Las lluvias regresan y ponen a prueba la resistencia de la infraestructura en el país. El experto responde cómo prevenir desastres y mejorar la respuesta a ellos.
Por Carmen Valle
Juan Pablo Ligorría es ingeniero geofísico con una especialidad en sismología y estructura del interior de la Tierra. Tiene más de 25 años de experiencia académica y ha ejercido distintos cargos en instituciones como la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), el Instituto de Fomento Municipal (Infom), el ministerio de Energía y Minas, entre otras. Ahora es consultor independiente en cuanto a geofísica aplicada, estrategia y políticas públicas.
En lo que va de esta temporada de lluvias la Conred registra 1 mil 213 incidentes, de los cuales se derivan 1 mil 741 viviendas en riesgo, 3 mil 613 con daños moderados y 304 con daño severo. Además, hay 160 escuelas y 334 carreteras afectadas, 29 puentes de concreto y de hamaca destruidos y 28 edificios perjudicados.
En 20 minutos, Ligorría explica cuál debería ser el papel municipal para identificar situaciones de riesgo, prevenir desastres y cómo actuar si suceden.
–¿Algún ente superior vela por que las instituciones estatales den mantenimiento a su infraestructura (como puentes, drenajes)?
–Cuando asumimos una responsabilidad institucional, también la asumimos sobre los bienes unidos a ella y los servicios a proveer. Por la autonomía nadie puede decir a una corporación qué puede o no hacer, pero sí existe un sistema de coordinación nacional para reducción de desastres. Este tiene a su vez una coordinadora regional, una departamental y una municipal.
La última está presidida por el alcalde, es el presidente para reducir desastres. Por ende, si sabe de una infraestructura propensa a generar un riesgo, es su responsabilidad reducir esa probabilidad. No es solo una obligación, sino un chance para disminuir amenazas y hacer sostenible la gestión pública.
–¿Existe alguna guía municipal para gestionar esos riesgos?
–Tenemos una norma de reducción de desastres en sus distintas instancias, hecha por Conred. En ella se habla sobre las construcciones, el sitio donde deben hacerse, la ocupación, etcétera, y sus criterios deben tomarse en cuenta. Las alcaldías, ocasionalmente, antes de proveer licencias, también consultan el cumplimiento de las reglas de la Asociación Guatemalteca de Ingeniería Estructural y Sísmica, donde se habla sobre las localidades propensas a incidentes, diseños adecuados, entre otras medidas preventivas.
–¿Cómo puedo saber si el terreno donde quiero construir o comprar es seguro?
–Si hay una pendiente y dudamos de si es peligrosa, créanme, lo es. Lo mejor es construir sobre plano. Si yo vivo en un territorio donde hay muchas tormentas, temblores o cerca de un volcán, estoy siendo amenazado.
El riesgo empieza a gestarse también desde lo que dejé ir: si mi territorio está expuesto a la amenaza y no sé si seguí las normas de construcción, mi ingeniero no fue previsor o quien edificó no tuvo un experto en estructuras, el lugar puede no ser una opción segura.
–¿Cómo deberían ser las prácticas preventivas y correctivas ante calamidades desde las comunas?
–Es mucho menos caro prevenir y la receta para lograrlo es que la corporación municipal sensibilice a la ciudadanía para involucrarse en estos planes y soluciones. Si la gente ve cómo un lugar se inunda todo el tiempo, cómo se desborda otro cuando llueve, cómo un puente es frágil debe tener la confianza de reportarlo a su concejo para priorizarlo en el presupuesto. Así se reducen y mitigan los riesgos.
No olvidemos que la prevención también es una cuestión de formar a la población para involucrarse desde las escuelas, el cuidado del medio ambiente o la participación electoral, por ejemplo.
Además, se debe contar con la herramienta más poderosa: el ordenamiento territorial. En él, cuando es participativo, se localizan también las amenazas, dónde se recomiendan ciertas obras y dónde no. Es más barato invertir en ello en comparación con reparar después de una tragedia. También podemos mencionar como una herramienta importante para mitigar consecuencias a los seguros para evitar pérdidas muy grandes.
–¿Quién debería encargarse en las alcaldías de gestionar el riesgo y qué formación debería recibir?
–Deberían contar idealmente con profesionales en arquitectura por expertise espacial, agrónomos por sus conocimientos territoriales e ingenieros por su cercanía a la implementación y al diseño de soluciones. Un director de planificación debería tener también dentro de su equipo a asesores legales y técnicos: si buena parte del territorio es boscosa, uno de los integrantes debería ser ingeniero forestal para prevenir incendios; si la ciudad es atravesada por ríos, un ingeniero hidráulico. Las necesidades de personal cambian en cada municipio.
–¿Después de un desastre natural alguien evalúa cómo se procedió para atenderlo?
En Conred hay un sistema de comando en incidentes donde un equipo con representación multisectorial levanta un instrumento de evaluación de daños y análisis de necesidades. Este propicia una recuperación pronta, pero funciona mejor cuando gracias al ordenamiento territorial ya existe un inventario previo de vulnerabilidad, tierras cultivadas, árboles, etcétera.
–Algunos vecinos reportaron haber escuchado retumbos antes del hundimiento de la CA-9. ¿A quién debe llamar una persona cuando sucede algo así?
–Por ser una carretera centroamericana, la responsabilidad es de Covial. Si los retumbos se escuchan alrededor de cualquier organización, a quien se debe abordar es a su líder y eso aplica también para entidades estatales a cargo de infraestructura. Donde vean la irregularidad, contacten al jefe de la institución a cargo.
–¿En qué deberíamos fijarnos para saber si estamos en una situación de riesgo cerca de volcanes, ríos, laderas y caminos?
–La naturaleza avisa. Los árboles, por ejemplo, van naturalmente hacia arriba, pero cuando empiezan a inclinarse es porque el terreno les falla. Cuando vemos tierra en los caminos, es porque hay problemas en la ladera. La fuerza más grande vigente en el planeta es la gravedad y ella siempre nos alerta.
–¿Cuál es el papel de la comunicación en un Estado vulnerable?
–La comunicación debería ser constante para reducir riesgos, porque así explicamos a las personas por qué se deben respetar las normas de construcción y los diseños, cuáles son las formas de prevenir inundaciones durante temporadas lluviosas, cómo actuar ante la sequía, entre otras circunstancias. Ese debería ser el papel para formar a la gente y asegurarnos de que el mensaje fue comprendido, en vez de solo responder cuando la tragedia ya sucedió.
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