Los acusa de violencia contra la mujer y con ello logra que un juez impida el ingreso a quienes transmiten las reuniones de concejo que incomodan al alcalde, Juan Fernando López.
Por Mirna Alvarado
Los concejales Marco Chávez, Rodrigo Pereira y Sergio Monzón no pudieron participar en la sesión de concejo de Quetzaltenango este miércoles 21 de febrero. La orden de juez les impide ingresar al edificio de la alcaldía debido a una denuncia en su contra por violencia contra la mujer.
Ellos son los concejales VI, VIII y suplente por el comité cívico Sacándole Brillo a Xela (SBX), conocidos en estos días por transmitir las reuniones de concejos para enterar a los vecinos. Esto molesta al alcalde Juan Fernando López y a sus síndicos y concejales afines.
El titular del juzgado de paz de Quetzaltenango, Edgar Rolando Villatoro, ordenó medidas de seguridad a favor de la concejal III, María Margarita Campollo Díaz. Ella interpuso la denuncia por supuesta violencia contra la mujer.
Campollo Díaz, afín al alcalde López Fuentes (partido Humanista), logró estas medidas de protección por los siguientes seis meses. Según el expediente, habría sido porque durante las transmisiones en vivo que realizan los concejales de oposición de SBX hay una vulneración hacia su cuerpo y su condición de mujer.
“Prohibir el acceso a los presuntos agresores al domicilio permanente o temporal de María Margarita Campollo Díaz y a su lugar de trabajo o estudio”, se lee en la la resolución del juez.
Marco Chávez, concejal VI, señaló que podrán ingresar únicamente cuando la funcionaria Campollo no se presente a las sesiones del concejo. La orden del juez establece que no pueden estar en el mismo recinto.
Agregó que procederán conforme a la ley y actuarán incluso contra el juez, ya que esta denuncia había sido declarada sin lugar en otro juzgado. No obstante Campollo apeló y pidió que el juez de Paz Villatoro conociera su caso.
Estrategia para no ser transparentes
Percy Aguilar, de la Comisión de Auditoria Social de Quetzaltenango, señala que esta es una estrategia para debilitar a los concejales de oposición. “Sin duda es un mal uso de la Ley de Femicidio y Otras Formas de Violencia Contra la Mujer, porque se utiliza con fines políticos. Lo vimos con la exvicepresidenta Roxana Baldetti que denunció de violentar su condición de mujer al periodista José Rubén Zamora”, manifestó Aguilar.
El abogado y analista político, Carlos Martínez, concuerda en que el caso se debe a la incomodidad que sienten el alcalde López Fuentes y sus allegados al ser expuestas las discusiones de concejo.
“Desde que Roxana Baldetti, Sandra Torres y otras damas de la política empezaron a usar de manera espuria la Ley de Femicidio, se ha abusado de la misma. El juez debe atender las medidas, no hay para donde, pero mínimo debería saber que si no existe ámbito familiar y/o relación de poder no puede permitir que lo usen (al juzgador) y a la ley con fines políticos, mientras que miles de mujeres sí sufren de violencia”, refirió.
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Añadió que la resolución violenta dos derechos fundamentales de los concejales de oposición: el derecho a trabajo y el derecho político.
María Margarita Campollo fungía como directora de la Oficina de Cohesión Social, con un salario mensual de Q10 mil 560, un puesto de confianza. Durante la toma de posesión del 15 de enero, el alcalde aseguró que Campollo no sería removida de ese cargo.
A través de la oficina de Acceso a la Información Pública (UIP) se solicitaron datos relacionados a la contratación de Campollo, hasta ahora sin respuesta.
