Aunque hay varios rastros a cargo de municipalidades en el país, solo se extendió licencia para matar y procesar ganado a uno de los 340 gobiernos locales.
Por Carmen Valle
El Código Municipal faculta a las municipalidades para tener rastros y así sus pobladores cuenten con un lugar higiénico para matar ganado. Estos, sin embargo, deben obtener la autorización del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) y solo una alcaldía la tiene.
El reglamento de rastros para bovinos, porcinos y aves establece la obligación de regular los degolladeros de cualquier entidad para evitar inconvenientes con la carne obtenida de ellos o falta de higiene en los alrededores de las instalaciones. Este trámite se formaliza a través de una licencia anual a cargo del MAGA.
Entre los aspectos que evalúa la cartera se encuentran el estudio de impacto ambiental, las características de la construcción, que estén en sentido contrario al crecimiento urbano y a la corriente del viento, y se encuentren al menos a 2 mil 500 metros de escuelas, hospitales o cualquier otra institución de servicio. También se evalúa su equipo, los servicios básicos en él y el espacio para los animales.
Solo la municipalidad de Santa Catarina Pinula tiene licencia para operar su rastro, según el MAGA. “Cuando llegué al cargo el rastro estaba cerrado por no tener licencia. Se hicieron las gestiones y trámites para la autorización y ahora se renueva cada año. Es también un ingreso, porque cada persona paga Q40 por matar allí a sus cerdos”, explica Sebastián Siero, el jefe edil de ese municipio.
Otro municipio con rastro nuevo es La Libertad, Huehuetenango. Construirlo costó Q1 millón 396 mil 872 y se inauguró el 31 de diciembre de 2023. El MAGA no lo tiene en su lista de autorizados.
Guatecompras registró 52 concursos en los últimos cuatro años relacionados con mataderos a cargo de las alcaldías. Estos gastos ascendieron a Q21 millones 342 mil 294 hasta el 22 de enero de 2024.
En Barberena (Santa Rosa), por ejemplo, se amplió el rastro en 2020 por Q545 mil, mientras en Chicacao (Suchitepéquez) se hizo lo mismo por Q1 millón 790 mil 460. En El Progreso (Jutiapa) se construyó uno nuevo en 2021 por Q5 millones 792 mil 191 y en Sipacapa (San Marcos) también se hizo por Q899 mil 900.
Entre los gastos no solo se encuentran construcciones nuevas o remodelaciones. Las comunas también invierten en limpiar las fosas sépticas de los mataderos, conservar las áreas verdes alrededor o comprarles mobiliario.
En San Pedro Carchá, por ejemplo, se compraron herramientas de acero inoxidable para cortar y transportar la carne, pero ese municipio no aparece en el listado de autorizaciones del MAGA.
De acuerdo con el veterinario e investigador de la Universidad del Valle, David Morán, contar con licencia no solo es importante para cumplir con la ley, sino también porque garantiza la calidad de los alimentos. Además, puede aportar beneficios económicos porque se puede exportar carne de Guatemala, pero esto solo se logra si se obtiene de lugares autorizados.
Según Morán, el riesgo de consumir carne proveniente de lugares sin licencia es la transmisión de afecciones de los animales a los humanos cuando tienen patógenos.
“También puede haber contaminación del suelo o del agua, porque si no hay permiso, no hay seguridad de disposición adecuada de restos o sangre. A veces llegan por ellos las aves de rapiña o perros callejeros y puede haber un foco de enfermedades”, explica.
El reglamento del MAGA prohíbe operar degolladeros sin licencia. Quien lo haga, se arriesga a tener desde una amonestación escrita hasta la clausura de las instalaciones. Sin embargo, al cuestionar a la cartera por qué no se sanciona a alcaldías en estas condiciones, explica que no se puede porque la Constitución ampara su autonomía.
El artículo 165 del Código Municipal, de hecho, solo autoriza a los jueces municipales para penalizar a rastros, ventas en la vía pública o cualquier comercio si infringe los reglamentos sanitarios en el país.
A la fecha, 20 instituciones en Guatemala cuentan con licencias vigentes para operar mataderos. Otras seis tienen solicitudes vigentes para hacer lo mismo, pero ninguna es municipal.
Ojoconmipisto intentó contactar a alcaldes en cuyas ciudades se reportaron rastros a cargo de las comunas, como Antigua Guatemala, Nahualá, San Pedro la Laguna y El Progreso (Jutiapa). Sin embargo, no hubo respuesta de ninguno al cierre de esta nota.