En mayo de 2020 dos concejales interpusieron una denuncia ante la Contraloría General de Cuentas por supuestos malos manejos en la ejecución de obras de bacheo en la comunidad. Hace tres semanas la Contraloría les dio la razón.
Por Carlos Rigalt
La alcaldesa de La Gomera, Escuintla, Floridalma Morales Contreras de Quiñónez, recibió una nota de la Contraloría General de Cuentas (CGC) el 21 de julio. La misiva la instruye para “reintegrar el pago efectuado” a empresas constructoras por realizar trabajos supuestamente llevados a cabo por estas, pero que realizaron empleados municipales.
Son Q39 mil 300 los que debe devolver a las arcas de la comuna sin multa, correspondientes a cuatro contrataciones para las siguientes obras: reparación de calle Chipilapa Q8 mil 300; trabajos de bacheo en el Centro de Salud de Chipilapa, Q10 mil; reparación de hundimientos en calle del mercado de la colonia San Diego, Q9 mil; y reparación en tubería de agua del casco urbano de La Gomera Q12 mil.
Se trató de una duplicación de pagos que, de acuerdo al concejal V de UCN, Cristian Peña, constituye “malversación” de fondos públicos.
En febrero de 2020 la comuna realizó los trabajos arriba mencionados, “lo publicó como es habitual en su página de Facebook”, explica Peña en su relato de cómo se dieron cuenta.
Pasados unos días él y Oscar Humberto Meléndez, el concejal I por la UNE, el mismo partido de la alcaldesa, fueron a la oficina de la Dirección Financiera a revisar los archivos. “Ahí, mientras verificábamos, nos sorprendió sobremanera encontrar facturas de compañías constructoras locales y ferreterías por el mismo concepto, los mismos trabajos que había realizado la municipalidad”, añade Peña.
Se trataba no sólo de materiales sino de mano de obra duplicada. Dos meses más tarde, en mayo de 2020, Peña y Meléndez denunciaron ante la Contraloría lo descubierto.
Entre las irregularidades se encontró en las empresas supuestamente contratadas por La Gomera: Constructora C.P.C.A., Maritecsa, DMG Construcción y Constructora Madima, ningua contaban con “domicilio fiscal localizado”.
“Esperamos que la Contraloría denuncie ante el Ministerio Público, para que se inicie una investigación por el delito de malversación”, añade Peña.
Al respecto, Miguel Berganza, financiero de la municipalidad de La Gomera, comenta: “No tenemos idea de que vaya a trascender en otra denuncia (en el Ministerio Público). Solo nos enviaron la carta para el reintegro y este se llevó a cabo con prontitud. Todo el concejo lo aprobó”.
Este es el primer período de Floridalma Morales Contreras de Quiñónez, llegó al cargo con la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
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