Se les atribuye la utilización de fondos públicos para pagar planillas cuando estaban destinados a otros fines. Ellos se excusaron con que la pandemia ameritaba estas acciones.
Por Carmen Maldonado Valle
En el ejercicio fiscal de 2020, la Contraloría General de Cuentas (CGC) determinó que la municipalidad de Magdalena Milpas Altas, Sacatepéquez, utilizó fondos dedicados a inversión para liquidar planillas y gastos de funcionamiento. Por ello denunció a todo el concejo municipal ante el Ministerio Público.
Como consta en el artículo 238 de la Constitución, las entidades públicas no pueden transferir recursos de inversión a programas de funcionamiento o al pago de la deuda pública. En caso de necesitarlo, deben notificarlo al Congreso y a la CGC.
Según el informe de auditoría, cuando la comuna de Magdalena Milpas Altas hizo cambios en el destino del dinero, el director financiero en ese entonces, Jaime Tubac, debió reportarlo y no lo hizo, y por eso también fue denunciado por la Contraloría.
Los recursos en cuestión provenían de distintas fuentes. De acuerdo con la CGC, la alcaldía utilizó Q163 mil 903 para el pago de sueldos, artículos de librería y decoración del edificio municipal con luces navideñas. Estos procedían del situado constitucional y, como establece la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, debían utilizarse para iniciativas de educación, salud, infraestructura y mejoramiento de los servicios públicos.
Las adquisiciones se hicieron “para garantizar la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, el desarrollo y la paz. Para eso necesitábamos invertir en papelería y pagos al personal”, justificó ante la CGC el jefe edil, Juan Francisco Pérez Méndez. No hizo comentarios sobre la compra de luces para las fiestas de fin de año.
Otro uso al impuesto
Por otro lado, el artículo 6 de la Ley del Impuesto de Circulación sobre Vehículos Terrestres, Marítimos y Aéreos estipula que la mitad del dinero proveniente de esta recaudación se dará a las comunas, pero su destino exclusivo es el mantenimiento de calles, puentes y bordillos. Sin embargo, en la auditoría se determinó que la alcaldía utilizó Q561 mil 755 de estos recursos para pagar planillas, reparar computadoras y comprar papel fotográfico.
Como ocurre con el dinero procedente del impuesto de circulación, lo recaudado a través del gravamen al petróleo solo puede utilizarse en la conservación de la red vial, de acuerdo con el decreto 38-92. Pero la municipalidad utilizó Q17 mil 211 de este dinero para pagarle al personal de mantenimiento, según al CGC.
Por otro lado, el artículo 10 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado ordena que las municipalidades utilicen los recursos de esta fuente de financiamiento para programas de inversión. La comuna los usó para contratar servicios de sonido durante la inauguración de campeonatos deportivos, la elaboración de banderines para Semana Santa y el pago de sueldos, cable e internet.
En total, dice la Contraloría, la alcaldía destinó Q940 mil 338 a rubros para los cuales no estaban asignados y por eso denunció a los cuatro concejales, los dos síndicos, al exdirector financiero y al jefe edil ante el MP. Ellos, mientras tanto, admitieron haber aprobado la utilización de los recursos para fines distintos, “pero lo hicimos porque el estado de calamidad pública lo permitía”, dijeron.
Ante este comentario, la CGC no desvaneció el hallazgo. Si bien es cierto que el estado de calamidad autorizaba destinar recursos a propósitos para los cuales no fueron pensados, estos cambios solo se justificaban si los gastos tenían relación con la prevención de la COVID-19.
¿Qué procede?
A decir de José Ramírez Crespín, subcontralor de calidad del gasto público, los denunciados pueden apelar ante la Contraloría o el Ministerio Público. “Nosotros podemos examinar de nuevo el caso y luego comunicamos nuestra resolución. Si se desvanece el hallazgo, queda a criterio del MP si desestima la investigación o no”.
Para esta nota se llamó a la municipalidad en cinco ocasiones con el fin de hablar con los miembros del concejo municipal. En las primeras llamadas, a pesar de ser a distintas horas, la secretaria indicó que estaban en sesión y no podían responder. Al intentar a hablar con ellos por cuarta vez, estaban en su hora de almuerzo, afirmó Carlos Pérez, el relacionista público.
En el último intento, la secretaria dijo “el alcalde ya no está, pero antes de irse preguntó las razones por las cuales desean contactarlo. Sin eso, se niega a atender”. Se le explicó el motivo de la entrevista y ella solicitó que se devolviera la llamada al día siguiente.
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