El segundo y tercer municipio de Sololá con mayor número de retornados son dos en conflicto permanente desde 1862.
Por Isaias Morales
Entre enero y septiembre 2021, 127 personas fueron deportadas a Nahualá, Sololá. Al vecino Santa Catarina Ixtahuacán, en el mismo departamento, retornaron 176 en el mismo período de tiempo, como consignan datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
Las dos localidades tienen en común que viven enfrentados por una disputa limítrofe de 24 caballerías que data de 1862.
Con estos números, los municipios se ubican como el segundo y tercer municipio que registra más deportados del departamento de Sololá. El primero es la cabecera, con 193.
Tras la llegada de la pandemia del coronavirus esta cifra disminuyó a comparación de 2017, 2018 y 2019, sin embargo, las condiciones y retos a los que se enfrentan los pobladores de ambos municipios son los mismos.
Uno de los más visibles es el enfrentamiento por un diferendo territorial entre ambas localidades que registró hechos violentos entre el año pasado y el actual. De hecho, en mayo de 2020 el gobierno decretó un Estado de Sitio e instaló una mesa de diálogo, la cual no tiene avances.
En los últimos cinco años, la pobreza extrema disminuyó del 20 al 15 por ciento en la población de Nahualá y para 2032 se prevé que el porcentaje que sea de cero, según el Plan de Desarrollo 2020 elaborado por la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan). Sin embargo, los conflictos podrían empeorar estancar esto indicadores y afectar la generación de empleos, y por ello es necesaria una pronta solución a este conflicto, recomienda el informe.
En tanto Santa Catarina Ixtahuacán está aun en proceso de elaborar su diagnóstico para conocer los alcances de esta disputa que data de hace más de cien años.
Se buscó conocer con los alcaldes Manuel Guarchaj Tzep (Nahualá) y Pascual Tambriz (Santa Catarina Ixtahuacán qué programas tienen para atender a los migrantes retornados y solucionar la conflictividad, pero ambos se rehusaron a dar una respuesta tras una semana de insistirles. Sus concejales y empleados aseguraron que son los únicos que pueden declaraciones sobre el tema, pero ninguno atendió a las entrevistas.
Ninguna de estas municipalidades tiene un programa para migrantes ni en promover empleo para los vecinos. Entre ambas gastaron Q125 millones de presupuesto entre enero de 2020 y el 18 de noviembre pasado, de los cuales el 67 por ciento se destinó en reparar calles y mejorar edificios municipales.
A criterio de Rosario Martínez, investigadora de la Facultad Latinoamericana de Estudios Sociales (FLACSO), además de las condiciones sociales en las que vuelven los migrantes guatemaltecos a sus comunidades también uno de los retos a los que se enfrentaron al comienzo de la pandemia fue estigmas por el temor a que contrajeran la covid-19 en los vuelos de deportados en que arribaron.
Según la entrevistada, lo anterior se suma a la discriminación que viven los retornados por el estatus migratorio de deportados al regresar, ya que se les asocia a que cometieron algún delito, pero esto no es así ya que es migración irregular y no ilegal, explicó.
“Esta nota es producto del Taller “Periodismo y Migración” que imparte el International Republican Institute (IRI), bajo la coordinación de Laboratorio de Medios, S.A. a periodistas de diversos departamentos de Guatemala. (La asistencia financiera y técnica que el Instituto Republicano Internacional (IRI) otorga para esta actividad es provista por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y es posible gracias al generoso apoyo del pueblo estadounidense.) Los puntos de vista y opiniones expresados en esta nota son de los autores y no necesariamente reflejan la política oficial de USAID o del gobierno de los Estados Unidos”.
