El exjefe de la FECI conversó sobre los principales casos que conoció y opinó sobre qué se necesita para fortalecer la lucha contra la corrupción en el poder local. Reiteró sobre la necesidad de mejorar la cultura ciudadana de la denuncia.
Por Isaias Morales
Juan Francisco Sandoval Alfaro, abogado y notario,fue jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad entre el 4 de septiembre de 2015 al 23 de julio de este año, cuando fue destituido por la fiscal general Consuelo Porras.
Ojoconmipisto lo invitó al espacio de #20MinutosCon para conocer los casos de corrupción que investigó junto a su equipo que a trabajó de cerca con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
El día que ofreció la conferencia de prensa en la oficina del Procurador de los Derechos Humanos habló de los dolores de cabeza, reprimendas y regaños por investigar el financiamiento del Partido Unionista, ¿nos puede especificar qué obstáculos o retos enfrentó en este caso?
La investigación pudo determinar la extracción de recursos públicos con el propósito de financiar la campaña electoral de la agrupación política para la alcaldía de la ciudad de Guatemala.
Entre los obstáculos que hubo, los cuestionamientos por presentar la acción (penal) y sobre todo una molestia por la petición que existía para retirar la inmunidad del alcalde. De hecho, a diferencia de otros casos que siempre contaban con el sustento probatorio, en esa oportunidad se indicó que era necesario realizar una reunión posterior. La dinámica en la que se desarrolló es que de alguna manera se estuvo retrasando el tiempo para operativizar el caso y presentar la solicitud de antejuicio.
¿Cómo llegaron al caso Caja de Pandora?
Fue por el caso conocido como Botellas en el centro de detención de Pavón que se pudo establecer cómo se generó todo un mecanismo de beneficio a determinados actores para realizar contrataciones y beneficiar desde la municipalidad a personas privadas de libertad (Byron Lima) que tenía una relación estrecha con quien fungía como alcalde (Álvaro Arzú). El análisis de la documentación de la cooperativa (Torre Fuerte) que funcionaba en el centro de detención pudo determinar el vínculo entre ambos.
¿Cómo fue investigar a la alcaldía de Guatemala y realizar el allanamiento el 5 de octubre de 2017?
Tuvo muchas implicaciones tomando en cuenta que hasta esa fecha la municipalidad se consideraba un fortín infranqueable que no podía ser objeto de investigaciones por parte del Ministerio Público. De hecho, el allanamiento en la sede municipal permitió de alguna manera documentar y confirmar situaciones precedentes que se investigaban en la fiscalía, pero eso trajo repercusiones muy fuertes considerando que quien fungía era un referente entre los detractores en el trabajo que realizaba la CICIG en acompañamiento de la FECI.
¿La muerte de Álvaro Arzú dio al traste las investigaciones sobre el uso de recursos públicos en la Municipalidad de Guatemala?
Una de las causas de la extinción de un proceso penal es la muerte del imputado (en un caso) y él no lo estaba, pero era innecesario seguir con el trámite del antejuicio. Creo que hubiese sido de relevancia obtener la información de la persona, aunque en todo caso, si él hubiera estado vivo su actitud demostró que no quiso colaborar con las investigaciones.
¿En algún momento investigaron la existencia de grupos de choque utilizados por la municipalidad de Guatemala? Los usuarios mencionan a grupos de locatarios o encapuchados que supuestamente son estudiantes universitarios.
No era parte de las indagaciones por actos de corrupción que realizaba la fiscalía. Debe partir de otro tipo de investigaciones. Los medios de comunicación han reflejado la forma en que estos grupos han actuado supuestamente amparados por la municipalidad. Es una situación que yo no le puedo confirmar, sino que del propio análisis del contexto podrá establecerlo.
¿Cómo afecta una investigación que los alcaldes gocen del derecho de antejuicio?
Mas que constituir una garantía de impunidad el derecho de antejuicio debiera de pensarse para agilizar el trámite para retirar la inmunidad. Y la ciudadanía debe tener una cultura que cualquier información o denuncia debe de tener un sustento. Entonces es importante que la labor de auditoría social se fundamente para los señalamientos que hacen contra las autoridades.
Eso no significa que yo defienda los actos de corrupción que pueda cometerse en las corporaciones municipales, pero yo me he dado cuenta de que se hacen señalamientos, pero no tienen soporte.
¿Cuál es el patrón de las prácticas de corrupción municipal?
Están relacionadas con la utilización del mecanismo de compra directa que permite soslayar los distintos controles. Otra forma que pudo ser demostrada fue la utilización de préstamos municipales y el desvío hacia otras actividades que no forman parte de los compromisos que asume la alcaldía, tanto en la contratación bancaria como en las actividades administrativas.
Otra modalidad es el tema de las plazas que son utilizadas sin que realicen alguna función al obtener la remuneración necesaria, lo que se convierte en un patrón de peculado por sustracción.
¿Qué aspectos deben fortalecerse en la lucha contra la corrupción cuando hablamos de las municipalidades?
En primer término, en el área preventiva entre la Contraloría General de Cuentas y el Ministerio Público en estandarizar criterios y sistematizar la información contable financiera de las municipalidades porque hasta hace algún tiempo no estaba en línea. Por otra parte, debe de cultivarse la cultura ciudadana con fundamento. Y fortalecer las fiscalías que no sean solo lo inmuebles donde el MP tenga sus logotipos, por el contrario, el crecimiento debe ser no solo en los municipios y tener presencia, sino también en efectividad para que la ciudadanía pueda llegar a realizar sus denuncias.
¿Qué limitaciones tiene la FECI para investigar a los alcaldes y concejos municipales? ¿De qué manera se coordinan a nivel municipal con PNC y otras autoridades?
La sociedad civil organizada juega un papel muy importante para acompañar al Ministerio Público y así obtener información necesaria para no perder el tiempo, sino dirigirse a un objetivo específico. Por eso creo que es muy importante esa coordinación independientemente de la que se tenga con la Policía Nacional Civil que a partir de octubre de 2019 fue obstaculizada en la FECI para realizar operaciones porque se centralizó la información desde el despacho de la fiscal general.
¿Qué distingue un caso de la FECI de otras fiscalías? ¿Cómo se deciden las asignaciones en cada caso?
Por lo menos hasta el 23 de julio la distinción era desde la metodología del trabajo y la incorporación de diversas áreas de conocimiento humano. Se utilizaba el análisis criminal y financiero para robustecer las investigaciones.
¿Se investigó la relación entre el Transurbano y la administración de Álvaro Arzú?
Entiendo que aún sigue en investigación y que hay un fiscal muy capaz que le ha dado un seguimiento para determinar o descartar esa relación. Por lo tanto, no puedo profundizar en una investigación que estaba en ciernes en el momento en que dejé la institución.
¿Qué falló en el caso de Mito Barrientos (municipalidad de Quetzaltenango)?
Una mala gestión judicial y un abierto compromiso de las autoridades de proteger a las personas señaladas en los hechos. Entonces creo que son fallas del sistema de justicia.
¿Alguna vez investigó el negocio de la venta de agua potable en Mixco?
Hasta el momento que realicé mis funciones en la FECI no existía ninguna denuncia que se relacionara con el tema. El acuerdo 59-2019 impedía que yo realizara investigaciones que no autorizara la fiscal general.
¿Arnoldo Medrano (Chinautla) y Adolfo Vivar (La Antigua Guatemala) son dos casos representativos de lo que ocurre en las municipalidades?
Sí, lo son de un esquema de redes político económicos ilícitas que tienen una participación de grupos familiares en la gestión municipal y de corrupción integral con autoridades que están llamados a realizar labores de fiscalización. Por eso vimos en algunos de estos casos la intervención de algunos delegados de la Contraloría General de Cuentas.
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