Las municipalidades los empleaban para facilitar las compras, pero con las reformas del 2015 perdieron los “privilegios” que otorgaban.
Por Gérman Gómez
Hay diez municipalidades que emplean fideicomisos para adquirir bienes y servicios. Es una figura legal que permite gestionar fondos y ejecutar proyectos específicos. Todo queda normado bajo un contrato solemne, es decir, en una escritura pública. Villa Nueva es una de esas alcaldías que los emplea con frecuencia.
Ojoconmipisto documentó, en julio de 2024, la construcción de sistemas de agua potable bajo fideicomiso. Fueron dos obras que suman Q7 millones. TuMuni también lo usa para gestionar los buses de la ciudad de Guatemala, a través de la Empresa Municipal de Transporte.
Aparte de utilizarlos, las comunas, como TuMuni, pagan servicios de auditoría externa para llevar el control financiero de los fideicomisos que tienen. En 2024, la municipalidad de Guatemala ha pagado Q370 mil en estas gestiones. El proveedor beneficiado fue Del Valle & Ortiz, Consultoría y Servicios, Sociedad Anónima.
¿Qué es un fideicomiso?
Los fideicomisos son figuras jurídicas que permiten transferir bienes o derechos a un tercero, para que los administre y destine los fondos que generan a un fin específico. Las municipalidades los emplean para canalizar recursos en proyectos concretos. Herramienta que les otorga mayor flexibilidad y control sobre su administración.
Ejemplo: en el caso de las municipalidades, estas destinan los recursos de una entidad propia, como las empresas municipales de agua, para que los administre y gestione una entidad bancaria. Los fondos que se generen con ellos, se destinan a proyectos específicos, como la construcción de nuevos pozos. Todo queda plasmado en una escritura pública. El banco gana un porcentaje de dinero por esta función.
Existen tres elementos “obligatorios” para este tipo de contratos.
- Fideicomitente: la persona que transfiere los derechos o bienes.
- Fiduciario: la entidad que los administra, en este caso, una institución bancaria o financiera del país.
- Fideicomisario: hace referencia a los beneficiarios del contrato. En la gestión municipal son dependencias específicas. El Fideicomitente puede designarse a sí mismo con este rol, pero jamás lo podrá ser el fiduciario.
La institución financiera (fiduciario) gana un porcentaje por administrar los recursos del fideicomitente. Según Hugo Maúl, presidente del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), los fideicomisos son más “actos” legales que económicos.
En la actualidad existe el Portal de Fideicomisos, el cual lleva control de los que existen en el sector público del país.
El marco legal y las reformas de 2015
El Código de Comercio en sus artículos del 766 al 793 detalla la ejecución de esta figura legal. Sin embargo, la norma es mercantil (derecho privado) y no del ámbito legal público. En Guatemala no existe una ley propia para estos fideicomisos.
En 2015 el Congreso de la República a través del decreto 9-15 modificó la Ley de Contrataciones del Estado. En las nuevas disposiciones legales se suprimieron los “privilegios” que otorgaban los fideicomisos públicos. Estos permitían adquirir bienes y servicios sin cumplir los procesos de licitación y cotización.
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Rony Linares, analista municipal, sostiene que la figura legal de los fideicomisos perdió vigencia con estas reformas. En este sentido, debería desaparecer del “radar de las municipalidades” para adquirir bienes y servicios.
Un análisis de las reformas a la Ley de Contrataciones del Estado de 2015 del CIEN, indica que “los fideicomisos ya no tienen ninguna ventaja comparativa, en términos de ejecución”, por lo que no tendrían “razón de existir”.
El origen
Antes del terremoto de 1976, los fideicomisos solo eran empleados en el sector privado del país. Sin embargo, a partir del desastre natural, el Estado los incorporó a la gestión pública. La razón: hacer más fáciles las compras y adquisiciones públicas, bajo un mecanismo “legal y transparente”.
Los fideicomisos estuvieron prohibidos en el país hasta 1945. La constitución política de ese año, en el artículo 28, los legalizó. Sin embargo, la normativa no aplicaba a entidades religiosas. En la actualidad no existe ley que lo impida explícitamente.
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Por Mirja Valdés
Mirja Valdés
Quetzalteca que estudió Técnico en Periodismo y Licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Universidad de San Carlos. Reportera y editora en varios medios. Me gusta lo que hago. También los gatos 🐈.