Sin ley de aguas: San Juan Sacatepéquez y un conflicto por administrar pozos

Los recursos están en una colonia privada donde los vecinos argumentan tener derecho sobre ellos. La alcaldía reclama lo mismo.

Por Carmen Valle

En San Juan Sacatepéquez existe una colonia llamada Villas del Quetzal. Tiene un aproximado de 3 mil casas, está cerrada y tiene seguridad propia, pero hay tres recursos que a la fecha están en disputa: sus calles, sus áreas verdes y sus dos pozos de agua.

Los vecinos dicen ser los administradores de ellos y la alcaldía también, pero las leyes sobre el tema se contradicen y no hay una sobre aguas para regular conflictos como este.

Primero eran de todos…

Al adquirir sus casas o terrenos en Villas del Quetzal, los habitantes dicen haber comprado también un derecho de agua, cada uno por Q7 mil. Hasta 2014, quien se encargaba de la administración del lugar era la lotificadora, según el presidente del último Consejo Comunitario de Desarrollo (Cocode) del lugar, Alfredo Quevedo.

En ese entonces hubo un conflicto entre los vecinos y la empresa, dice, porque los pozos dejaron de funcionar por falta de pago a la electricidad con la cual funcionaban las bombas. Así, la institución decidió desligarse del tema y transfirió la administración del servicio del agua al Cocode por medio de un documento, donde también se aclaró que esto eran por tiempo indefinido y no podía entregarse a terceros.

Este acuerdo también tenía como respaldo el acta municipal 29-2014, donde se hizo constar que ese traspaso ocurrió con pleno conocimiento del juez de asuntos municipales, los pobladores de Villas del Quetzal, los líderes comunitarios, personal de la Procuraduría de Derechos Humanos, entre otros. Uno de los firmantes fue Geralbert Miguel Najarro García-Salas, entonces presidente del Cocode, y la reunión ocurrió en la sala de juntas del concejo municipal.

“Desde entonces, todos felices. Pagábamos nuestra cuota de agua, mantenimiento y seguridad por Q125 al Cocode, pero en 2020 nos cansamos porque aunque pedíamos al consejo rendir cuentas, no lo hacía, y se convocó a una asamblea para elegir nueva junta directiva”, cuenta Fernando Cojulún, uno de los integrantes de la planilla electa. Esta tiene nueve miembros y la mayoría tiene menos de 40 años.

La elección ocurrió en febrero de 2021 y tras tomar posesión, en ese mes se presentaron policías municipales y otros empleados de la alcaldía a la colonia, donde reclamaron los pozos porque de acuerdo con ellos, pertenecían a la comuna. Así se presentaron otras veces donde también los habitantes se opusieron, y en una ocasión la Policía Nacional Civil retiró al personal de la municipalidad.

…luego eran de nadie

A decir de Cojulún, el argumento de la alcaldía era haber recibido los pozos como donación por parte de la lotificadora. “Sí, eso sucedió. En la colonia hubo problemas con la planta de tratamiento y para que nos hiciéramos cargo nosotros y no ella, la empresa nos donó el lugar. Así como nos corresponde esa responsabilidad, también la de administrar agua, calles y áreas verdes”, sostiene el jefe edil, Juan Carlos Pellecer.

No precisa fecha, pero esto ocurrió en 2020 o 2021, recuerda el alcalde. “Tenemos amparos a nuestro favor, donde el juez nos autoriza administrar estos pozos. Nosotros no buscamos proveer agua a otras comunidades a partir de ellos, sino abastecer a esta colonia y hacer nuevas perforaciones en ella porque allí está la cuenca”. 

Según él, la comuna también ha pagado la electricidad de los pozos y por ello le pertenecen. Aquino lo reconoce, pero dice que solo fue durante algunos meses, pues también tiene comprobantes donde la luz se costeó con fondos del Cocode. De hecho, al menos hasta enero de 2021 los recibos aparecían a nombre de la lotificadora y un año más tarde el contador estaba a nombre de la municipalidad.

Por no obedecer a los amparos, los miembros de la última junta directiva electa en Villas del Quetzal fueron sancionados con Q25 mil cada uno y si no cumplen, se arriesgan a ir a prisión.

Todos tienen un punto

El abogado Marvin De León asesoró el caso mientras fue director ejecutivo de la Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM) y justifica la posición de la comuna, pues el artículo 121 de la Constitución establece las aguas subterráneas como bien del Estado y los representantes de este en las ciudades son los gobiernos locales.

Sin embargo, los bienes inmuebles privados también están protegidos por el artículo 445 del Código Civil, porque forman parte de ellos no solo la tierra donde se encuentran, sino también el espacio aéreo, minas debajo y aguas subterráneas. A decir de De León, la municipalidad tiene el derecho porque la Constitución prevalece sobre cualquier otro cuerpo legal sin importar la contradicción. Esta se resolvería si existiera una ley de aguas, la cual se debe crear también por mandato constitucional, pero tras 37 años esa orden sigue sin cumplirse.

Por si te perdiste las consentidas:

“Sin ley de aguas cada uno tiene puntos a favor. La alcaldía tiene el amparo de la Constitución, pero los vecinos el del Código Civil. Incluso podría haber grises: la municipalidad podría reclamar lo subterráneo, pero los habitantes podrían reclamar el pozo. No hay respuesta correcta”, señala el abogado Edgar Ortiz.

No es la única contrariedad en esta historia, pues Geralbert Miguel Najarro García-Salas, el expresidente del Cocode y quien firmó el documento donde se cedieron los derechos del agua a los comunitarios, es ahora el concejal II de San Juan Sacatepéquez. Al preguntar al jefe edil si ha discutido este tema con él para aclarar el conflicto, dijo “no es importante quién firmó qué, sino la ley. Ella está de nuestro lado”.

Mientras el conflicto se resuelve, la municipalidad continúa con el proceso legal para administrar los pozos, al último Cocode le revocaron sus credenciales y debe pagar la multa, ambas partes tienen documentos a su favor y no hay ley de aguas donde se ampare a alguna de ellas. 

También puedes leer: Sube la inversión en pozos, pero sin garantizar el agua a largo plazo