadas en el país, por lo que se mantiene en constantes reuniones con los representantes». Y sobre la publicación del INDH, Presidencia remitió la consulta al PNUD.
La presentación estaba programada para el 29 de junio, pero cuatro días antes la cuenta oficial de Twitter de PNUD en Guatemala anunció que reprogramaba el evento. En su sitio web, el PNUD añadió que fue «por causas de fuerza mayor» y que compartirán «oportunamente la información relacionada con el lanzamiento».
El PNUD asegura que durante el segundo semestre de 2021 continuaron la investigación y elaboración del informe «en las que han participado más de 150 personas … el Informe se encuentra en la fase final de revisión técnica y edición, previo a su publicación oficial» respondieron vía correo electrónico.
En entrevista, Diaz (representante de PNUD para Guatemala), asegura que aún no hay documento oficial. «Ese contenido que puedas tú tener, no sé en qué versión la tienes, pero mientras no esté en nuestra página web, mientras no vaya con el logo del PNUD, con mi firma, con mi autorización, para nosotros no es». La versión a la que se tuvo acceso está diagramada con los logotipos de PNUD y contiene la carta de presentación con la firma de Díaz.
Fuentes en on y off afirman que el retraso de la publicación generó inconformidades: durante una reunión entre representantes del PNUD y el gabinete de Gobierno, Giammattei alegó que temas como corrupción, narcotráfico, contrabando y género debían excluirse. «Van a decir que Guatemala es un narco estado», dijo el presidente según una fuente del proceso. También se molestó, dijo el informante, porque no abordaron las acciones del gobierno para enfrentar la pandemia del COVID-19.
Al presidente no le gusta hablar de corrupción. El día que presentó su segundo informe de gobierno, el análisis del discurso elaborado por Plaza Pública concluye que evita mencionar el término corrupción, pero se empeña en hablar de control al narcotráfico.
Sí lo detuvieron
«Como integrante del Consejo Consultivo, pero también como ciudadano y analista de un centro de pensamiento (Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales), es inevitable expresar la preocupación porque el PNUD esté retrasando su Informe de Desarrollo Humano para Guatemala», manifestó Ricardo Barrientos, quien integra el consejo del análisis del reporte, aunque no tiene que ver con los resultados, conclusiones ni errores del mismo.
Barrientos asegura que el PNUD confirmó al consejo de análisis que el gobierno sí solicito detener la publicación para incluir un análisis sobre los efectos de la pandemia.
«Es momento de una declaración pública, explicar qué es lo que está pasando. Lamentablemente está cobrando fuerza la incomodidad y la preocupación por la posibilidad de que haya sido el Gobierno el que haya censurado la versión original», dice Barrientos.
El enfoque territorial con el que se elaboró la investigación molestó a personas afines al gobierno de Giammattei, dice Barrientos: «El enfoque territorial algunos lo vinculan con movimientos reivindicativos de la defensa del territorio. La resistencia a la industria extractiva, por ejemplo».
Hay dos investigadores que dejaron la organización después del anuncio: Gustavo Arriola y Matilde González-Izás. Sobre estas salidas, PNUD aseguró vía correo que se trataba de un contrato anual que llegó a su fin.
A criterio de Barrientos, «esto despierta muchas dudas porque él (Arriola) había trabajado con el PNUD desde hace tiempo y siempre fue un profesional muy notable. A él se le puede identificar por la escuela del doctor Edelberto Torres Rivas, que fue bien conocido porque sus posicionamientos ideológicos molestaban a ciertos sectores».
No es la primera vez que un presidente lo intenta
En teoría, explica Karin Slowing, investigadora y coordinadora de los dos primeros informes de desarrollo humano en Guatemala, ni Organismo Ejecutivo ni el presidente deben tener potestad para detener estas publicaciones. Pero eso cambió en los últimos años, principalmente desde 2016.
«Es un hecho que a todos los gobiernos les asusta lo que el informe pueda decir, porque no son informes para complacer a las autoridades, sino que tratan de hacer un retrato de la realidad del país y generar una discusión que permita plantear políticas públicas para abordar las problemáticas» afirma la investigadora.
No es la primera vez que causa incomodidad. Por ejemplo, recuerda Slowing, en 2005 durante la gestión de Óscar Berger, la Segeplan asignó personas para verificar el documento.
«Al parecer no tenían ni confianza técnica y querían controlar lo que decía. En ese año, el PNUD se abrió a las interrogantes del gobierno, se permitió a los revisores evaluar los contenidos para que confirmaran que el tema se trataba con seriedad y con expertos. El PNUD mantuvo su posición ante las presiones gubernamentales», dice Slowing. Ese informe fue uno de los más difundidos e imprimieron más de 4 mil ejemplares.
La representante residente del PNUD insite que la publicación del documento no fue suspendida a solicitud del Presidente. «Una petición, que no fue solo del gobierno, fue la idea de incorporar COVID como una mirada estructural. La tuvimos desde muchos lados, esa reflexión, incluyendo los espacios regionales», dijo en una entrevista.
También sostiene que la libertad editorial del PNUD se ha respetado y que tampoco afectó la amenaza del presidente de no asistir a la presentación.
«La decisión del gobierno de ir o no ir es una decisión de ellos, eso en ningún caso es interpretado como una amenaza. Son decisiones de ellos y no influye en una decisión institucional del PNUD», indicó Diaz.
El desarrollo humano en números negativos
El índice de desarrollo humano es el indicador que refleja los avances de un país en salud, educación y calidad de vida. Este informe advierte que «desde 1990, en 2020 es la primera vez que el INDH tuvo una tasa de crecimiento negativa. Y Guatemala no fue la excepción».
Según las cifras de años anteriores, el índice comenzó a estancarse desde 2015 y en 2020 evidenció una caída de al menos el 1%.
En octubre de 2020, Alejandro Giammattei dejó claro que, bajo su gestión, Guatemala se tomaría en serio el rol de servir como muro anti inmigrantes para Estados Unidos.
El mismo día que más de 3 mil personas lucharon contra una barrera humana de policías guatemaltecos en la frontera El Florido, en el límite de Guatemala y Honduras; Giammattei dijo en cadena nacional: «se bloqueará el ingreso de estas personas que están violentando la ley, sobre todo porque están usando niños no acompañados, están haciendo escudos humanos con mujeres y ancianos, y nos están vulnerando a nosotros los guatemaltecos».
Desde esa ocasión, con el uso de la fuerza Guatemala rompe las caravanas de migrantes en el último año. En enero de 2021, por ejemplo, la represión con la que el país detuvo a los migrantes fue titular de medios internacionales, y de nuevo el pasado 15 de enero, disolvió otra caravana.
Paradójicamente, Guatemala se ha convertido en muro antiinmigrantes para las personas que intentan cruzar por este territorio para llegar a Estados Unidos. Pero según el informe del PNUD las condiciones sociales y económicas de este país empujan a los guatemaltecos a migrar a otros países.
Estos son los factores por los que los guatemaltecos migran desde los cuatro territorios analizados en el último informe del PNUD.
Altiplano: La región de donde más emigran
«En 2020, en el altiplano centro occidental residían casi 1.8 millones de habitantes: el 47 % se ubica en áreas urbanas y el 69 % se identifica como maya», describe el informe.
Esta región abarca las tierras altas de San Marcos y Quetzaltenango además de Totonicapán. Y según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), para 2016 los migrantes en EE. UU., originarios de San Marcos, Quetzaltenango y Totonicapán sumaban 345 mil 847 personas, es el 19 % de migrantes en el exterior. La cifra solo era superada por el departamento de Guatemala.
Las últimas dos Encuestas Nacionales de Condiciones de Vida (Encovi) revelan que entre 2006 y 2014 la población en pobreza aumentó 12 % en Quetzaltenango y 5.6 % en Totonicapán.
En San Marcos las cifras demuestran que la pobreza disminuyó 5 puntos porcentuales, pero es el departamento con más acentuada desigualdad y según datos oficiales, ocupa el segundo lugar en mayor número de migrantes en los Estados Unidos. También destaca entre los primeros de donde provienen más guatemaltecos que trabajan en Chiapas, México, a cambio de salarios bajos y condiciones precarias.
El consumo de bienes domésticos y servicios, la edificación de vivienda y la construcción de infraestructura comunitaria son los principales rubros donde son invertidas las remesas recibidas de los migrantes.
Corredor Seco: cuando la falta de lluvias obliga a escapar
En este territorio están los extremos sureste de Huehuetenango y noreste de Totonicapán, Quiché, Baja Verapaz, El Progreso y Zacapa. Es una zona afectada por el cambio climático y la inseguridad alimentaria. A eso se suman el comercio ilícito, narcotráfico y crimen organizado que convierte este territorio en uno de los espacios más violentos del país.
En los últimos años, las poblaciones k’iche’, chorti’ y achi’ ven atractiva la migración hacia Estados Unidos: la irregularidad en el periodo de lluvias, las escasas cosechas y la falta de empleo, según el PNUD, son los principales motivos para emigrar.
Básicamente, muchas personas salen del país en busca de alimentos. Una investigación relacionada a seguridad alimentaria y emigración en El Salvador, Guatemala y Honduras, lo confirma. En los tres países, la pobreza y la falta de alimentos son un detonante de la migración. La producción de alimentos en las familias del área rural está destinada principalmente al autoconsumo. Un pequeño excedente es el que se utiliza para ser vendido. «El hecho de perder las cosechas de un año a causa de la sequía, se convierte en una tragedia humana», resume el informe.
Los Cuchumatanes: la pobreza extrema es el motor de la migración
La región de los Cuchumatanes abarca la parte noroccidental del territorio guatemalteco, en los departamentos de Huehuetenango y Quiché. Allí creció Felipe Gómez, a 405 kilómetros de la Ciudad de Guatemala. El 25 de enero de 2019, su cuerpo fue repatriado después de que, apenas con ocho años, murió en medio de las agresivas detenciones de menores migrantes.
«Felipe había salido acompañando a Agustín, su padre, en un infortunado viaje a Estados Unidos y falleció en Nuevo México cuando era custodiado por la patrulla fronteriza de Estados Unidos», cuenta el PNUD en su informe. La familia del pequeño empeñó el terreno familiar por Q60,000 para pagar a un coyote.
El PNUD reporta que Los Cuchumatanes tiene la proporción de hogares en dependencia directa de las remesas más alta del país: asciende al 17.5 %. Aunque generan un flujo económico importante, es insuficiente para la subsistencia de las familias.
Las mediciones de pobreza evidencian que la mayoría de hogares de Huehuetenango viven en precariedad y pobreza extrema. Eso les motiva a viajar a EE.UU. pese a los conocidos riesgos.
Tierras bajas: apropiación de recursos naturales sin mayores beneficios
El territorio de las tierras bajas del norte abarca la porción más grande del sur de Petén, una parte de Alta Verapaz, Izabal e Ixcán. La actividad económica de la zona es agrícola, basadas en la apropiación de recursos naturales como la tierra y el agua.
En los últimos años, por ejemplo, creció la industria de la palma africana, pero trajo consigo la erosión y pérdida de fertilidad del suelo debido al excesivo uso de agua para su cultivo. «Cada palma, para producir en un período de tres años, requiere un mínimo de 150 a 200 litros de agua por día», describe el informe.
De ahí se derivan casos emblemáticos como el ecocidio que ha sufrido el río La Pasión, al norte de Alta Verapaz, la tercera fuente hídrica más importante del norte del país a la cual rodean siete empresas de palma africana: Tikindustrias, Naisa, Palmas del Horizonte, Unipalma, S.A., Palmas del Sur, Palmas del Ixcán y Repsa.
Aunque las empresas aseguran que generan fuentes de empleo, la realidad es que no garantizan calidad de vida para los trabajadores, quienes en más de una ocasión han denunciado en diferentes medios ilegalidades en el cumplimiento de sus derechos laborales.
Eso explica por qué a pesar del crecimiento de industrias extractivas, en Alta Verapaz, Petén e Izabal incrementaron los índices de pobreza y pobreza extrema.
En Alta Verapaz, detalla el informe, aumentó el 10% la población que sufre pobreza extrema, es la zona con los niveles más altos de pobreza extrema en el país.
En Quiché, la incidencia de pobreza reporta una disminución del 6 % pero el deterioro de las condiciones de la población incrementó la pobreza extrema en un 16.2 %. Igual ocurre en Petén e Izabal, donde ese índice aumentó en 5.7 % y 16.9 % respectivamente, entre 2011 y 2014.
La migración internacional en las tierras bajas incrementa, especialmente en el sur de Petén donde, según el Censo 2018, en 4 de cada 10 hogares un familiar había emigrado.
«Esto pone en duda los impactos positivos de las actuales estructuras productivas, como el incremento de proyectos de agroindustria, ampliación de hidroeléctricas y minería para la población de la región», apunta el PNUD.
Efectos tan preocupantes acarrean actividades como la minería, desarrollada sin mecanismos para reconocer derechos ancestrales, además de contaminar fuentes de agua. O bien, las hidroeléctricas, que se han establecido en la región sin consultas previas a la población y han detonado conflictos sociales.
No solo esta zona enfrenta estas problemáticas. Según el PNUD, las actividades mineras del Valle de Palajunoj, al sur de Quetzaltenango, ocasionaron inundaciones de casas y cultivos y un gran deterioro ambiental. En el Corredor Seco, la hidroeléctrica Chixoy fue presentada como un caso donde se priorizaron cuestiones técnicas sobre asuntos sociales. Lo mismo ha sucedido con algunas hidroeléctricas ubicadas en los Cuchumatanes.
«Los medios de vida y los significados del lugar para sus habitantes fueron subestimados. Ningún científico social, conocedor de las lenguas mayas de la zona, participó en la evaluación de los posibles efectos del proyecto sobre los espacios de vida de los pobladores de la cuenca y sus alrededores», detalla el documento.
El PNUD atribuye el atraso de la publicación a una demora en la edición y verificación de datos y asegura que el informe será presentado durante el primer cuatrimestre de este año.
Son investigadores internacionales quienes, desde hace seis meses, editan el reporte para eliminar los temas que incomodaron al mandatario, confirmó una fuente que pidió el anonimato. Pese a que el informe no atacaba directamente su gestión, Giammattei logró retrasar la publicación.
Se publique o no, concluye Ricardo Barrientos, la credibilidad de este informe ya está dañada. «El simple retraso en su publicación y la falta de comunicación pública del PNUD ya tiene condenado el informe, hay un daño irreversible respecto a su credibilidad (…) Sería gravísimo que un Programa de Naciones Unidas se esté plegando a la censura de un gobierno”, concluye.
Lea también la entrevista con Ana María Díaz, representante residente del organismo en Guatemala.
Este reportaje, originado de una filtración, se realiza a partir de la alianza de medios Guatemala Leaks conformada por Agencia Ocote, ConCriterio, No-Ficción, Ojoconmipisto y Plaza Pública.
