El abogado del alcalde De Santiago Atitlán, Francisco Coché Pablo asegura que no han sido notificados de la resolución de la CC. Aún así fuera cierto tal resolución, quedan recursos pendientes, dijo.
Por Ana Valdez
La Corte de Constitucionalidad (CC) dejó sin efecto el amparo provisional que mantenía a Francisco Coché Pablo como alcalde de Santiago Atitlán, por lo que cobra fuerza la destitución dictada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE). El abogado defensor del edil, Marlon Dennis García García, afirmó que ninguna de las partes procesales -el TSE, Coché Pablo, ni el Concejo Municipal- han sido notificados.
García afirmó que no ha llegado ninguna resolución a su casillero, pero en materia de amparo todos los días son hábiles, recordó. “Cómo es posible que personas que no son parte del proceso hayan tenido acceso a esa resolución de la que hablan. Alguien opera en favor de actos irregulares. Hay presión política”, indicó.
«La CC se ha vuelto el último árbitro», dijo el analista Luis Linares. El problema de Santiago Atitlán ya tiene mucho tiempo y los procesos son bastante lentos. Independiente de esta resolución, da pie a que se inicien otros procesos legales, pero es importante que tengan fundamento. «Denunciar ante las autoridades competentes, ante el Ministerio Público y la Contraloría General puede hacerse, pero deben exigirse resultados», agregó.
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Otros amparos
El jurista recordó que presentaron un amparo en contra de exmagistrados salientes del Tribunal Supremo Electoral (TSE). “Porque ellos hicieron un corrimiento irregular, declararon vacante el puesto (de alcalde) y adjudicaron el corrimiento al Primer Concejal. Por esa razón solicitamos un amparo provisional que nos fue otorgado. Ese amparo dejó sin efecto ese corrimiento a partir del 3 de febrero de 2026”.
“Ese recurso no se ha resuelto (en definitiva). Toda apelación en materia de amparo la tiene que conocer la CC”. Aun cuando la resolución fuera en contra de Coché Pablo, “todavía hay recursos legales que hacer valer”, agregó García. Se adhirieron a la denuncia presentada por el Ministerio Público, tras los hechos violentos del 2 de julio que concluyeron con la quema de un museo, varios heridos, un fallecido y la evacuación de Coché Pablo y las personas que lo acompañaron a una reunión con el Concejo Municipal.
Entre los denunciados figuran los concejales y síndicos actuales de la municipalidad, la jueza Patricia del Rosario García Ortiz, la Policía Nacional Civil (PNC); Juan Mendoza, cabecera del pueblo Tz’utujil; Diego Petzey , Pedro Chiquibal y Miguel Pablo también autoridades ancestrales.
Tres días antes
El 15 de julio, días antes de que trascendiera la resolución de la CC, las autoridades ancestrales enviaron una carta al gobernador departamental de Sololá, Edgar Tuy, en la que cuestionan el retiro de la PNC del municipio de Santiago Atitlán .
La convocatoria firmada por Mendoza y Petzey describe a qué obedece: a “la creciente preocupación de nuestras comunidades frente a hechos que han afectado la tranquilidad, la convivencia de nuestro pueblo. Especialmente, conocer las razones del retiro de la PNC de nuestro municipio y cómo se garantizará el derecho constitucional a la seguridad de la población de Santiago Atitlán”.
En respuesta la gobernación departamental respondió por medio de un comunicado que la solicitud debe ser trasladada al Ministerio de Gobernación y al director de la Policía Nacional Civil. Ojoconmipisto intentó comunicarse con Coché Pablo y con Petzey, pero no respondieron las llamadas.
