Valle del Palajunoj gana primer pulso a la municipalidad de Quetzaltenango

16 mayo 2022

Después de 77 días de protesta logran suspender Plan de Ordenamiento Territorial (POT) por dos meses, se librera el paso para los camiones de basura hacia el botadero municipal e instalarán mesas técnicas para un Plan Local de Ordenamiento Territorial (PLOT).

Al finalizar la reunión, el alcalde de Quetzaltenango, Juan Fernando López, habló con periodistas y mostró el documento de los acuerdos. Foto: municipalidad.

Por Mirna Alvarado

Tras la reunión mediada por el presidente, Alejandro Giammattei, este lunes terminan las manifestaciones de los vecinos del Valle de Palajunoj hacia la municipalidad de Quetzaltenango. Del 1 de marzo a la fecha, 77 días de exigir la suspensión del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), una promesa de campaña en 2019 del entonces candidato hoy alcalde, Juan Fernando López.

Entre los acuerdos alcanzados se menciona:

  1. Suspender el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) por dos meses prorrogable un mes.
  2. La instalación de una mesa técnica a partir de este miércoles.
  3. La elaboración de un Plan de Ordenamiento Parcial específico para el Valle del Palajunoj.
  4. A las mesas deben invitar a representantes de las distintas cámaras, Consejos Comunitarios de Desarrollo (Cocode) y líderes comunitarios del municipio.
  5. Los pobladores del Valle se comprometieron a no realizar más plantones o manifestar durante los dos meses que duren las mesas técnicas, además de permitir la circulación de camiones que trasladen desechos sólidos hacia el botadero municipal.

El alcalde López confirmó que analizarán 18 artículos del POT los cuales se consideran perjudiciales para el Valle de Palajunoj.

“Es un problema doméstico que se agrandó, hoy se llegan a acuerdos que benefician a ambas partes, son dos meses, a partir del miércoles, que tenemos para solucionar el tema”, dijo el jefe edil. Carlos Sajquim, alcalde indígena, quedó satisfecho con lo acordado en esta primera etapa del diálogo.

La suspensión del POT será únicamente para la población del Valle de Palajunoj no así para el resto del municipio, propuesta ya planteada por la municipalidad el 26 de marzo cuando se anunció un posible desalojo de los manifestantes en el ingreso a ese lugar.

Desde el miércoles 11 de mayo se levantó el bloqueo del ingreso al Valle para los camiones que transportan la basura de la ciudad hacia el botadero municipal. La delegada departamental de la Procuraduría de los Derechos Humanos, Flor Gómez, así lo confirmó.

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“Nosotros dimos acompañamiento hasta el 3 de mayo de ahí fuimos respetuosos de las decisiones que tomaron los alcaldes indígenas en asamblea, no obstante, confirmamos que fue hasta este lunes que los camiones empezaron a llevar la basura sin problemas al botadero”, dijo.

Alcalde indígena Carlos Ajquí, uno de los 10 alcaldes indígenas del Valle del Valle del Palajunoj.

Área urbana y rural, ¿iguales?

Lorenzo Limatuj, alcalde indígena del Valle de Palajunoj, señala que una de las principales razones para rechazar el POT, fue establece el pago servicios de agua y electricidad, los cuales la municipalidad no ha provisto en todas las comunidades, así como el del IUSI.

También considera altas las tarifas en licencias de construcción, sin contemplar que estas sean de pequeñas proporciones, así como pagos por desmembración de sus terrenos, aunque sean otorgados en herencia.

“Por el principio de igualdad establecido en la Constitución Política de la Republica, no es lo correcto suspender para un sector y mantenerlo para otro, pero habrá que esperar a que se establezcan con exactitud las demandas de la población del Valle”, refiere el abogado constitucionalista, Allan Estrada.

Marco Chávez, de Urban Lab, señala: “un plan parcial para las 10 comunidades del Valle resulta antitécnico e inoperante, ahí se podrían establecer más de 40 planes parciales por la extensión del territorio, lo cual tampoco es viable, se debe contar con otra figura o instrumento de planificación”.

Los alcaldes indígenas del Valle no quieren pagar multas ni licencias de construcción, entonces aquí caemos en una desigualdad entre el área urbana y rural, De aprobar la petición podrían caer en discriminación del área urbana”, comenta Carlos Martínez Ríos, abogado constitucionalista.

Martínez y Estrada hacen hincapié en que la importancia de contar dentro de la mesa técnica a expertos en el tema para corregir los errores cometidos en los reglamentos vigentes.

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