La lucha histórica de Canalitos por el agua sigue sin resolverse. Por este abandono” los diputados oficialistas proponen denunciar al alcalde ante la PDH.
Por Pilar Rodríguez
Los diputados oficialistas denunciarán ante la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) al alcalde de la Ciudad de Guatemala, Ricardo Quiñónez. En la misma incluirán a Milton Alexander Palencia Rangel, alcalde auxiliar de zona 24
¿La razón de la denuncia? La congresista Laura Marroquín, electa por la bancada Semilla, realizó visitas de fiscalización a la aldea “Canalitos”, en la zona de la cual se encarga Palencia Rangel.
En sus publicaciones en redes sociales, Marroquín no solo denunció que no hay alcantarillado ni drenajes y el servicio irregular de agua, sino también la falta de respuesta del alcalde Quiñónez.
No afectaría la autonomía municipal
La diputada aseguró también por medio de redes sociales que a los vecinos se les emiten facturas por servicios que no reciben, como el del agua. Por esto, aseguró, se buscará una auditoría por parte de la Contraloría General de Cuentas (CGC).
El abogado constitucionalista, Alexander Aizenstatd, explicó que la autonomía municipal consiste en la capacidad de las alcaldías de administrarse y regularse, pero no impide que otros órganos de control puedan emitir decisiones respecto de sus funciones.
“La PDH por ejemplo, puede válidamente conocer denuncias en contra de alcaldes y emitir decisiones sobre el cumplimiento o no de derechos humanos”, dijo. Esas decisiones sin embargo, no son sentencias vinculantes, sino condenas morales.
Agregó que, en algunos casos, pueden impedir la postulación a cargos públicos de las personas. Por ejemplo, algunas comisiones de postulación tomaron en cuenta este tipo de denuncias.
La lucha viene de hace tiempo
Según Peace Brigades International (PBI), en 1720 el Estado concesionó terrenos a 20 familias emigradas de las Verapaces. Durante el gobierno de Jorge Ubico “se expropiaron tierras y se reasignaron junto con terrenos colindantes a lo que ahora es la zona 16 de ciudad de Guatemala. Estas eran tierras comunales (los ejidos de Canalitos) destinadas a la producción de alimentos para consumo y venta”, se lee en el informe.
Fue en la década de los cincuenta que la comunidad de Canalitos pidió a la municipalidad ajustar los límites de los terrenos. “Pero esta nunca resolvió su pedido ni se preocupó por proveer servicios básicos como carreteras, hospitales y agua, entre otros. Fue gracias a los esfuerzos de las y los vecinos, y a la cooperación internacional que ahora tienen carreteras y pozos de agua”, dice la organización.
La analista jurídica Mariana Reyes es voluntaria de BeJust y parte del departamento de Litigio de Palomo Abogados. Recordó que el Boletín de Derechos Humanos emitido por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el derecho humano al agua: es indispensable para una vida digna.
“Legalmente es procedente la denuncia planteada, la cual debe investigar la PDH”, reafirmó. “De esa denuncia el Procurador podrá iniciar proceso en contra de cualquier funcionario o empleado público que atente contra los Derechos Humanos”.
La denuncia podría servir si se realiza la investigación correspondiente de manera adecuada. “En todo caso, no representa una interrupción a la autonomía municipal porque no atenta con la operación habitual de la municipalidad, sino que representa una denuncia ante el órgano legítimo para conocer, de violaciones a los derechos humanos de los habitantes de Canalitos”, finalizó.
