Este documento plantea dar toda la potestad de los recursos naturales al ministerio de Ambiente, sin autoridades especializadas en cuencas, bosques o áreas protegidas.
Por Carmen Valle
Javier Márquez Barrientos tiene más de dos décadas de experiencia en proteger la biodiversidad y gestionar recursos naturales en Guatemala. Durante 22 años estuvo al frente del desarrollo institucional de la Fundación Defensores de la Naturaleza y desde 2021 dirige la organización.
En marzo de este año, la comisión de ecología planteó la iniciativa de ley 6054. Se presentó en el Congreso y en agosto obtuvo dictamen favorable. Su propósito es delegar la coordinación completa del patrimonio natural al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), lo cual implicaría prescindir de entidades especializadas como las autoridades de lagos, administradoras de áreas protegidas o concesiones forestales, entre otras.
Cuando la comisión expuso sus motivos ante el pleno, sostuvo que estas instituciones tienen poco poder coercitivo y al final requieren el acompañamiento del MARN para realizar varias de sus gestiones. Esto, dijeron, solo aumenta la burocracia y no procura la eficiencia del gasto público. En 20 minutos con, Javier Márquez profundiza sobre las implicaciones para la naturaleza y para la sociedad civil si un proyecto de ley como este se aprueba.
–¿De dónde proviene esta iniciativa? ¿Es una novedad a nivel mundial?
–Es nueva en Guatemala porque por primera vez el proyecto viene del Gobierno. En años anteriores otros sectores plantearonsus propuestas aunque no procedieron.
En el mundo, en cambio, sí hay experiencias de este tipo. México concentró varias instituciones dedicadas a la naturaleza en la Secretaría de Medio Ambiente, pero sin quitarles la autonomía y les ha ido muy bien. También está el caso de Brasil, donde un ministerio absorbió por completo a las instituciones y ahora el país tiene grandes amenazas de deforestación. El país ya no representa lo mismo en cuanto a recursos y ahora también es muy débil su presencia a nivel internacional en convenciones relacionadas con estos temas.
–¿Cuáles serían las consecuencias de aprobar la iniciativa 6054?
–Al trasladar estas dependencias a un ministerio, la participación de la sociedad civil se vería limitada o tal vez se anularía. Por ejemplo, nosotros como Defensores de la Naturaleza tenemos décadas de trabajar con áreas protegidas y tenemos convenios precisamente con el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) donde se nos delega esa administración. Si desaparece la entidad, también desaparecen sus acuerdos. Lo mismo sucedería con otras organizaciones ejecutoras de proyectos.
Otro ejemplo son las concesiones forestales en Petén. Han sido exitosas ambiental y económicamente, pero serían de las más afectadas porque también se firman contratos con Conap para llevarlas a cabo. Quizá se planee mantener todo esto, pero no lo sabemos, y allí está el dilema: a la gestión de las áreas protegidas les faltaría un contrapeso, porque todas las decisiones se tomarían a nivel gubernamental.
Afectaría también a muchas comunidades de estas áreas. Conap tiene una herramienta legal para facultar a las municipalidades para ejecutar proyectos en esos sitios, como caminos o infraestructura. Desaparece la entidad, también desaparece este contrato.
Además, habría consecuencias técnicas: las autoridades de lagos, institutos de bosques, el Conap… Todas cuentan con personal especializado en su recurso asignado. Si todas las competencias se transfieren al MARN, estos puestos también se van, y no solo es una pérdida de conocimiento, sino también resulta en un problema para liquidar a cientos de personas.
–El MARN delega varias responsabilidades a las entidades propensas a ser absorbidas, pero si se aprueba la 6054, asumiría toda la carga. ¿La cartera tiene los recursos y equipo para desempeñar todas esas funciones?
–Lo veo muy difícil. Trabajé en Petén durante 15 años y es el departamento con más riqueza natural en Guatemala. A pesar de la importancia de este lugar, el MARN tuvo poca presencia e injerencia, además de que las comunidades no lo conocían y por lo tanto no había una relación cercana.
Ahora mismo el MARN no tiene suficiente personal ni se dedican suficientes recursos para todas las tareas ambientales y lo podemos ver en la minería: se hacen los trabajos para la aprobación de licencias, pero luego falta supervisión, seguimiento, etcétera. ¿Qué va a suceder si de un día para el otro recae en él la responsabilidad de las áreas protegidas que ocupan un tercio del territorio nacional?
–¿Esto afectaría a las alcaldías?
Por supuesto. La 6054 debería preocupar a las municipalidades, porque un manejo deficiente repercute en cuestiones como calidad del agua, uso del suelo para cultivos, conflictividad social, entre otros.
Muchas áreas protegidas son proveedoras de agua. Teculután, Zacapa, es un ejemplo, porque la comuna obtiene el recurso de allí para abastecer a sus pobladores, pero si no hubiera una administración responsable del lugar y se debilitara la protección forestal, habría una crisis acuífera. Lo mismo sucedería en la cuenca del Polochic.
Otra muestra: el río Motagua. Las municipalidades deberían tener más injerencia allí, pero por ahora la mayoría de acciones está a cargo de entidades ambientales. Si estas se debilitan para entregar el control completo al MARN, sería incierto el futuro de sus proyectos.
–Hasta ahora, el MARN no ha tenido coercitividad en el manejo insostenible de recursos naturales. ¿Esta iniciativa podría empoderarlo?
–No necesariamente, porque la iniciativa habla sobre acaparar todo en la institución, pero no sobre cómo fortalecerla. Tiene mucha rotación de personal y eso inevitablemente la debilita, entonces si se le agregan más funciones, sería un gran reto arrancar con todo por sí misma.
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–¿Para Guatemala es funcional tener autoridades específicas para recursos naturales?
–En nuestro contexto sí. Debería haber un ente para coordinar todo lo relacionado con ambiente, lagos, bosques o biodiversidad, pero también se debe proteger la autonomía, las oportunidades de participación de la sociedad civil, la gobernabilidad y el uso sostenible de recursos.
Las instituciones actuales necesitan sus reformas, pero los problemas no se arreglan solo con centralizar las cosas.
