En tiempos de pandemia los alcaldes priorizaron las obras poco transparentes en el sector salud

19 marzo 2023

Entre los años 2020 y 2022, las municipalidades relegaron la inversión en salud al ministerio a través de obras poco transparentes. Así lo explica este reportaje con la Red Palta.

Ilustración: OjoPúblico / Claudia Calderón

Por Isaias Morales y Daniel de León
Edición Ana Carolina Alpírez

El centro de Salud de San Andrés Itzapa, Chimaltenango, ya rebasó su capacidad de atención. Esto fue evidente en la pandemia cuando el personal médico necesitó practicar hisopados y vacunar en las escuelas y en el salón municipal por falta de espacio.

De acuerdo con el personal médico consultado, la unidad ubicada en el casco urbano solo atiende consultas generales. Ahora no tiene espacio para habilitar un área para pacientes con covid-19 o para realizar pruebas. Todo lo relacionado con la pandemia lo ve el personal sanitario fuera de sus instalaciones. 

El centro de salud de San Andrés Itzapa se remozó por última vez en 2011 : Ojocomipisto.

San Andrés Itzapa es el primero de diez municipios urbanos con menor Índice Nacional de Desarrollo Humano (INDH) analizados por la Red Palta para esta investigación regional. El proyecto describe cómo los gobiernos locales optaron, durante la pandemia, por relegar la atención sanitaria para enfocarse en otros proyectos considerados más necesarios. 

Y lo que sucede con el centro de salud es solo un ejemplo. La emergencia evidenció la necesidad de contar con uno más amplio y aun cuando la municipalidad tenía un para construirlo, no lo hizo. 

El ministerio de Salud lo remozó en 2011 y siete años después, en 2018, reparó el sistema eléctrico que se vio afectado por la erupción del volcán de Fuego que dañó tres departamentos y causó la muerte de más de 300 muertos y la desaparición de al menos 230.

Esta localidad de 31,000 habitantes registró 1,641 contagios, practicó 7,725 pruebas durante la pandemia. La mitad de la población recibió ambas dosis de la vacuna contra el coronavirus, pero 21 personas fallecieron. Entre ellas, el alcalde.

Las prioridades atendidas

La alcaldía de San Andrés Itzapa, en medio de la emergencia, se centró en dos aspectos. Bachear calles por Q5,522,533 (US$ 717,212) y llevar agua entubada por Q5,593,304 (US$ 726,403). Si bien abastecer fue una de sus prioridades, no licitó la construcción de drenajes o mejoras en el servicio. 

Ojoconmipisto intentó conversar con el alcalde Leivin Dionel Sai Sai en sus oficinas, pero no lo atendió. Tampoco respondió las llamadas posteriores. La directora de planificación, Silvia Camey, se limitó a decir que el terreno para el nuevo centro de salud está rodeado de propiedades privadas. Lo compró la administración anterior, en 2018, por un valor de Q219,828 (US$ 28,549). Sin embargo, no negoció una ruta de acceso. 

Sai Sai asumió el 8 de marzo de 2022 tras suceder Francisco Tojin Vásquez, quien falleció a consecuencia de la covid-19. El exfuncionario recibió la segunda dosis de la vacuna en agosto de 2021.

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Improvisación en la pandemia

La investigación realizada por Ojoconmipisto con la Red Palta identificó que el 49 por ciento de 3,150 concursos del país se realizaron para proyectos de obras poco transparentes. 

Entre los diez municipios de la muestra, el más afectado en la pandemia cuando se habla de personas fallecidas por covid-19 fue San Lucas Sacatepéquez. Este registró una tasa de 464 por cada 100 mil habitantes. 

Su mayor gasto fue invertir Q5,052,000 (US$ 656,103) en llevar agua potable a la aldea Choacorral, mediante la perforación de un pozo y la construcción de un tanque de almacenamiento y distribución. Los trabajos estarán listos en agosto de este año.

En tanto, la capital guatemalteca que tiene el Indice de Desarrollo Humano más alto (0.79 versus 0.62) se centró en comprar insumos de protección para los empleados municipales y los vecinos. También dotó de cisternas de agua los pobladores de las zonas periféricas que salieron a las calles por los problemas de abastecimiento

Miguel Ovalle, alcalde de Salcajá y expresidente de la Asociación Nacional de Municipalidades, justifica la prioridad dada a la ejecución a la obra gris en que las alcaldías debieron improvisar y modificar sus Planes Operativos Anuales (POA) sobre la marcha.

Si bien los gobiernos locales tienen la obligación de incluir proyectos de salud, educación, seguridad y saneamiento a través de los Consejos de Desarrollo –organización presidida por el gobernador departamental–, las prioridades las definen junto el gobierno central y estas cambian cada año.

En tanto que Karin Slowing, extitular de la Secretaría General de la Presidencia y cofundadora de Laboratorio de Datos, un centro de pensamiento que surgió a raíz de la pandemia, lo ve de otra manera. La respuesta de las municipalidades fue limitada porque el ministerio de Salud centralizó las decisiones.

Salud, según la entrevistada – médica de profesión–, operó en las diferentes localidades con su personal limitado y con sus propios recursos. No siempre pidió apoyo local y esto implicó que la atención médica y las vacunas no llegaran a todas las comunidades. 

Las municipalidades tampoco hicieron propio dar una respuesta integral a la pandemia.

Esta es una investigación de la Red de Periodistas de América Latina
para la Transparencia y la Anticorrupción (Red Palta).

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