Los pobladores están inconformes con la obra de Q196 millones por la destrucción a su paso de sus viviendas, cultivos y tuberías en San Martín Jilotepeque, San Juan Comalapa y Tecpán. La obra está a cargo de una constructora cuestionada.
Por Isaias Morales
En los últimos meses la construcción de una carretera causó molestia en pobladores de tres municipios Chimaltenango, la cual supervisa el ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda (CIV) mediante la dirección general de Caminos.
Se trata de un tramo que conectará las localidades de San Martín Jilotepeque, San Juan Comalapa y Tecpán. La obra está valorada en Q196.8 millones, de acuerdo al NOG 12645303 a cargo de la empresa Supervisión, Construcción y Mantenimiento.
Silvia Chuy, integrante de la alcaldía indígena y del comité para la defensa Chi Xot, narró cómo los alcaldes y el CIV les negaron información a los vecinos para conocer más sobre este proyecto. Por esa razón pidieron al Congreso mediar en el proceso y fiscalizar más sobre este paso, con lo cual esperan que la constructora repare los puntos dañados.
El 24 de noviembre, las diputadas Ligia Hernández, jefa de la bancada de Semilla y Sonia Gutiérrez,de Winaq, constataron en el lugar las denuncias de los vecinos. Entre sus señalamientos destacaron que las autoridades les hicieron firmar documentos a cambio de entregarles láminas, pero esto en realidad fue una autorización de paso del tramo.
Luego les cortaron el agua y les negaron el acceso a sus casas al cortar los pasos peatonales de los terrenos tras los trabajos en la construcción. Hernández señaló que establecieron una mesa de diálogo entre la constructora y el CIV para resolver este conflicto.
Se intentó conocer la postura de los acaldes Justo Similox Pichiyá (San Juan Comalapa), Bartolomé Chocoj Camey (San Martín Jilotepeque) y Obispo Puac Puac (Tecpán) sobre la manera en que se gestionaron estos derechos de paso y las tuberías, pero al cierre de esta nota no respondieron. Tampoco se logró una respuesta con la dirección de Caminos de Covial.
En Guatecompras el diseño del proyecto se limita a mencionar que se sustituirán las alcantarillas en mal estado por un drenaje menor, pero no especifica cómo será en el caso del sistema de agua potable.
En las bases se contempla trabajos como siembra de árboles y gaviones en los taludes donde se cortó el terreno por el paso de la carretera para evitar erosiones, pero no menciona cómo procederán con las viviendas dañadas.
Sobrecostos de constructor cuestionado
La obra se adjudicó a un monto de Q177 millones en 2020, pero incrementó Q19 millones por más trabajos de chapeo, excavaciones y agregarle más cajas de las alcantarillas, según un documento publicado el 22 de julio de este año.
Estos cambios fueron avalados por la constructora Supervisión, Construcción y Mantenimiento S.A. (SCM), cuyo representante es Alejandro Matheu Escamilla. Una investigación periodística de El Faro señaló que el empresario tiene un acuerdo con el gobierno actual para adjudicar determinados proyectos, entre estos el tramo entre San Martín Jilotepeque, San Juan Comalapa y Tecpán.
El reportaje expone parte de la declaración del “Testigo A” donde relató cómo el presidente Alejandro Giammattei, aún como candidato presidencial, habría acordado recibir un soborno de U$2.6 millones con el entonces ministro de Comunicaciones, José Luis Benito, a cambio de mantenerlo en el cargo y continuar una serie de proyectos adjudicados a un grupo de proveedores.
Benito no continuó en el cargo, pero sí se dieron las licitaciones a empresas entre las cuales destaca SCM y el tramo narrado por el testimonio recabado por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI). El contrato por la carretera lo firmó el siguiente titular del CIV, José Edmundo Lemus Cifuentes, quien ahora es diputado.
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