De los otros tres, dos fueron suspendidos y uno aún no se publica en el diario oficial y por lo tanto no puede entrar en vigencia. Esta herramienta busca poner cada cosa en su lugar en los territorios.
Por Mirna Alvarado
Los municipios de Ciudad de Guatemala, Salcajá y la cabecera de Quetzaltenango, y Poptún Petén, cuentan con un Plan de Ordenamiento Territorial (POT) vigente. En La Esperanza y Villa Nueva lo elaboraron, pero debido a inconformidad de sus vecinos se suspendió. Y Chimaltenango que todavía no lo publica en el Diario Oficial para su validez.
El artículo 142 del Código Municipal ordena contar con esta herramienta para el desarrollo integral de las localidades.
Carlos Barrillas, director de Innovaterra, explica que el POT es un instrumento que busca mejorar la calidad de vida de los habitantes de cada región, pues permite gestionar o proyectar los usos de suelo y la forma de aprovecharlo.
“Así se priorizan como áreas protegidas, zonas de recargas hídricas o el uso de suelos rurales, urbanos. Es decir que el mapa POT me indica dónde va la zona de industria, la zona de comercio y las zonas residenciales”, explica. Barillas fue director de Ordenamiento Territorial en Segeplan.
Para que funcione un POT requiere de un reglamento con la normas y procedimientos a seguir y establece la estructura institucional (dependencias para el cumplimiento del reglamento), también tiene un régimen sancionatorio.
“El mapa me dice donde está localizado mi suelo, si este es residencial el reglamento me indica las normas que debo seguir para construir. Por ejemplo, determina alturas, alineaciones, me indica los espacios que debo dejar de distancia, si debo contar con una zona forestal o de impermeabilización”, refiere.
Oponerse es por falta de información
El POT busca poner cada cosa en su lugar, resume el urbanista Luis Fernando Castillo. “Donde va la zona comercial, la zona industrial, la residencial, un modelo amigable que acerque también los servicios, escuelas más cercanas, hospitales, que ordene las rutas de energía eléctrica, agua, drenajes, por ejemplo”, refirió.
Sin embargo incomodó en municipios como La Esperanza, Quetzaltenango. En enero, una manifestación de vecinos terminó por suspender su Plan de Ordenamiento Territorial. Argumentaron falta de consenso en las comunidades donde no se les consultó ni participaron en la elaboración de la herramienta.
Lo mismo ocurrió en Villa Nueva, la población señaló que el POT no se ajustaba a las necesidades geográficas de la localidad y otros aspectos propios de las comunidades. El instrumento se derogó y ahora es el caso en la cabecera de Quetzaltenango.
Desde el 1 de marzo autoridades indígenas del Valle del Palajunoj piden la suspensión del POT y se revisarlo. Presionan a la comuna desde el 1 de marzo con el bloqueo del paso hacia el botadero municipal.
El problema es la comprensión de todas las partes, la técnica municipal, que tiene un rol importante en la aplicación de los instrumentos y la sociedad que tiene muchas complejidades para entenderlo. “La población no se siente tomada en cuenta en la elaboración del POT y por ello siente pérdida de derechos en la regulación de la propiedad privada. Se necesita mucha educación en temas territoriales”, sugiere Castillo.
“A nosotros como vecinos del área rural nunca nos explicaron de que trata el POT, la poca información que obtuvimos dice que debemos acoplarnos a las medidas que establece la municipalidad para construir y las medidas son muy rígidas”, dice Lorenzo Nimatuj, alcalde indígena del Valle de Palajunoj.
La divulgación y sensibilización debe ser prioridad para la construcción, apertura e implementación del POT, refiere Carlos Ixtabalan, vecinos de la Esperanza. Pero las autoridades se resisten a invertir en estos temas, añade. “Quizá si lo hubiésemos sabido y participado el POT en si se habría quedado“.
Gerson López, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), menciona que pocos municipios han demostrado interés por construir su POT. “Algunos no quieren hacerlo porque representa mucha inversión, requiere meses o años de trabajo, además no todas cuentan con equipos técnicos”.
Requiere de la participación de abogados, sociólogos, ingenieros, arquitectos, urbanistas, comunicadores y especialistas en sistemas de información geográfica. También se necesita publicar de la normativa y su reglamento en el Diario oficial, para que cobre vigencia, lo cual es oneroso, dice.
Depende de muchos factores, como el tamaño del municipio, porcentaje de población urbana y rural, pero el costo gira entre los US$70 mil y US$350 mil.
Una herramienta para prevenir corrupción
De acuerdo con Barillas, el exdirector de Ordenamiento Territorial de Segeplan, el POT fue diseñado para fomentar la transparencia y evitar la corrupción. Al establecer un régimen sancionatorio permite al ciudadano determinar cobros ilegales y plantear las denuncias correspondientes.
Sin normas, cualquier funcionario podría cobrar lo que quisiera al solicitar un permiso para abrir un negocio, por ejemplo. “Con el POT hay un porcentaje establecido para cobrar por la licencia de construcción, cuánto espacio debo utilizar, además, mi pago es devuelto con un servicio de luz, agua o recolección de basura a la comunidad”, resalta.
“En 20 años seremos más vulnerables a deslizamientos, inundaciones, asentamientos humanos en zonas de riesgo, se prevé más degradación ambiental y aumento de comercio informal”. Todo eso se avizora en los municipios donde no se aplique un POT.
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