La propuesta de la diputada Lucrecia Palomo no es tan fácil de ejecutar, según el abogado Juan Pablo Gramajo.

Por Pilar Rodríguez
Ante los ataques por parte de pandilleros el domingo 18 de enero, el organismo Ejecutivo declaró estado de sitio por medio del acuerdo gubernativo 1-2026.
Fue sometido a discusión en el Congreso de la República y aprobado con 149 votos con enmiendas. Pese a esto, surgieron discusiones sobre otras medidas a tomar, como la pena de muerte.
Las probabilidades de la pena de muerte
La diputada por el partido Unionista, Lucrecia Palomo, instó a reestablecer la pena de muerte en el país.
El abogado Juan Pablo Gramajo explica que Guatemala forma parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH). El tratado internacional prohibe establecer pena de muerte para delitos que no la tuvieran establecida antes de la adopción del convenio. Restablecerla implicaría violar la CADH.
La Corte de Constitucionalidad, además, declaró inconstitucionales los artículos del Código Penal que establecían la pena de muerte. Consideró que se fundamentaban en una apreciación subjetiva de la peligrosidad del condenado, explicó Gramajo.
⚖️🗣️ Reactivar la pena de muerte en Guatemala es lo que sugiere la diputada Lucrecia Marroquín, quien afirma que se trata de un pendiente del Estado con la población. La legisladora sostiene que esta medida debería aplicarse a grupos declarados terroristas.#Congreso #Seguridad… pic.twitter.com/htQlrDZU2r
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Gramajo estableció en su tesis doctoral “Crisis y Degeneración Constitucional: Evaluación de su situación y desempeño en Guatemala” (2024) que las constituciones guatemaltecas históricamente reconocieron la facultad de indulto, o “perdón”, para delitos de diversa naturaleza.
“La anterior Ley del Organismo Ejecutivo establecía la competencia del Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Gobernación, para conocer y resolver el recurso de gracia”, dijo. Se derogó en 1997 al promulgarse la nueva y actual Ley del organismo.
“Esto generó un vacío legal en cuya virtud, mientras no exista una autoridad competente para agotar el recurso de gracia, no puede ejecutarse la pena de muerte en el país”.
Sobre la portación de armas
El lunes 19 de enero, el Congreso aprobó el estado de sitio con un total de 149 votos. Al acuerdo gubernativo publicado ese mismo día por el presidente Bernardo Arévalo, se le hicieron enmiendas.
Una de las más significativas fue al Artículo 4. Se sustituyó completamente para así eliminar la restricción del segundo párrafo del artículo 38 de la Constitución.

Con la eliminación de esto, los ciudadanos pueden portar armas con su debida licencia. Gramajo recomienda evitar aglomeraciones.