Estos profesionales vigilan el gasto público de los gobiernos locales. Una cifra baja para abarcar a las 340 alcaldías del país.

Cuando un alcalde está en medio de un proceso legal, necesita un abogado. Aunque esté en ejercicio de su puesto, no deberían costearlo sus municipalidades.

Entre cuestionamientos, el ente fiscalizador decidió dar marcha atrás a la limitación de la información pública.

Por primera vez, la Contraloría General de Cuentas (CGC) logró fiscalizar las 340 alcaldías, según su informe anual. Pero presentó menos denuncias que el año anterior.