Señala a presidentes del Codede, dos alcaldes de Huehuetenango y a la constructora de obra que debió estar lista dos años.
Por Isaías Morales
El Concejo Departamental de Desarrollo (Codede) de Huehuetenango fue denunciado por la Contraloría General de Cuentas (GCG) ante el Ministerio Público. Esto, por no finalizar la construcción del mercado Minerva que costará casi Q20 millones. Este debió estar terminado antes de concluir abril de 2015.
Ojoconmipisto publicó el 30 de septiembre de ese año que las instituciones encargadas habían prorrogado por cuatro meses y 19 días el tiempo para finalizar la obra, pero transcurrido ese plazo de mayo a agosto, tampoco se cumplió.
La CGC detectó, mediante la auditoría del presupuesto 2016, que se incumplió con algunas cláusulas del contrato firmado para ejecutar obra millonaria, como la responsabilidad de cada institución. El codede quedó a cargo de la supervisión del proyecto y la alcaldía iba a ejecutar el mismo. Hasta el 31 de julio de 2015 existió un avance físico del 28.45% en su ejecución, según el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) de la Secretaría General de Planificación de la Presidencia (Segeplan). Desde entonces y hasta la fecha esta obra se encuentra detenida y abandonada sin que las autoridades locales accionen para retomarla.
El 10 de diciembre de 2013 la municipalidad de Huehuetenango aprobó el contrato vía licitación pública por Q19.9 millones con la empresa Inciarc, cuyo representante legal es Odenilson Franco López Rodríguez. Catorce meses después debió estar finalizado el mercado, tal cual lo establecía el acuerdo legal. Pero se presentaron varias excusas y contratiempos que lograron detener el trabajo por tiempo indefinido.
Primero, durante estos tres últimos años los distintos presidentes del codede y los alcaldes se señalaron entre sí sobre su responsabilidad para albergar una construcción en un lugar que presenta riesgos.
La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) emitió un informe en el cual señaló que esa propiedad pública puede traer problemas como “hundimientos e inclinación de la edificación, de llevarse a cabo la ejecución total del proyecto, debido a la presencia de agua subterránea”. La comisión de auditoría de la CGC señaló que esta situación debió preverse desde antes de la planificación, dictamen, financiamiento, aprobación y ejecución de la obra.
Luego, el financiamiento dejó de provenir del Organismo Ejecutivo. El codede ya no solicitó los fondos que estaban aprobados y autorizados a causa de “la falta de continuidad de la obra”.
Cesar Augusto Gómez, alcalde en durante el período 2012-2016, dijo a la Contraloría que el atraso se originó por la falta de disponibilidad financiera. Por ello, asegura, realizó solicitudes ante el Ministerio de Finanzas y el codede, sin obtener respuesta. Desde que se adjudicó la contratación, la alcaldía solo logró girar tres pagos que sumaron Q5.6 millones, el 28% del valor de lo contratado.
De 2014 a 2016 el entonces jefe edil suspendió tres veces el contrato. Estas decisiones de la comuna buscaban dar tiempo para realizar los estudios y así cumplir con las recomendaciones de Conred. Un mes después asumir su cargo el actual alcalde, Jerónimo Martínez, también suspendió la obra hasta febrero de este año para que se reunieran las condiciones necesarias que permitan reanudar las operaciones.
A pesar de estas pruebas de descargo presentadas por los funcionarios señalados, la Contraloría consideró que estos argumentos fueron insuficientes para desvanecer los hallazgos reportados. Esto porque la obra pública aún se encuentra abandonada y sin concluir hasta mayo de este año, según comprobaron los auditores tras visitas realizadas al lugar. “Existe un riesgo que lo invertido en la obra se pierda y exista una lesividad al patrimonio del Estado”, resume el informe.
Por ello, la institución fiscalizadora presentó una denuncia (número DAJ-D-S-368-2017) en contra de José López, Keneth Mérida y Mauselio Martínez, presidentes de Codede entre 2013 y 2016; William Castillo, Álida López, Máximo Castillo, directores ejecutivos de Codede; Augusto Gómez y Gerónimo Martínez, alcaldes; Odenilson López y Enrique Barragán, representante legal y propietario de la empresa respectivamente; y Luis Meza coordinador de la unidad técnica departamental. La institución investigadora verificará si los señalados incurrieron en delito al paralizar este proyecto.
