Es señalado de desviar Q25 millones de las arcas municipales. La fiscalía acusa a otras 17 personas de pertenecer a una estructura que habría liderado el exfuncionario edil.
Por Isaias Morales
La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP) pidió al Tribunal C de Mayor Riesgo que Arnoldo Medrano, cinco veces alcalde de Chinautla, sea condenado a 26 años de prisión por asociación ilícita, fraude y lavado de dinero u otros activos.
La petición se hizo después de que los jueces escucharan a testigos y pruebas que la fiscalía presentó sobre una estructura que habría dirigido Medrano. Junto a él también podrían enfrentar una condena otras 17 personas con los que el exfuncionario mantuvo vínculos laborales y familiares en el período 2008-2012.
La FECI confirmó ante el tribunal que el exalcalde colocó una red familiar y de allegados en el concejo municipal. El objetivo fue adjudicar siete obras valoradas en Q25 millones a una red de once empresas, cuyo contador Gustavo Soto Osorio era el auditor interno de la comuna, y a quien las autoridades detuvieron en febrero de 2018.
La investigación señala que posterior a crearse estas empresas de cartón, los fondos se transferían mediante depósitos a plazos fijos. Entre los beneficiarios figuraron los hijos del exjefe edil, Gustavo Medrano y Edgar Medrano; también María Osorio y Arison Cordón Morales, esposa y nuera, respectivamente.
La FECI pidió al tribunal que, además de ser condenados a cárcel, Medrano pague una multa de Q25 millones, el mismo monto del desvío.
Testigos delatan a Medrano
El juicio comenzó en diciembre de 2019 y podría finalizar en los próximos días cuando el tribunal dé a conocer su fallo. Entre las pruebas que la fiscalía presentó figura el testimonio de un colaborador eficaz. Se trata de Max Muralles, ex representante legal de constructora La Lagunilla, una de las beneficiadas con contratos municipales. Confirmó que Medrano creó mecanismos para beneficiar a una red de contratistas con vínculos familiares.
Otro que implicó a Medrano fue Ricardo Gouboud, exconcejal séptimo. Según él, lo coaccionó para dejar el cargo y que la vacante la asumiera la esposa del exalcalde María Osorio.
La investigación del caso “un negocio de familia” comenzó con una denuncia de la Intendencia de Verificación Especial (IVE) que presentó al MP, el 1 de diciembre de 2011. Esta alerta detectada fue el punto de partida para la FECI, junto a la CICIG, para judicializar el caso y realizar operativos el 11 de julio de 2017.
Entre la lista de 18 señalados destacan constructores, extrabajadores municipales y parientes del exalcalde.
Un familiar de él que aún no enfrenta proceso es Gustavo Medrano, su hijo, quien fue diputado en el anterior período. Compitió sin éxito en las elecciones de su municipio en 2019, con el Partido Unionista, al perder la inmunidad por lavado de dinero y asociación ilícita, por este mismo caso.
Arnoldo Medrano podría enfrentar su segunda sentencia en los próximos días. La primera condena fue de nueve años por el caso de cobro irregular del IUSI, pero la pena se redujo a seis años, en noviembre de 2016.
Mientras que en el caso Vivienda Digna, a cargo de la Fiscalía Contra la Corrupción resultó absuelto en junio de 2019 porque las pruebas presentadas no fueron suficientes, se le eximió de uno.
Lee más sobre el caso acá: “Un negocio de familia”: Estructura habría malversado Q25 millones en alcaldía de Chinautla
