Los pobladores bloquearon la ruta Interamericana para exigir soluciones ante el diferendo territorial con su municipio vecino. Si no participaban, serían marginados y penalizados.
Por Carmen Maldonado Valle
El 17 de agosto el mercado de Nahualá, Sololá, amaneció en silencio. Los vendedores no podrían abrir los comercios porque, según una circular enviada por la municipalidad, debían acudir a protestar en contra del Gobierno por la falta de soluciones ante el conflicto territorial con Santa Catarina Ixtahuacán, el municipio contiguo.
En el límite entre estos municipios hay 24 caballerías de terreno que ninguno de los dos puede asegurar a dónde pertenecen, pero ambos las asumen como propias. “Los gobernantes ofrecieron determinarlo hace años. En 2020 el vicepresidente medió entre ambos pueblos para llegar a un acuerdo, pero luego nos abandonó y nos dejó en las mismas”, se queja Pascual Támbriz, el jefe edil de Santa Catarina Ixtahuacán.
De acuerdo con él, al no ver avances, los representantes comunitarios dialogaron y determinaron dejar 12 caballerías para un municipio y 12 para el otro, “pero como no se estableció con papeles, los cuales habría dado vicepresidencia si hubiera cumplido su promesa, personas de las dos ciudades viven allí y el conflicto sigue porque no hay límites. La gente aún se enfrenta y muchos mueren”, lamenta.
Para exigir al Gobierno documentar la barrera territorial entre las ciudades, los vecinos de Nahualá bloquearon la carretera interamericana y, a decir de uno de los pobladores, Lázaro Suc, era obligatorio. Si las personas no asistían, los comunitarios se reunirían y decidirían cómo penalizarlos.
“Tal vez algunos no querían, pero se debe seguir la orden porque de lo contrario viene un castigo. Además, los desobedientes ya no son vistos igual, pero no es porque los demás los discriminemos. Ellos solos decidieron marginarse”, explica Suc. Además, cuenta, esto es una costumbre para cualquier movilización, porque quienes no anteponen el interés grupal sobre el personal son considerados egoístas.
La ley no siempre es la referencia
A decir del abogado Edgar Ortiz, estas prácticas pueden considerarse como coacción, la cual se sanciona con seis meses a dos años de prisión, como establece el Código Penal. Aun así, añade, “depende del ámbito, porque el Ministerio Público lo puede investigar y tal vez se alcance una sentencia, pero entra en conflicto con el derecho consuetudinario y ese es el que rige al municipio”.
Ojoconmipisto entrevistó a un vecino en contra de la protesta, quien pidió no ser citado para evitar represalias. Para él, no abrir su tienda representa no tener ingresos suficientes para alimentar a sus hijos. “Pensé en denunciar, pero aunque gane, después la comunidad me va a odiar. Si necesito ayuda algún día, no me la van a dar; si me asaltan, nadie va a testificar”, dice, entonces decidió acatar la orden de bloquear la ruta.
Ante los disturbios, vicepresidencia emitió un comunicado en Twitter, donde afirmó tener en pausa las negociaciones porque el año pasado se pidió a los representantes de ambos municipios sus propuestas para resolver el diferendo, pero solo Nahualá envió la suya en 2020, se lee en el documento.
El alcalde de Santa Catarina Ixtahuacán lo niega: “Nosotros también propusimos la solución cuando nos la pidieron. Fue el Gobierno quien nos dejó tirados. ¿Cómo no nos va a interesar acabar con las peleas de una vez? La gente desaparece o se muere en cada enfrentamiento”.
🔴 ¿Qué dice Vicepresidencia por el conflicto entre Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán?
— Stereo100Noticias (@stereo100xela) August 17, 2021
Este martes, Vicepresidencia de Guatemala emite comunicado sobre dialogo para solucionar el conflicto territorial entre #Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán, #Sololá.
Vía @FCastellanos25 pic.twitter.com/bFyDIg1tv5
El derecho también es tierra de nadie
Álvaro Pop es expresidente del Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas ante la Organización de Naciones Unidas. A su criterio, el no saber qué tipo de Derecho prima cuando se ordena a los habitantes protestar solo evidencia las consecuencias de no tener una ley de conciliación entre ambos tipos de normas.
En otros países, “gracias a esa regulación, la ley occidental delega a la costumbre indígena la resolución de ciertas faltas en territorios determinados y así ambas son reconocidas. También establece los límites entre ellas”, explica. “Aquí, en cambio, decimos que se valida el derecho consuetudinario, pero en la práctica lo ponen en duda”, añade.
A decir de Pop, protestar también puede ser calificado como inconsistente por parte de la comunidad, “porque alguien no se adhiere a las obligaciones y eso se respeta, pero entonces también debería rechazar cuando los habitantes por costumbre gestionan el acceso eficiente al agua, reparan las calles o ayudan a los vecinos necesitados”, concluye.
Para esta nota se intentó contactar al alcalde de Nahualá, quien firmó la nota donde se recordaba a los vecinos el deber de asistir a los bloqueos. En las tres ocasiones dijo no poder atender porque aún estaba en la manifestación y prometió devolver la llamada. Al cierre de esta nota eso no sucedió.
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