Algunas tienen un portal electrónico donde está todo, menos cómo ejecutan su presupuesto, y otras no lo actualizan desde el año pasado.
Por Carmen Maldonado Valle
Todas las instituciones estatales deben divulgar y mantener al día sus datos de oficio, según el artículo 10 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP). Presupuesto, sueldos, empleados, bienes: Todo debe estar disponible para los ciudadanos, pero en el país hay 18 municipalidades que no cumplen con este requerimiento.
Ojoconmipisto revisó los portales electrónicos de las alcaldías y encontró cuatro donde la sección de acceso a la información pública está vacía. Por ejemplo, en el portal de San Pablo la Laguna, Sololá, se encuentran las casillas donde iría cada archivo municipal, pero al entrar en ellas no hay nada.
“Es un problema temporal con el servidor, pero lo vamos a resolver para que encuentren todo allí”, dice el alcalde Juan Ujpán, aunque en el informe de 2020 de la Secretaría de Acceso a la Información Pública (Secai) del Procurador de Derechos Humanos se dio a conocer que en septiembre pasado ya estaba este problema y la comuna solo divulgaba el 11 por ciento de la papelería obligatoria.
Lo mismo sucede con el sitio web de la municipalidad de San José Chacayá, Sololá, y en el de Río Hondo, Zacapa. En este se puede acceder a todas las pestañas, pero no a la de documentos de oficio.
En el portal de San Vicente Pacaya, Escuintla, se dan a conocer todas las inversiones de la municipalidad, excepto cuánto gasta en sueldos y dietas. Tampoco se puede acceder a su directorio de trabajadores. Por otro lado, en Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá, lo único disponible son los nombres de los empleados, pero no cuánto devengan.
“Eso no es cierto. Nosotros tenemos todo en línea y los habitantes lo pueden ver”, asevera el jefe edil Pascual Tambriz. Se corroboró la dirección y se revisó de nuevo, pero los datos no aparecieron.
De acuerdo con la titular de la Secai, Lilian Sierra, en los últimos dos años se alertó a las comunas sobre esta deficiencia y por eso la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam) dio un espacio en su página web para que cada una tuviera dónde divulgar su información sin pagar un servidor extra. “También les sugerimos formatos para ordenar el contenido y actualizarlo sin que les tomara mucho tiempo o fuera complicado, pero algunas aún no acatan la norma».
Otro caso es el de San Juan Ixcoy, Huehuetenango, donde al tratar de ingresar al sitio de la alcaldía, solo aparece que el dominio expiró. “Según yo sí funciona, pero gracias por avisar. Ahora lo revisamos”, dijo el encargado de mantenerlo al día, José Ángel Pablo. La Secai se comunicó con él dos días después y obtuvo la misma respuesta.
Qué sucede si no lo arreglan
A decir de Sierra, la titular de la Secai, cada año se realizan dos supervisiones en las instituciones públicas. En la primera se determina el nivel de cumplimiento respecto a divulgar documentos de oficio y se hacen recomendaciones para resolver las falencias.
“En 60 días ocurre la segunda inspección. Si aún no se resuelven los problemas, se abre un expediente y se denuncia ante el Ministerio Público (MP) por retención de información”, añade Sierra. Esto también se informa a la Contraloría General de Cuentas para que lo tome en cuenta al auditar a las instituciones.
El MP recibe cada año un promedio de 20 denuncias por retención de información. Si se comprueba la comisión de este delito, se sanciona con uno a tres años de prisión y una multa Q10 mil a Q50 mil, de acuerdo con la LAIP.
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