El gobierno de Otto Pérez Molina abrió paso para que los recursos públicos se utilicen en actividades religiosas. Jimmy Morales lo ratificó. Los alcaldes asumen estos gastos.
Por Cindy Espina
En la cabecera de Retalhuleu, el alcalde, Pablo José Villatoro, financia actividades religiosas. En los últimos dos años esto ha ido en aumento de lo cual queda registro en el portal de Guatecompras.
Autorizó nueve desembolsos a favor de iglesias evangélicas para realizar sus campañas evangelizadoras: en mobiliario, ya sean sillas, mesas y toldos.
El dinero de los contribuyentes designado para estas actividades es de un promedio de Q1 mil por iglesia. En el último año ha erogado Q8 mil 100 a templos protestantes ubicados en los cantones comunitarios. Algunos no registran un nombre. Ojoconmipisto solicitó al alcalde Villatoro una explicación de cómo estos constantes desembolsos benefician a la comuna, sin embargo, no se obtuvo respuesta a la solicitud.
Villatoro busca reelegirse con el partido Bienestar Nacional (Bien), el mismo con el que llegó a este su primer período.
Esta práctica no es exclusiva de la municipalidad de Retalhuleu y no solo es a favor de entidades protestantes. En 2017, Ojoconmipisto reportó que alrededor de siete alcaldías destinaron Q1 millón 418 mil 806 para construcción y actividades en iglesias católicas. Los alcaldes han dedicado hasta medio millón de quetzales para edificar iglesias.
El manual
En 2013, durante el gobierno de Otto Pérez Molina, el ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) incluyó en la quinta edición del Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el sector Público, que los distintos organismos del Estado, entre estos las comunas, puedan dedicar dinero público en iglesias. La clasificación de gastos con finalidad para actividades religiosas se encuentra agrupada junto a las deportivas, recreativas y culturales.
En 2014, este mismo manual fue modificado por medio del Acuerdo Gubernativo, 473-2014, para incluir a este tipo de peticiones monetarias en “gastos no previstos”, en caso no estuviera dentro de la planificación presupuestaria aportar dinero a las iglesias. Los cambios se mantuvieron durante el Gobierno de Jimmy Morales, en la sexta y última edición de este manual en 2018.
El investigador experto en transparencia fiscal del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), Carlos Melgar, lo interpreta así: al regular que se pueda utilizar dinero público para eventos de las iglesias, contradice los criterios que tiene la Contraloría General de Cuentas (CCG) respecto a la calidad del gasto. Es decir, la lógica de buscar que exista un retorno de la inversión del dinero a favor del bienestar de la comunidad.
Este tema es complejo, dice Melgar, porque se debe evaluar la autonomía que tienen los alcaldes para actuar. “Los alcaldes pueden decir, que al realizar esos desembolsos están atendiendo las demandas de los vecinos”. Se debe tomar en cuenta que estos aportes a las iglesias hechos últimamente pueden estar vinculados a intereses electorales. Es una tendencia de los candidatos a elección popular el utilizar la religión como una forma de persuadir al voto, añadió.
Por medio de su portavoz, Mónica Monge, la Contraloría solo se limitó a indicar que el trabajo que ellos desempeñan consiste en auditar que los rubros de gastos sean correspondientes a lo desembolsado, que todo esté debidamente documentado. En su postura no ofreció una explicación de cómo analizarían la calidad del gasto en este tipo de financiamiento de las municipalidades a actividades religiosas.
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