Las órdenes iban a nombre de la hija de Félix Alvarado. El MP sustrajo dos pasaportes del exministro el domingo 17 de noviembre (2024).
Por Pilar Rodríguez
Las órdenes de allanamiento en dos propiedades del exministro de Comunicaciones, Félix Alvarado, emitidas un día después de renunciar al cargo, iban a nombre de su hija María Del Pilar Alvarado Cóbar, no de él.
Según Wendy López, abogada penalista, las órdenes de allanamiento emitidas por el Ministerio Público (MP) son personales. No había razón para incautar documentos de familiares, salvo que lo expresara. Este no fue el caso, no describe ningún documento.
“Una de las esencias primordiales dentro de cualquier proceso penal es que es personalísimo”, recuerda. Además, ve como mala práctica que la primera orden de allanamiento no deje en claro el juzgado competente en la investigación.
Datos que están disponibles
El viernes 15 de noviembre renunció Alvarado al cargo de ministro. Dos días después, el domingo 17, el MP allanó su residencia e incautó documentos personales, incluido el pasaporte británico y el guatemalteco, según el diputado oficialista Samuel Pérez. Para “dar seguimiento a una denuncia por posible lavado de dinero”, dijeron.
El abogado Javier Urizar, oficial legal de International Service for Human Rights y consultor de BeJust, especializado en derechos humanos y derecho constitucional, explicó que la información del pasaporte se encuentra en otros registro público. Sostiene que el MP pudo haber consultado al Instituto Guatemalteco de Migración que buscaban datos de los movimientos migratorios de Alvarado.
“Lo relativo a los viajes o movimientos que haya realizado el ministro se pueden conseguir de otras maneras”. La intención de dicha retención, dijo, pareciera una forma ilegal de arraigo para impedir que el exministro salga del país. “Se trata de hacer lo que con otras personas criminalizadas”.
Órdenes no pedían pasaporte
La primera orden de allanamiento, emitida un día después de la renuncia del ministro, fue firmada por el Juez B del juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente de Turno Grupo B. No contaba con el nombre del funcionario.
“Es ilegal que existan los jueces sin rostro”, dice Andrea Reyes, diputada oficialista.
La primera orden, emitida sin nombre del juez, está a nombre de la hija del ex ministro.
La segunda fue emitida por el juez Juan José Lemus Chacón. Ninguna mencionaba expresamente el decomiso del pasaporte. Tampoco contenían el nombre del exfuncionario sino el de su hija.
Reyes cuestionó al fiscal auxiliar Edison Manuel Ademar Delgado, quien realizó el allanamiento, al respecto del secuestro del documento. “Esa es la instrucción que cargo”, respondió.
No es un arraigo legítimo
La orden de arraigo tiene requisitos para poder extenderse. “No se puede tomar una medida de facto para que cumpla el mismo efecto que el arraigo”, dijo Urizar. “Eso se podría considerar un abuso de derechos”.
La rapidez con la que progresó el caso contra Alvarado es común para este MP en particular, dice Urizar. Nota una diferencia entre los tiempos de investigación de este caso y las denuncias al expresidente Giammattei y su pareja Miguel Martínez.
“Hay que ver cómo se trata este caso en comparación a los de la defraudación B-410, en el que todavía no hay órdenes de captura”, comenta.
Al cierre de esta nota, se intentó contactar al exfuncionario a través de terceras personas para conocer los cursos de acción que tomará. No se obtuvo respuesta.
