El precandidato del Partido Fuerza, Francisco Rodrigo Santos, electo diputado en 2011 no pudo ocupar su curul por tener vínculos contractuales con el Estado.
Por María Cabrera
En Quetzaltenango varios empresarios y contratistas del Estado han ocupado cargos públicos en el pasado. Y en los comicios del próximo año, la historia podría repetirse sin mayores obstáculos dado que filtros vigentes desde 2016 se eliminaron a principios de octubre.
Francisco Rodrigo Santos Méndez, electo diputado por el Partido Patriota en 2011 y quien no pudo asumir su cargo por ser contratista, será candidato a alcalde del Partido Fuerza, según confirmó Surama Ranero, miembro de la agrupación.
“Aún esperamos que se concreten todas las disposiciones del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para no caer en ninguna ilegalidad, y luego efectuaremos nuestra asamblea”, afirmó.
El TSE dispuso, el 25 noviembre de 2016, que para la inscripción era necesario presentar certificaciones de la Contraloría General de Cuentas, Ministerio de Comunicaciones, Ministerio de Finanzas y el Registro Mercantil, además de una declaración jurada en la que aseguraban no ser contratistas y un formulario del Registro de Ciudadanos.
Dos años después el TSE dio marcha atrás y eliminó los requisitos excepto la declaración jurada y el formulario, que estaban descritos en el artículo 53, del Reglamento de la Ley Electoral y de Partidos Políticos.
Wolfgang Ochaeta, analista político, comentó que así se abre una puerta a que muchos empresarios se animen a participar en la contienda electoral, pues a su parecer el TSE no tiene capacidad para verificar lo declarado.
“El TSE tendría que desarrollar capacidades y no creo que lo vayan a hacer. Solo hay que tomar en cuenta el volumen de candidaturas contra el número del personal del Registro de Ciudadanos o del mismo Tribunal”, apuntó.
Por su parte, Luis Ramírez, vocero del TSE explicó que los requisitos se eliminaron porque las instituciones no están en capacidad de entregar los certificados pero no explicó cómo funcionarán los mecanismos de verificación.
“La postura del tribunal está especificada en el acuerdo 445-2018 que se publicó el 1 de octubre de este año”, señaló.
Armando Paniagua, propietario y fundador de Talleres Paniagua, fue diputado al Congreso de la República de 2004 a 2011, fungió como director del Fondo Nacional para la Paz, de 2012 a 2014. Para el último proceso electoral, en 2015, buscó la alcaldía por el Partido Patriota.
Juan Fernando López, propietario de JF Constructora, por medio de la que se le concesionó la construcción y administración de la ampliación del Cementerio General, compitió por la silla edil en 2011, con el Partido Líder.
El caso más reciente es el de Roberto Soto Alcahé, actual concejal VII de Xela. La Contraloría General de Cuentas dictaminó como no válidos la candidatura y nombramiento por tener contratos con varias municipalidades en 2015.
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Esta nota es producto del Diplomado “Periodismo Político y Electoral” que imparte el International Republican Institute (IRI), bajo la coordinación de Laboratorio de Medios, S.A. a periodistas de diversos departamentos de Guatemala. (La asistencia financiera y técnica que el Instituto Republicano Internacional (IRI) otorga para esta actividad es provista por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y es posible gracias al generoso apoyo del pueblo estadounidense.) Los puntos de vista y opiniones expresados en esta nota son de los autores y no necesariamente reflejan la política oficial de USAID o del gobierno de los Estados Unidos”.
