La Contraloría requerirá a la SAT fiscalizar los documentos. Este tipo de prácticas se evitaría con implementar la factura electrónica, asegura el ente tributario.
Por Ojoconmipisto
La alcaldía de Santa Eulalia, Huehuetenango, gastó Q595,181 en las ferias de 2018 y de 2019. Sin embargo, las dos facturas entregadas por las proveedoras registran fechas diferentes a los autorizadas por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
Por otro lado, las prestadoras del servicio están inscritas como pequeños contribuyentes, cuando la ley los obliga a cambiarse al régimen normal y pagar el Impuesto al Valor Agregado (IVA), ya que el monto facturado supera los Q150 mil para cada contratación.
Al respecto, la Contraloría General de Cuentas enviará una nota a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) para que audite este caso.
Mientras, el ente tributario sostiene que este tipo de fallos se pueden evitar cuando se implemente la factura electrónica (impulsada por el Ministerio de Finanzas) y evitar que las imprentas de estos documentos contables alteren los datos.
Inconsistencias
La historia de estas dos compras comenzó el 31 de enero 2018 cuando la alcaldía adjudicó el 31 de enero a Ernesto Joel Castillo Martinez el concurso denominado “subsidio para el desarrollo de actividades sociales y culturales y deportivas” a un monto de Q295,181.
En realidad esto fue para organizar las principales actividades de la fiesta patronal como bailes, desfiles, carrozas, conciertos, fuegos artificiales y comida para los invitados especiales
La segunda adquisición año, pero con otro proveedor y a un precio superior. La municipalidad le otorgó un contrato de Q300 mil a María Magdalena Gómez Hernández por el mismo concepto, quien se estrenó así como contratista del Estado.
Hasta aquí todo parece una contratación normal, si no fuera porque las dos proveedoras presentaron facturas cuyas fechas autorizadas no coinciden con los de la SAT.
Ernesto Castillo emitió la factura número 000051 (serie A) el 15 de febrero de 2018. Según los datos de Master C2, a cargo de imprimir, estos documentos contables se autorizaron el 12 de junio de 2017. Sin embargo, al consultar en el portal verificador del ente tributario el dato es otro: la fecha de la resolución es de un año antes.
Lo mismo sucedió con Gómez Hernández, ya que la factura 000005 que emitió el 14 de febrero de este año se autorizó un mes antes. Pero el dato oficial consultado refiere que la resolución original es de hace dos años y medio.
Otra información que varía es en el número de facturas que se ordenaron imprimir. Según Master C2, imprimió 100 unidades en ambos casos, pero la SAT refiere que fueron 500.
Así facturaron
Ernesto Castillo y María Gómez registran sus facturas con los nombres comerciales “Excelencia” y “D Eventos”, respectivamente, pero en el Registro Tributario Unificado (RTU) de la SAT estos datos no figuran de esta forma.
En este portal los proveedores están inscritos como pequeños contribuyentes, es decir personas individuales que prestan servicios cuyo monto no excede los Q150 mil anuales. Castillo solo consigna “Servicios Contables Castillo” y Gómez, “Miscelánea Visión”
El comunicador de la SAT Maynor Caballeros indicó que el historial de los contribuyentes que no son públicos deben ser requeridos por medio de una solicitud de información y que la oficina jurídica de la institución analizará si entrega, en caso se consideren datos sensibles
Caballeros también indicó que si una factura fue alterada esto será analizada por una fiscalización aleatoria del ente recaudador sobre la declaración anual de los proveedores. “Una de las formas para evitar posibles anomalías es con la factura electrónica (obligatoria para quien quiera ser proveedor), no se puede emitir una sin autorización de la SAT. Habría que verificar si es un error de la imprenta o si las facturas están autorizadas”, explicó.
El entrevistado agregó que de oficio la institución recaudadora cambia a régimen general (IVA) para los negocios que figuran como pequeños contribuyentes si facturan más de Q150 mil al año y les notifica para que no incurran en algún omiso. Con ello, deben pagar el 12 por ciento de impuestos y no el 5 por ciento, según la propia ley.
La directora de Gobiernos Locales (región occidente) de la Contraloría indicó que enviará una nota a la SAT y que revise porque el hallazgo es de tipo fiscal. También indicó que la auditoría de 2018 ya fue finalizada y se presentará los resultados a finales de este mes.
«Esta nota es producto del Diplomado “Periodismo Político y Electoral” que imparte el International Republican Institute (IRI), bajo la coordinación de Laboratorio de Medios, S.A. a periodistas de diversos departamentos de Guatemala. (La asistencia financiera y técnica que el Instituto Republicano Internacional (IRI) otorga para esta actividad es provista por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y es posible gracias al generoso apoyo del pueblo estadounidense). Los puntos de vista y opiniones expresados en esta nota son de los autores y no necesariamente reflejan la política oficial de USAID o del gobierno de los Estados Unidos”.
