La iniciativa 6710 recibió dictamen desfavorable de la Comisión de Asuntos Municipales por posibles conflictos con la autonomía municipal y duplicidad de competencias entre instituciones.
Por Pilar Rodríguez
Llegar de Mixco o Villa Nueva a la zona 1 de la capital implica un recorrido de no menos de dos horas en el tráfico, sea en carro particular o bus esos 12 y 20 kilómetros. A esta incomodidad se suma la basura que ningún alcalde logra resolver a solas. Especialistas coinciden en que los municipios del área metropolitana deben atender en conjunto sus problemas comunes.
Se intentó, pero el Congreso dijo no. La Comisión de Asuntos Municipales del Congreso emitió un dictamen desfavorable sobre la iniciativa 6710, Ley de la Región Metropolitana. Considera que varios de sus artículos podrían vulnerar la autonomía municipal, duplicar competencias y generar conflictos legales.
La propuesta, presentada por 11 diputados se envió a la Comisión de Asuntos Municipales y a la de Descentralización y Desarrollo el 26 de febrero de 2026, pretendía desarrollar el artículo 231 de la Constitución, que contempla la creación de una región metropolitana integrada por la ciudad de Guatemala y su área de influencia urbana. Para ordenar –entre otros– el transporte, los desechos y el agua.
Los 11 diputados y 11 municipios
Los ponentes fueron del partido en formación Raíces:
- Andrea Beatriz Villagrán Antón
- David Mauricio Illescas Sandoval
- Andrea María Reyes Zecena
- Elena Sofía Motta Kolleff
- Samuel Andrés Pérez Álvarez
- Román Wilfredo Castellanos Caal
- Ronalth Iván Ochaeta Aguilar
- José Orlando Pérez Marroquín
- José Diego Toledo Cruz
- Luis Antonio Cáceres Gamarro
- Mercedes del Rosario Monzón Escobedo
El proyecto incluía a Guatemala, Villa Nueva, Santa Catarina Pinula, Chinautla, Palencia, San Juan Sacatepéquez, San Miguel Petapa, Fraijanes, Villa Canales, Mixco y Amatitlán. La intención era establecer una estructura que permitiera planificar y ejecutar proyectos de impacto regional, en lugar de que cada municipalidad atendiera por separado problemas que afectan a varios municipios.
La discusión llegó a una mesa técnica el 24 de marzo de 2026 con autoridades municipales, de Segeplan, la SAT y la Gobernación Departamental de Guatemala. Allí advirtieron que el proyecto vulnera la autonomía municipal al trasladar a una nueva entidad competencias exclusivas sobre agua, saneamiento, movilidad, transporte público, desechos sólidos, vivienda y ordenamiento territorial, establecidas en el artículo 5.
Tenemos esta conversación: La Región Metropolitana no sucede por falta de voluntad política
Para la comisión, el proyecto vulneraba las atribuciones locales al trasladar competencias de servicios a una autoridad supramunicipal. Además, el análisis jurídico cuestionó que el Consejo de la Región Metropolitana fuera dirigido por un coordinador nombrado por el presidente de la República con voto dirimente, lo cual otorgaría al Ejecutivo una influencia determinante sobre asuntos municipales.
La Contraloría General de Cuentas advirtió en su opinión consultiva que el proyecto afectaba la autonomía municipal al trasladar competencias de agua, transporte y desechos sólidos a una nueva entidad. También cuestionó la creación de otra estructura metropolitana en un territorio donde ya opera una región dentro del Sistema de Consejos de Desarrollo.
El financiamiento fue otro de los puntos discutidos. El artículo 24 proponía distintas fuentes de recursos, entre ellas la asignación del 10% de los aportes destinados a los Consejos Departamentales de Desarrollo. La comisión consideró que la propuesta no desarrollaba suficientemente los mecanismos de control, fiscalización y compatibilidad presupuestaria para administrar esos fondos.
Coordinación posible sin otra ley
Roberto Alejos, expresidente del Congreso y exintegrante de la Asamblea Nacional Constituyente, considera que la coordinación metropolitana puede impulsarse mediante mecanismos legales existentes. Sin necesidad de crear una nueva normativa. A su criterio, el dictamen desfavorable respondió también a los riesgos de inconstitucionalidad identificados durante las consultas realizadas por la comisión.
La Contraloría advirtió sobre una posible vulneración de la autonomía municipal, particularmente en lo relacionado con la administración y utilización de los fondos de cada comuna, dijo. Crear otra estructura podría duplicar funciones e instituciones que ya existen.
El Instituto de Fomento Municipal (Infom) debería tener una participación más activa para asesorar a las municipalidades en la coordinación de proyectos y la búsqueda de soluciones compartidas. «Yo creo que la Ley Preliminar de Descentralización es suficiente. Es más un tema de voluntad política», afirmó Alejos. La Gobernación Departamental podría intervenir para promover la conformación de un distrito metropolitano, agregó.
Se refiere al Decreto 70-86, Ley Preliminar de Regionalización, normativa que incluye al área metropolitana dentro de la división territorial del país y de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural.
Para Alejos, los problemas que comparten las municipalidades, como el tránsito y la infraestructura vial, requieren acuerdos entre los gobiernos locales. Ejemplificó con los conflictos de límites territoriales entre Guatemala y Santa Catarina Pinula, que dificultan la ejecución de proyectos conjuntos.
La conformación de un distrito metropolitano implica decisiones políticas y financieras que afectan intereses de las municipalidades, entre ellas la distribución del situado constitucional. Considera que la falta de acuerdos ha impedido avanzar hacia un modelo de gestión conjunta.
Aunque el expediente cita el Decreto 70-86 —que define al departamento de Guatemala como Región Metropolitana para efectos de ordenamiento territorial—, esa delimitación administrativa no equivale a crear una autoridad con competencias ejecutivas como contempla el artículo 231 constitucional.
Falta de voluntad política
El abogado constitucionalista Juan Pablo Gramajo atribuye la falta de una coordinación metropolitana a las deudas legislativas acumuladas desde 1985. En su criterio, este tema integra los pendientes constitucionales del país, al igual que la ley de aguas y el reconocimiento de las comunidades indígenas.
Aunque identifica la falta de voluntad política como una explicación inmediata, advierte que es necesario investigar qué intereses y factores han impedido avanzar en la discusión.
El dictamen desfavorable de la Comisión de Asuntos Municipales fue remitido a la Dirección Legislativa el 14 de abril de 2026. La iniciativa 6710 también fue trasladada a la Comisión de Descentralización y Desarrollo.
