Human Rights Watch presentó el informe “Sin agua no somos nada”. En él, se evidenció que existen grandes brechas en el acceso al agua y servicios de saneamiento en el país.
Por Kristhal Figueroa
María Osorio está acostumbrada a no beber más de un vaso de agua al día y a bañarse solo una vez a la semana. Su casa no tiene un inodoro, por lo que comparte un pozo ciego (un agujeron en el suelo) con otras seis personas.
A su hogar, ubicado en Santa María Chiquimula, Totonicapán, no llega el agua. Esto la obliga a caminar dos horas, ida y vuelta, a recolectarla de un pozo o barranco, tres veces a la semana. A veces, a la mujer de 41 años la acompañan sus hijos de 5, 12 y 17, quienes se enferman de manera constante de diarrea o síntomas de gripe.
La comida en el hogar de Osorio es escasa. Su familia solo se alimenta dos veces al día, usualmente, de frijoles o fideos. La escasez de agua les impide cultivar alimentos. Este líquido es “lo que más necesitamos”, dice en entrevista con Human Rights Watch (HRW).
Millones de personas en Guatemala enfrentan las mismas condiciones que Osorio. Según el informe “Sin agua no somos nada” de HRW, estas condiciones son el reflejo de la discriminación estructural, la pobreza y las desigualdades que persisten en el país.
Acceso al agua, un indicador de desigualdad
Guatemala tiene más agua dulce que el promedio a nivel global. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, en inglés), en 2022 el país contaba con aproximadamente 7.167 metros cúbicos de agua per cápita. “Un nivel muy por encima del umbral de “estrés hídrico” o del nivel de “escasez de agua”, calculados en 1.700 metros cúbicos y 1.000 metros cúbicos al año, respectivamente”, indica el informe de HRW.
Sin embargo, no cuenta con mecanismos regulatorios ni la infraestructura que garantice el acceso a toda la población. Esto es resultado de la inexistencia de una ley de aguas.
El 40 % de los hogares en Guatemala no tienen conexión a agua intradomiciliaria. El departamento más afectado es Alta Verapaz, donde solo el 28 % accede a este servicio. Según el estudio de HRW, esta situación afecta mayormente a las comunidades indígenas.
Incluso los hogares que tienen una conexión intradomiciliaria no acceden al agua de manera permanente. A nivel nacional, solo el 30 % de los hogares tienen agua todos los días y solo el 19 % acceden al servicio las 24 horas del día.
En Alta Verapaz, de nuevo, la situación empeora: solo el 12 % tiene agua todos los días y solo el 10 % durante las 24 horas del día.
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Para la elaboración del estudio, HRW entrevistó a habitantes de los departamentos de Totonicapán, Santa Rosa y Jalapa. Los entrevistados señalaron que el agua a la que acceden tiene mal olor o residuos sólidos. Únicamente en el 34 % de los casos se observa cloro residual que permite identificar desinfección y solo en el 53 % de ellos se monitorea la calidad biológica.
Los efectos: enfermedades y muertes
Según el estudio, quienes carecen de servicio de agua intradomiciliar dependen de pozos, ríos o lagos. Sin embargo, el 90 % de las fuentes de agua en Guatemala están contaminadas. Esto impacta de manera negativa en la salud de las familias que la consumen. Según las entrevistas conducidas por HRW, las personas experimentan dolores de estómago, vómitos, fiebres y diarrea.
La salud de la población también está marcada por la carencia de otros servicios, como el acceso a una red de drenaje. Solo el 42 % de los hogares tienen un inodoro conectado a una. Como resultado, el 31 % de la población a nivel nacional utiliza letrinas o pozos y el 3 % no cuenta con ningún tipo de servicio. Estas ausencias contribuyen también a la contaminación de las fuentes de agua.
En América, la tasa promedio de mortalidad atribuida a agua y saneamiento inseguro y falta de higiene es de 5 % por cada 100 mil habitantes. En Guatemala, la cifra se triplica a 15.3 %.
Esto muestra que “incluso en una región que tiene, sin duda, desigualdades y problemas de generación de acceso a agua para distintas comunidades rurales indígenas, Guatemala está en la peor situación”, dice Juanita Goerbertus, directora de la División de las Américas de HRW.
La necesidad de una ley de aguas
Esta realidad, demostrada en el informe, evidencia la importancia de formular y aprobar mecanismos regulatorios en materia de agua y saneamiento. También evidencia la necesidad de construir infraestructura que permita el acceso a este derecho humano para toda la población guatemalteca.
“Guatemala tiene hoy una oportunidad única. El gobierno del presidente Bernardo Arévalo ha iniciado un proceso participativo para la elaboración de una ley de agua. Si bien una norma no es suficiente, sin duda contemplar el derecho humano al agua como parte del desarrollo sería un paso fundamental”, señala Goerbertus, en la presentación del informe.
Goerbertus resume las recomendaciones en cuatro durante la conferencia de prensa. La primera es instar al Congreso de la República a aprobar la iniciativa de ley de aguas que garantice “un verdadero sistema de acceso a aguas”, dice.
En segundo lugar, la organización reconoce la necesidad de establecer un sistema regulatorio y financiero que permita el acceso al agua para todos los sectores de la población. Así mismo, señala la importancia de establecer un régimen de sanciones para quienes contaminan sus fuentes o amenazan su disponibilidad, por ejemplo, con el desvío de ríos.
Como último punto, HRW recomienda establecer derechos y obligaciones para las comunidades indígenas sobre sus costumbres relativas al uso del agua. La formulación de la ley de aguas, según Goerbertus, debe partir de los aprendizajes de estos pueblos.
Esta nota es producto del Diplomado Fundamentos de la Conservación de la Naturaleza, apoyado por la Fundación Luis von Ahn y Defensores de la Naturaleza, coordinado por Laboratorio de Medios. Los autores son responsables del contenido.
