Miguel López Barahona fue condenado a tres años de prisión conmutables por falsedad ideológica. Se le recuerda por usurpar la alcaldía de Pastores.
Por Ana Valdez
A Miguel López Barahona se le conoce como el alcalde usurpador de Pastores, Sacatepéquez. Resumen del porqué: en 2019 se postuló para alcalde, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) revocó su candidatura, su comité cívico ganó y su concejal I asumió como alcalde.
Dos años después de las elecciones la Corte de Constitucionalidad resolvió que podía participar en las elecciones. Sin más, Barhona usurpó el cargo de alcalde. El martes 2 de junio (2026) el Tribunal de Sentencia Penal Narcoatctividad y Delitos contra el Ambiente de Sololá lo sentenció a tres años de prisión conmutables por el delito de falsedad ideológica en el caso del balneario de las Aguas Calientes. El motivo por el cual el TSE lo dejó fuera de la contienda.
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El caso de Aguas Calientes
Durante cuatro períodos consecutivos, Barhota fue alcalde de Pastores, por el comité cívico Movimiento de Unidad Pastorense (MUP). Con la sentencia quedó inhabilitado para participar a cargos de elección popular.
El juicio que recién libró (aún no apela) es uno de los varios que tiene pendientes impulsados por el Ministerio Público (MP).
El caso se remonta a marzo de 2016 cuando la Sala Regional Mixta de Apelaciones de Sacatepéquez resolvió con lugar el antejuicio en su contra. Dos años después, en marzo de 2018, el Juzgado de Primera Instancia Penal de Sacatepéquez presidido por Mélida Vásquez, lo envió a juicio por el delito de falsificación ideológica.
La jueza fijó como inicio del proceso el 17 de mayo de 2019. Encontró indicios de haber falsificado una escritura pública el 20 de mayo de 2008, donde consta que su propietario, Juan Mini, le había donado de forma verbal a favor de la municipalidad el inmueble del balneario Aguas Calientes, en San Lorenzo, El Tejar.
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La Fiscalía Contra la Corrupción demostró que el propietario murió dos años antes de la supuesta donación, lo que imposibilitó la certeza jurídica del documento que presentó Barahona.
La acusación inicial la interpuso Mario Miranda Letona. En octubre de 2017 el juez Rocael Girón favoreció a López y aseguró que el Ministerio Público (MP) no presentó una investigación profunda que determinara la propiedad del inmueble. El exjefe edil siempre negó las acusaciones y presentó a lo largo del proceso amparos y apelaciones.
