Según la entidad, los fondos estaban destinados a inversión, servicios públicos y mantenimiento de calles, pero se utilizaron para cubrir sueldos y gastos de funcionamiento.
Por Carmen Maldonado Valle
Cada año, la Contraloría General de Cuentas (CGC) audita a las entidades públicas y a partir de ello en 2021 denunció a 74 instituciones. Entre ellas, 17 municipalidades fueron reportadas ante el Ministerio Público (MP) porque en los últimos tres años gastaron Q36 millones 649 mil 288 en fines para los que no fueron pensados.
Como consta en el artículo 238 de la Constitución Política, las instituciones estatales no pueden transferir recursos de inversión a otros fines, como el pago de planillas o de la deuda pública. Si necesitan hacerlo, se debe notificar al Congreso y a la CGC.
En 2020 la Contraloría revisó los registros de 2018 de las comunas, siete incurrieron en esta falta. Una de ellas fue la de San Pedro Pinula, Jalapa, donde los reportados ante el MP fueron el exalcalde, José Roberto Ramírez Guerra, los concejales I y III, los dos síndicos, el director financiero y el titular de planificación.
En esa alcaldía, dice el informe de la CGC, se usaron Q16 millones 510 mil 811 para la gasolina de los vehículos municipales, servicios de sonido para inaugurar ferias, compra de computadoras, almuerzos para actividades culturales, celebraciones del día de la madre, inflables para niños, entre otros gastos.
“Usamos los fondos de inversión porque los gastos promovieron actividades recreativas, culturales y deportivas que contribuyen con el desarrollo de la comunidad”, justifica Ramírez Guerra. Lo mismo dijo ante la Contraloría, pero esta no desvaneció el hallazgo: “Se confirma, porque la municipalidad creó perfiles de proyectos que simulaban invertirse en la sociedad, pero no dejaron ningún beneficio para la comunidad que tanto lo requiere”.
En 2019 hubo otra alcaldía con la misma falta, se lee en la auditoría. Se trata de la de Sipacapa, San Marcos, cuya denuncia se hizo por Q1 millón 183 mil 575 en contra del director de planificación, el director financiero, el auditor interno y todo el concejo municipal de ese entonces.
Los fondos provenientes del Impuesto al Valor Agregado, según el artículo 10 de la ley de este gravamen, deben destinarse a inversión. Durante 2019, se lee en el informe de la CGC, la comuna de Sipacapa usó estos recursos para el mantenimiento de los vehículos municipales.
“No hay falta porque no se pagaron salarios con ese dinero. Se utilizó para los carros, pero fue porque estos llevaban al personal encargado de arreglar los caminos rurales usados por todos los habitantes, entonces sí fue una inversión social”, dice Reynaldo Domingo, el exalcalde.
“Es evidente la falta de planificación”
La Contraloría encontró indicios para denunciar ante el MP también a la alcaldía de Huehuetenango, con tres reportes en su contra por un total de Q10 millones 81 mil 420.
Según su investigación, para pagar salarios se utilizó parte del fondo de inversión, las rentas destinadas al Plan de Prestaciones del Empleado Municipal y al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, y dinero proveniente del situado constitucional. Este, como indica la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, debió usarse para educación, salud y mejoramiento de los servicios públicos.
Se presentó una denuncia por cada fuente de financiamiento no respetada. Gerónimo Martínez, exalcalde de Huehuetenango, fue cuestionado por la CGC y en el informe se lee que está dispuesto a esperar los resultados de las averiguaciones del Ministerio Público.
“Es evidente la falta de planificación. A veces las municipalidades ven el Plan Operativo Anual como un mero requisito, pero no lo cumplen y luego se ven en apuros, entonces por eso toman dinero de un proyecto para saldar otras deudas”, dice la analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), Irene Flores.
Para Flores, es vital que las alcaldías comprendan la importancia de planificar para controlar los sitios donde terminará el dinero. “El desorden desemboca en dejar de hacer proyectos porque se tomaron esos fondos para cubrir gastos no previstos. Los vecinos se quedan sin los servicios esperados porque no se planificó cómo sufragar las necesidades municipales sin sacrificar las de la población”, concluye.
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