El Gobierno propone casi Q4 mil millones para subsidiar combustibles hasta diciembre (2026), una medida que alivia el impacto del precio del diésel, pero plantea dudas.
Por Pilar Rodríguez
El Gobierno central propone ampliar el subsidio a los combustibles hasta el 31 de diciembre de 2026, con un apoyo de Q12 por galón de diésel y Q3 para la gasolina regular. La medida contempla una bolsa de Q3 mil 480 millones, financiada mediante una readecuación del Presupuesto General.
De acuerdo con el economista Luis Pablo San José, una de las razones por las que el diésel concentra el mayor apoyo es su importancia para distintas actividades económicas. Es el combustible de mayor consumo en el país debido a que varias industrias dependen de él para desarrollar sus operaciones, explica.
Uno de los principales sectores es el transporte de carga y logística terrestre. La mayor parte de este movimiento se realiza en camiones pesados cuyos motores están diseñados para funcionar con diésel.
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También está la agroindustria que utiliza grandes volúmenes del combustible para tractores, cosechadoras y operaciones de planta. San José señala que incluso algunas empresas del sector cuentan con sus propios sistemas de importación.
A estos sectores se suman el transporte de pasajeros, la generación eléctrica y la manufactura.
Un subsidio diferente al anterior
El analista señala que una de las principales diferencias entre el subsidio anterior y la nueva propuesta está en el monto destinado a cada combustible. El primero otorgó Q8 por galón de diésel y Q5 por galón de gasolina regular. La nueva propuesta elevaría el beneficio para el diésel a Q12, mientras que redujo el de la gasolina regular a Q3.
También cambia el periodo de aplicación. El subsidio anterior duró alrededor de dos meses y medio y tuvo un costo cercano a Q2 mil millones. En cambio, la nueva iniciativa busca mantenerse vigente hasta finales de 2026, y contempla Q3 mil 480 millones.
De acuerdo con San José, el gobierno plantea financiar estos recursos mediante una readecuación del Presupuesto General, al usar saldos de caja y reasignación de partidas.
¿Qué pasa si los subsidios continúan?
El subsidio permite contener temporalmente el precio que pagan los consumidores. Su continuidad, sin embargo, plantea dudas sobre el uso de los recursos públicos, asegura San José.
En este caso, la propuesta contempla Q3 mil 480 millones para mantener el apoyo hasta diciembre. Para el economista, el análisis debe ir más allá del alivio inmediato y considerar qué ocurre si el Gobierno utiliza subsidios cada vez que se presentan aumentos en los combustibles.
El riesgo de mantener este tipo de medidas durante largos períodos está relacionado con la disponibilidad de recursos públicos y con la posibilidad de que el Estado responda de la misma manera ante futuros incrementos.
Agrega que se debe determinar si el subsidio debe mantenerse como una medida temporal o si es necesario buscar mecanismos que reduzcan la exposición del país a las variaciones de los precios internacionales.
Una solución de largo plazo
Una solución realista no pasa únicamente por mantener el subsidio. La respuesta tendría que considerar el peso que tiene el diésel en sectores como el transporte y la agroindustria, pero también el costo que estas medidas representan para el Estado.
“A largo plazo, destinar cerca de Q4 mil millones en un mismo año a subsidiar combustibles destruye el espacio fiscal para inversión pública duradera en infraestructura, salud o educación”, asevera. Genera una peligrosa adicción política, donde el vencimiento de la medida presiona al Estado a emitir nuevos rescates aún más costosos para evitar el rebote de precios. Es decir, los subsidios restan inversión y endeudan.
Propone contar con mecanismos que permitan responder a aumentos extraordinarios sin convertir el subsidio en una medida permanente. Podría implicar un apoyo temporal y focalizado cuando exista un incremento, pero acompañado de mecanismos de seguimiento al precio de los combustibles y de una revisión de los costos que componen el precio final.
La discusión, entonces, no se limita a cuánto costará el nuevo subsidio. “También plantea una pregunta sobre hasta qué punto el Estado puede utilizar recursos públicos para amortiguar el precio del diésel y qué alternativas existen para enfrentar futuras alzas”.
