Las alcaldías dicen que se les violó el derecho de defenderse porque no estuvieron presentes en la discusión del hallazgo, el proceso fue por correo electrónico. Por ello obtuvieron un amparo que las favorece.
Por Isaías Morales
La dirección de Asuntos Jurídicos de la Contraloría General de Cuentas (CGC) analiza presentar al menos 89 denuncias contra municipalidades por irregularidades encontradas en el manejo del presupuesto de 2019, informó la secretaria privada del despacho superior, Mónica Monge.
La acción se pretende realizar en medio de un amparo provisional que la Sala Primera de lo Contencioso Administrativo otorgó a la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), la cual suspendió el acuerdo interno A-013-2020 que cambiaba la modalidad de hallazgos hacia la vía electrónica.
Ese documento emitido por el contralor, Edwin Salazar, establece que la discusión y notificación de posibles reparos se realizará por correo electrónico y no en algunas de las sedes de la Contraloría. Esto por la emergencia sanitaria que vive el país desde hace dos meses que impide concentraciones masivas. Pero con el amparo de la Anam, este proceso debe realizarse de manera presencial como antes.
A criterio de la Contraloría esto obstaculiza la fiscalización ya que debe presentar el informe de la auditoría realizada a las 340 municipalidades a más tardar el 31 de mayo. Por ello presentó una nueva acción ante la Corte de Constitucionalidad.
También, dice Monge, el recurso de la Anam no busca beneficiar a los actuales alcaldes que en su mayoría son nuevos (258), sino a los 82 reelectos y los exalcaldes que no repitieron en el cargo.
Miguel Ovalle, presidente de la Anam y alcalde reelecto de Salcajá, discrepa y niega que evite la fiscalización. A los que va a favorecer, indica, es a las municipalidades que no respondieron por correo electrónico por distintas razones durante la crisis actual, no así a los que sí lo hicieron.
“Con nuestra respuesta lo que hicimos fue que esos presuntos hallazgos los formalizara porque no tuvimos nuestro derecho de defensa como corresponde”, manifestó.
La Contraloría estima que el 98 por ciento de las alcaldías respondieron, y el resto no.
Ojoconmipisto solicitó cuáles no lo hicieron, pero no se obtuvo una respuesta.
En medio de la pugna
Ovalle presentó el recurso el 16 de abril en medio del malestar de los alcaldes con su gestión. Ese día Ojoconmipisto publicó una entrevista realizada a su antecesor Edwin Escobar donde criticaba su falta de liderazgo en la Anam y que a su criterio se plegó al Gobierno Central en vez de hacer oposición a las decisiones.
Un día después un primer grupo de alcaldes de Sacatepéquez mostró inconformidad por el listado de la economía informal para obtener un bono de Q1 mil pues las reglas del gobierno no estaban claras. A finales del mes pasado las críticas se extendieron a otros departamentos. “La Anam nos dejó solos en esta crisis”, expresaron.
Estas molestias llevaron a que Guastatoya, al mando de Jorge (Congo) Orellana renunciara a la Anam y luego lo secundara Neto Bran de Mixco. Ambos coinciden en no sentirse representados por cómo gestiona el jefe edil de Salcajá la crisis actual ante el gobierno.
Mario Estrada, analista en finanzas municipales, considera que en este contexto el amparo de la Anam es algo político para tratar de quedar bien. “Yo lo veo como que les entregan un dulcito (a los alcaldes) para que digan que se está haciendo algo”.
En su opinión este amparo no le afecta la Contraloría ya que esta no audita a todas las municipalidades y por ello puede presentar el informe al Congreso con las auditorías ya terminadas. Por ejemplo, la administración de Carlos Mencos en 2018 solo fiscalizó a 168 comunas. Una de las razones que da la entidad es la falta de personal.
Aun con esta acción, la entidad que fiscaliza los fondos públicos analiza presentar 89 denuncias contra las alcaldías. Este número podría variar pues esta es la última fase previo a enviar los hallazgos al Ministerio Público o un proceso es administrativo. Esto consiste en que los empleados y funcionarios responsables pagan una multa o devuelvan el dinero por el monto de la anomalía detectada.
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