La municipalidad se rehusó a informar sobre el salario, dietas y gastos de representación que cobra el jefe edil Raúl Gutiérrez.
Por Oswaldo Ical
Ante la negativa de la municipalidad de Ixcán de entregar la información requerida, Ojoconmipisto presentó dos denuncias –una ante el Ministerio Público y otra ante el Procurador de los Derechos Humanos–, en contra del alcalde Raúl Gutiérrez Ardón, el pasado 27 de octubre.
El 1 de agosto de año en curso, Ojoconmipisto solicitó información sobre el salario, dietas y gastos de representación de los alcaldes de los 21 municipios de Quiché, correspondientes a las últimas tres administraciones.
Las municipalidades cumplieron con entregar los datos dentro de los plazos que establece la Ley de Acceso a la Información Pública, y entregaron lo requerido. Salvo Ixcán.
Raúl Gutiérrez Ardón participó en las elecciones de 2011 con la UNE y ocupa por primera vez este cargo.
El coordinador de la Unidad de Información Pública de esa alcaldía, Klinsman Oliva Recinos, envió el 15 de octubre un informe circunstanciado a Ojoconmipisto. En el documento Oliva explica que recibió la solicitud, la cual trasladó al Director Financiero Municipal. Sin embargo, él no respondió ni pidió prórroga.
“Ante la negación de lo solicitado, pueden tomar las medidas legales correspondientes”, respondió por escrito Oliva Recinos.
De acuerdo con el artículo 66 de la ley, un funcionario que no responde comete el delito de retención de información pues impide que el solicitante tenga acceso a la información requerida. La persona puede ser sancionada con prisión de uno a tres años, con inhabilitación especial por el doble de la pena impuesta, y multa de Q10,000 a Q50,000.
La información solicitada recae en la categoría «información pública de oficio» que la municipalidad debe publicar cada mes en su portal. Sin embargo, los documentos disponibles de Ixcán son de febrero 2018.
De acuerdo con el procurador de Derechos Humanos, Jordán Rodas, “es importante que todas las autoridades locales en los 340 municipios tengan claro que otorgar información pública no es un favor, sino una obligación. De no hacerlo están sujetas a sanciones según establece la Ley de Acceso a la información Pública”.
La institución de Procurador de los Derechos Humanos es la entidad reguladora de esta ley.
