La propuesta para identificar a los beneficiarios finale que ya contaba con información del 70 % de los proveedores del Estado, la suspendió la Corte de Constitucionalidad.
Por German Carranza
Julio Flores es el director ejecutivo de la Comisión Nacional contra la Corrupción (CNC), entidad creada en 2024 para coordinar y promover acciones de transparencia en el Organismo Ejecutivo.
Ya antes, el país contó con otras comisiones anticorrupción. Flores conversó con Ojoconmipisto sobre qué hace diferente la que él dirige. De sus avances, de por qué buscan institucionalizar como una secretaría y de como el caso SAT B410 evidenció fallas estructurales en el Estado.
–¿Qué es la CNC y cuál es su función principal?
–La CNC es una entidad del Organismo Ejecutivo. Trabajamos con las dependencias del Ejecutivo. Tiene por finalidad definir esas prioridades, programas y políticas que cada ministerio, secretaría y gobernación, debe implementar para garantizar una efectiva rendición de cuentas y transparencia.
En general, la función principal es promover estos programas para prevenir la corrupción. Quiero ser muy enfático en ese enfoque de nuestro trabajo: es de carácter preventivo.
–¿En qué se diferencia esta Comisión de las comisiones anticorrupción que existieron en administraciones pasadas?
–Hay diferencias conceptuales y algunas de alcance: uno es el enfoque eminentemente preventivo que tenemos. Es decir, generar condiciones de participación ciudadana, de fortalecimiento institucional, desarrollo de políticas. Dos, que nuestro trabajo está orientado a largo plazo. En 20 años ha habido ocho esfuerzos institucionales que inician, culminan y dan paso a otro; eso no ha permitido tener un enfoque estructural y de largo plazo en el combate a la corrupción.
–Un caso muy sonado es el caso SAT B-410, un esquema de defraudación al Estado que destapó irregularidades en las compras públicas. ¿Qué le hace falta al Registro General de Adquisiciones del Estado (RGAE) para poder verificar y auditar a los proveedores de forma más eficiente?
–Se han hecho diversos esfuerzos para conocer a los proveedores. Todas las empresas privadas, y todos los Estados deben saber a quién contratan, a quién le va a llevar el dinero de los guatemaltecos. En el país no existe esa regulación.
Se presentó una Ley de Beneficiarios Finales, que permite conocer quién recibe el dinero. Luego se emitió, para proveedores del Estado específicamente, un acuerdo gubernativo conocido como Proveedores Transparentes, que se estaba aplicando con efectividad: alrededor del 70 % de proveedores ya había reportado quiénes son las personas que al final reciben los beneficios. Sin embargo, se encuentra suspendida por la Corte de Constitucionalidad.
–¿Por qué sería importante para un ciudadano común que se apruebe la Ley de Beneficiarios Finales?
–Lo quisiera resumir así: tener la normativa de Beneficiario Final, como ciudadano, me va a permitir saber es qué persona o empresa recibie el dinero público, el dinero que en primer lugar yo doy como contribuyente.
Esto me permitirá identificar a los funcionarios públicos que deben garantizar la realización de obras y el suministro de insumos. Además, sabré quién es el responsable directo de proveer los bienes y servicios ofertados al Estado; es decir, quién debe entregar los materiales para construir la escuela, el hospital o el centro de salud en mi localidad.
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