Según un comunicado, el superintendente, Marco Livio Díaz Reyes, sabe de una supuesta denuncia en su contra por parte del Ministerio Público (MP).
Por Pilar Rodríguez
Según un comunicado de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), tiene información de que a su principal, Marco Livio Díaz Reyes, el Ministerio Público (MP) lo denunció por supuesta “extorsión y tráfico de influencias”.
Para tres analistas penales, la denuncia representa intimidación por parte del MP con tal de detener la investigación del caso de defraudación tributaria B410, en el que 410 empresas evadieron un total de Q300 millones en impuestos.
La táctica del órgano investigador va dirigida a deslegitimar el caso de fraude para ya no investigarlo, aseguran. Hasta ahora, no se cuentan con órdenes de captura contra los implicados.
MP no puede evitar que la SAT audite
Anibal Argüello, analista criminal, afirma que la SAT tiene la facultad de imponer sanciones fiscales a las empresas del B410. “La persecución es en contra de la persona del superintendente. La SAT sigue teniendo sus atribuciones”, explica.
Juan Francisco Solórzano Foppa, exsuperintendente de administración tributaria y abogado penalista, confirma la información. Aseguró que el MP no tiene ninguna facultad para decirle a la SAT qué puede o no hacer. “Y ese es el problema que tiene el MP, que no tiene como quitarse a la Superintendencia de encima”, opinó.
Observó que por medio de intimidación a Díaz Reyes buscan que la Superintendencia deje de investigar. Buscan deslegitimar el caso B410 con la amenaza de que viene una denuncia espuria, por lo que van a dejar de investigar, agregó
Implicaciones para la familia del superintendente
Foppa explica que el caso en contra del actual funcionario no solo es una amenaza para él, sino también para su familia. Según lo que se ha dado a conocer del caso, el MP acusa a Díaz Reyes de ofrecer los servicios de la compañía de contabilidad de sus hermanos a los implicados del B410 para “resolver sus casos”.
Así argumenta el MP que el superintendente “extorsiona” a los empresarios. Argüello aseguran que el superintendente debe presentarse ante el MP. “Lo que tiene que hacer es llegar al MP y empezar a aportar elementos de investigación para demostrar su inocencia”, dijo otra analista penal, que por razones de seguridad solicitó guardar su identidad. Es lo único que le queda, agregó.
Los tres analistas confirmaron que el superintendente no cuenta con inmunidad. “Es un patrón utilizado por el MP: desacredita al denunciante y su versión para proteger la corrupción”, finalizó.
Un caso fácil de resolver
Para Argüello, el caso B410 pudo haber tenido una primera fase de investigación máximo tres meses luego de su anuncio. La primera conferencia sobre el tema fue en agosto.
“La SAT ya tiene identificada la red: denunciaron, dieron los nombres y las direcciones”, recordó. El proceso del MP de requerir información, utilizar un equipo de analistas criminales y financieros era rápido, asegura.
Agregó que la supuesta denuncia a Díaz Reyes protege intereses de los implicados en el caso. “Lo que vemos son empresas pantalla, es decir que se instrumentalizan para hacer algo ilegal. Si se descubre quiénes son los usuarios o beneficiarios de esa red, sabremos de quiénes son los intereses que defienden”.
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